UN ESCENARIO DE IMPUNIDAD A LAS VIOLACIONES DE DDHH OCURRIDAS EN EL ESTALLIDO SOCIAL 2021-
Familiares de víctimas de la masacre de Siloé/ Asociación Red de defensores y defensoras de derechos humanos -dhColombia / Asociación para la Investigación y la Acción Social- Nomadesc, 4 de julio de 2023
Como representantes de los familiares de los jóvenes víctimas del despliegue y actuar violento y desproporcionado de la Policía Nacional y sus unidades especiales el ESMAD y GOES en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, con ocasión de las protestas efectuadas en el marco del estallido social del 2021, nos permitimos informar a la opinión pública que hoy, luego de más de dos años de la masacre, la Juez Tercera Penal del Circuito de Cali, nuevamente decidió aplazar la audiencia preparatoria programada para los días 4 y 7 de julio, reprogramando para el 11 de octubre de 2023, dentro del proceso adelantado en contra de los policías EDGAR VEGA, Comandante de la Policía Metropolitana de Cali; NESTOR FABIO MANCILLA GONZALIAZ, Comandante del GOES Cali y WILSON ESPARRAGOSA, patrullero del CAI Villa Sur, acusados por los homicidios de al menos seis personas de las 64 asesinadas en Cali, entre ellos el de los jóvenes Kevin Agudelo, Harold Antonio Rodríguez y José Emilson Ambuila, ocurridos el 3 de mayo en Siloé y, por la tentativa de homicidio de cuatro personas más.
El aplazamiento de la diligencia judicial se efectuó, de nuevo, como resultado de maniobras dilatorias por parte de la defensa de los miembros de la Policía Nacional, quienes afirmaron no contar con todos los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, sujetos a descubrimiento, específicamente dos archivos que se pusieron a disposición por parte de la Fiscalía, pero al estar en formato Blu Ray, no fueron recaudados por los abogados.
Esta práctica dilatoria no es nueva en el proceso, anteriormente, como se comunicó a la opinión pública, las audiencias preparatorias programadas para los días 17, 18, 19, 20 y 21 de abril fueron aplazadas y reprogramadas para el 4 y 7 de julio por las mismas razones: un descubrimiento probatorio incompleto a causa de que, como afirmó la juez el 17 de abril en audiencia, los defensores “no cumplieron con su deber y no ejercieron sus funciones” al no allegar los medios electrónicos solicitados por la Fiscalía para efectuar el descubrimiento probatorio en debida forma. Argumentos que fueron usados de nuevo, y bajo los cuales se reprogramó para el 11 de octubre de 2023. En este sentido, las víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos están cargando con el peso de la impunidad que, además, se perpetúa con la condescendencia de la judicatura ante actitudes dilatorias.
Las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en 2021 y las organizaciones acompañantes, vemos con profunda preocupación estas solicitudes y decisiones repetitivas de aplazamiento de diligencias judiciales, que se convierten en una práctica continuada, vulnerando no solo los derechos a la verdad, justicia y garantías de no repetición de las víctimas, sino el acceso al debido proceso y a la administración de justicia. Más aún, los uniformados acusados siguen en servicio activo, ejerciendo funciones de policía, lo que se convierte en una clara revictimización de las familias y de la sociedad.
Instamos a la Procuraduría y Fiscalía a adelantar las investigaciones disciplinarias y penales en contra de los mandos e integrantes de la fuerza pública que accionaron sus armas de fuego en las manifestaciones y, a los estamentos judiciales a garantizar los derechos de participación de las víctimas y a que los juicios sean oportunos y se den con la debida diligencia.
Invitamos a la sociedad civil y a la comunidad internacional a ser solidarios con las víctimas y sus familiares, a ser garantes de los procesos judiciales, siendo este uno de los pocos que se adelanta en contra de integrantes de la fuerza pública por graves violaciones de los derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad en el marco del estallido social del año 2021 en Cali.
