COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Los familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, desaparecido por las fuerzas militares en el Palacio de Justicia, nov. 6 y 7 de 1985, hemos presentado recusación contra el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Hermens Darío Lara Acuña, quien tiene a cargo la apelación de nuestros representantes contra la sentencia de primera instancia del Juzgado 53 Penal del Circuito que absolvió a los oficiales Iván Ramírez Quintero, Fernando Blanco Gómez y Gustavo Arévalo Moreno, de sus responsabilidades en la desaparición forzada de nuestros familiares.
Lo recusamos por violación al plazo razonable establecido en el artículo 201 de la ley 600 de 2000, que hoy cumple tres mil seiscientos cincuenta días (3.650), 10 años, violando de contera todos los términos y el derecho a la verdad, a la justicia, ahondando la inseguridad y los estándares nacionales e internacionales, resultando ser colaborador en la siembra de patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos. Esta violación al plazo razonable sobrepasa excesivamente los plazos, violando de plano los derechos a las garantías y protección judiciales, ahondando la inseguridad y controvirtiendo los estándares nacionales e internacionales. Su actuación es revictimizante a todas luces, la ausencia de respuesta en 10 años hace que se mantenga el pacto de silencio y de impunidad absoluta coadyuvado totalmente por los encargados de impartir justicia en representación del Estado, en este caso concreto por usted.
El magistrado Lara Acuña, a quien se le ha encargado impartir justicia, es responsable de la violación de los derechos consagrados a través de las normas nacionales e internacionales, resultando ser colaborador en la siembra de patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos.
También es importante resaltar que las autoridades judiciales no han dado cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH en cuanto a la investigación y oportuno juzgamiento de los responsables de las desapariciones y demás delitos cometidos por el Estado en el Palacio de Justicia. La extrema dilación en resolver el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria del oficial retirado Iván Ramírez contribuye a la impunidad y a la revictimización de nuestros desaparecidos.
La dilación injustificada en términos de derecho a un acceso oportuno y pronto a la administración de justicia y a un juicio justo y razonable sigue haciendo más profunda la falta de confianza en el sistema judicial nacional, es imposible comprender las razones por las cuáles un magistrado necesite más de diez años para resolver un recurso de apelación, máxime cuando conoce el proceso a fondo. Esto solo ratifica en nosotros, familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, la inseguridad jurídica a la que nos hemos visto sometidos prácticamente desde el informe emitido por el Tribunal AD-HOC en 1986.
Hoy acompañaremos la presentación de la revocatoria con un plantón frente al Tribunal Superior de Bogotá para expresar nuestra grave preocupación por la impunidad y por la lenta marcha de la justicia en uno de los casos mas graves de violación de DDHH por el Estado colombiano, cubierto por el pacto de silencio del Estado desde 1985.