Magnitudes de la impunidad: 5 años desde la masacre del 9S | CeroSetenta

La Masacre del 9S, ocurrida entre el 9 y 10 de septiembre de 2020, fue desencadenada por el asesinato de Javier Ordóñez (estudiante de derecho capturado y golpeado por la policía, y que moriría horas después a causa de un golpe devastador en el abdomen).

El asesinato de un civil por parte de la policía, registrado en video, provocó que la ciudadanía saliera a manifestarse en Bogotá y Soacha contra los abusos de esa institución. La respuesta de la Policía a las protestas ciudadanas fue la represión y la violencia, y una violación de los derechos humano, que se conoce como la Masacre del 9S. 

La posibilidad de esclarecer los eventos fue truncada, cuando el entonces secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, dio la orden de «limpiar los puntos de conflicto». Esto dificultó la recolección de las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Además, la Policía Nacional afirmó no tener registros de las actas del Puesto de Mando Unificado de esos días, argumentando que las órdenes se dieron radialmente, vulnerando el principio de transparencia.

La masacre

La organización Temblores registró, durante los días 9 y 10 de septiembre, tras el asesinato de Javier Ordoñez, los siguientes hechos en Bogotá y Soacha:

– 178 hechos de violencia policial, que dejaron 271 víctimas.

– 139 víctimas de violencia física por parte de la Policía Nacional.

– 31 víctimas de impactos de arma de fuego disparadas presuntamente por agentes de la Policía Nacional.

– Al menos 12 homicidios. [Según dhColombia, la cifra aumenta a 14].

– 4 casos de violencia sexual cometidos presuntamente por miembros de la Policía Nacional.

– 163 personas retenidas arbitrariamente.

– 8 hechos en los que agentes de la Policía Nacional usaron placas ocultas o vistieron de civil.

– 15 casos de agresión con palos y piedras –objetos de uso no permitido por la Policía– para enfrentar las manifestaciones.

La impunidad

No existe información centralizada de los procesos legales de las víctimas de la Masacre. Distintas ONG llevan distintos casos. Hablamos con dhColombia, que representa cinco familias de las catorce víctimas fatales.

Este es su balance:

*Condenas mínimas: de los cinco casos de homicidio documentados, solo uno ha llegado a una sentencia penal condenatoria (el de Jaider Fonseca y Andrés Rodríguez).

*Investigaciones estancadas: la mayoría de los procesos penales siguen en etapa de investigación o, en el peor de los casos, han sido archivados, como el de Cristian Rodríguez.

*Sanciones disciplinarias leves: las sanciones disciplinarias, cuando existen, son consideradas leves. Por ejemplo, en el caso de Cristian Hernández, el comandante del CAI de Verbenal fue sancionado con solo 5 meses de inhabilidad, y no por el homicidio, sino por omisión de auxilio. En el caso de Angie Vaquero, la sanción fue de 12 meses de inhabilidad.

*Riesgo de prescripción: los casos de los heridos corren un alto riesgo de que la acción disciplinaria prescriba, al cumplirse los 5 años de los hechos sin avances significativos.

*Falta de reparación simbólica: en el único caso con condena administrativa, todas las solicitudes de reparación simbólica (actos de perdón, monumentos) fueron negadas. La justicia se limitó a una reparación monetaria, ignorando la necesidad de dignificación de las víctimas y garantías de no repetición.

Se siguen tratando como ‘casos aislados’

*Individualizar la responsabilidad: a pesar de que hay registro de varios policías disparando a civiles, la Fiscalía sólo se ha centrado exclusivamente en identificar a los autores materiales de los disparos a través de pruebas balísticas. Esto significa que si no se recupera el proyectil del cuerpo de la víctima, el caso no avanza. 

*Nula investigación de la cadena de mando: no se ha investigado por qué policías en múltiples lugares actuaron de forma similar y coordinada, lo que sugiere una orden superior o una omisión deliberada que no ha sido judicializada.

En detalle, así van los casos

Caso 1: Jaider Fonseca y Andrés Rodríguez (Usaquén, CAI Verbenal)

*Contexto: Jaider y Andrés fueron asesinados la noche del 9 de septiembre en el barrio Verbenal. Jaider fue herido mortalmente por disparos de arma de fuego mientras observaba la manifestación y se cubría con una puerta de madera. Andrés fue herido mortalmente por disparos de arma de fuego, en medio de gases lacrimógenos y disparos.

