El 5 de febrero de 1987, integrantes del Batallón García Rovira del Ejército Nacional, irrumpieron violentamente en la vereda Piedra Azul del municipio Cerrito, departamento de Santander, arribaron a la tienda de propiedad de la familia de Irma Vera Peña y su esposo Delfin Torres, donde retuvieron de manera ilegal a 18 campesinos los cuales fueron sometidos a torturas, vejámenes, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En ese lugar asesinaron a Irma Vera Peña, menor de edad, que se encontraba en estado de gestación, y a los campesinos Luis Alberto Ortiz Olarte, Mauricio Castro y Candido Carvajal Peña, este último menor de edad.
Los cuerpos de las víctimas fueron dejados desnudos durante varias horas a la orilla de la carretera y tras las súplicas de la comunidad y los familiares para que les entregaran a sus seres queridos vilmente asesinados, los integrantes del Ejército Nacional, obligaron a la comunidad a cavar las fosas en las que inhumaron los cuerpos de las víctimas como NN, no sin antes, disfrazarlos con camuflados, pintarles las manos y el rostro, ya que según ellos, eran integrantes del Ejército de Liberación Nacional – ELN.
Antes de marcharse de la zona, los militares amenazaron a la comunidad y le ordenaron no informar a nadie sobre lo sucedido. Luis Alberto Ortiz Olarte, Candido Carvajal Peña, Mauricio Castro e Irma Vera Peña, fueron presentados como bajas en combate por el ejército nacional en una operación ficticia en la que se dieron supuestamente siete bajas a integrantes del ELN.
El 6 de febrero de 1987, la alcaldesa del municipio de Concepción, por solicitud del comandante del Batallón García Rovira, se trasladó hasta lugar de los hechos para realizar la diligencia de levantamiento de cuerpos, una vez allí, fueron exhumados, lavados, fotografiados y les tomaron las huellas dactilares. A solicitud de los familiares de Irma Vera, su cuerpo fue entregado e inhumado bajo las prácticas religiosas de la misma, sin embargo, los demás cuerpos fueron inhumados en las mismas fosas comunes dado el avanzado estado de descomposición en el que se encontraban, de acuerdo con el argumento presentado por la alcaldesa.
En marzo de 1987 una comisión de autoridades de la Justicia Penal Militar exhumó nuevamente los cuerpos de Luis Alberto Ortiz Olarte, Candido Carvajal Peña y Mauricio Castro, con el objetivo de realizar las actas de necropsia, sin embargo, por su avanzado estado de descomposición, les tomaron fotografías, los cuerpos no fueron identificados y fueron nuevamente inhumados. Los familiares de las víctimas, no participaron en la diligencia dado el temor a las amenazas y posibles represalias por parte del ejército nacional. Durante el trámite del proceso, el señor Delfín Torres Castro, esposo de Irma, denunciante y testigo, fue asesinado el 9 de junio de 1992 por miembros del Batallón García Rovira, lo anterior según testimonios de campesinos de la región que presenciaron el hecho.
El 12 octubre de 1993 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe Nº 23/93 dentro del caso 10.456, caso impulsado por la familia de Irma Vera Peña donde la Comisión concluyó que; “El gobierno de Colombia ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (sobre protección judicial), en conexión con el artículo 1.1, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado parte, respecto de la detención ilegal y posterior homicidio de la menor Irma Vera Peña…”
De igual manera, la Comisión cuestionó la Auditoría de Guerra que adelantó investigación por estos hechos bajo radicado No. 6419 APG BR5, proceso que finalizó con sentencia absolutoria proferida el 28 de enero de 1998 y confirmada el 1° de abril de 1998 por el Tribunal Superior Militar. De acuerdo a la Comisión “… no puede tratar de explicarse ni justificarse, de haber efectuado y basado la investigación en un aberrante proceso de juzgamiento en que actúa como juez militar el propio autor intelectual y material de los hechos cuestionados…”
En el año 2020, la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -dhColombia, por petición de familiares de las víctimas, asumió acompañar el proceso documentando y recabando los elementos necesarios para, posteriormente, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD, registrar ante el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres –SIRDEC, los casos de Luis Alberto Ortiz Olarte y Candido Carvajal Peña.
Entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2021, las familias buscadoras junto a dhColombia acompañaron la visita de los funcionarios de la UBPD al lugar donde fueron inhumados los cuerpos, logrando determinar la ubicación exacta de la fosa y establecer que allí funcionaba un cementerio irregular donde se presume, existen más cadáveres de víctimas de desaparición forzada o del conflicto armado. Para el 8 y 9 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la visita de prospección donde se lograron recuperar tres cuerpos.
Entre el 14 y 15 de junio de 2023, se llevó a cabo en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá, el acto de entrega digna de los restos mortales de Luis Alberto Ortiz Olarte a sus familiares, en un evento precedido por la Unidad de Búsqueda, acompañado por dhColombia, y el Centro de Atención Psicosocial -CAPS. Durante el desarrollo de la ceremonia los familiares y comunidad manifestaron sentir un profundo agradecimiento y reconocimiento a su lucha, dignidad y entrega, sin embargo, destacaron la importancia que la Unidad continúe implementando de manera rigurosa los Planes de Búsqueda y documente de manera real el fenómeno de desaparición forzada en los territorios.
Próximamente se realizará el acto de entrega digna de los restos del menor de edad Candido Carvajal, prevista para los días 7 y 8 de julio de 2023 en el departamento de Santander. De acuerdo con el Plan Nacional de Búsqueda, entre 1961 y 2016 en Santander, habrían desaparecido 4.467 personas en circunstancias relacionadas con el conflicto armado.
Desde dhColombia, resaltamos el compromiso y lucha de las comunidades y familias buscadoras por desenterrar la verdad y persistir en alcanzar la justicia. Exhortamos al gobierno nacional a no desfallecer en la búsqueda y entrega digna de las víctimas a sus familiares. Entre tanto la impunidad penal sigue cobijando estos crímenes de Estado.