*Responsable identificado: Patrullero Jhon Antonio Gutiérrez Rodríguez, implicado en ambos homicidios.

*Proceso penal: fue condenado a 10 años de cárcel por el delito de «homicidio preterintencional». 

*Proceso disciplinario: la Procuraduría destituyó e inhabilitó al patrullero por 15 años. 

*Proceso administrativo: ya existe una condena contra el Estado. El juzgado declaró responsable a la Policía Nacional, pero aplicó la figura de «concurrencia de culpas», argumentando que Jaider tuvo parte de la culpa por participar en la protesta y lanzar objetos. Esta decisión está en apelación.

Caso 2: Angie Paola Vaquero (Suba, CAI Aures)

*Contexto: Fue impactada por una bala en la pelvis. Murió al día siguiente en el Hospital de Suba.

*Responsable identificado: Patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia.

*Proceso penal: el caso se encuentra actualmente en etapa de juicio oral por el delito de «homicidio a título de dolo eventual» (el agente sabía que podía causar la muerte y aún así actuó).

*Proceso disciplinario interno: se le impuso una sanción de 12 meses de inhabilidad por «culpa gravísima». Esta decisión también fue apelada por dhColombia.

Caso 3: Cristian Hernández (Usaquén, CAI Verbenal)

*Contexto: murió desangrado en la calle después de ser impactado por disparos, la Policía Nacional le negó auxilio.

*Proceso penal: el caso sigue en etapa de investigación, sin que se hayan identificado responsables directos del disparo.

*Proceso disciplinario: la Procuraduría tomó una decisión recientemente:

*Absolvió al comandante de la estación de Usaquén, Roberto Sánchez, y al patrullero Manuel Córdoba.

*Sancionó al comandante del CAI Verbenal, Reinero Cuartas, con suspensión e inhabilidad de 5 meses. La sanción no fue por el homicidio, sino por omitir su deber de auxiliar a Cristian mientras estaba herido y por no asegurar la escena del crimen. La decisión será apelada por dhColombia.

Caso 4: Julián Fory (Kennedy)

*Contexto: fue asesinado tras recibir un disparo en el abdomen, a menos de dos cuadras de distancia del CAI de Timiza, en el suroccidente de Bogotá, en la localidad de Kennedy. 

*Tanto el proceso penal como el disciplinario se encuentran en etapa de investigación, sin ninguna decisión hasta la fecha.

Caso 5: Cristian Rodríguez (Engativá)

*Contexto: regresaba a casa después de jugar un partido de fútbol, recibió un balazo en la cabeza en el marco de las manifestaciones. 

*Proceso penal: el caso fue archivado por la Fiscalía al considerar que no era posible identificar al responsable. Se está solicitando el desarchivo y que el caso sea asumido por la dirección especializada de DD.HH. de la Fiscalía.

*Proceso disciplinario: se encuentra en etapa de indagación.

¿Qué se sabe sobre los procesos de las personas heridas?

DH Colombia representa 8 casos de personas lesionadas (7 en Usaquén y 1 en Suba). Todos fueron heridos por arma de fuego.

*Avance penal: todos los casos están en etapa de indagación y sin avances sustanciales. La Fiscalía argumenta que, al no tener el proyectil, no se puede identificar al autor material.

*Avance disciplinario: no hay procesos abiertos o han sido archivados. Existe un alto riesgo de que la acción disciplinaria prescriba al cumplirse 5 años de los hechos.

Se destaca que existe un gran subregistro de heridos, ya que muchas personas no acudieron a centros hospitalarios por miedo a represalias.

¿Por qué la mayoría de los casos no avanzan y no se ha investigado la cadena de mando?

La crítica principal es el enfoque de la Fiscalía.

*Individualizar la responsabilidad: la Fiscalía ha centrado sus esfuerzos en encontrar al autor material del disparo. Los únicos casos que avanzan son aquellos donde se pudo recuperar el proyectil del cuerpo de la víctima y hacer un cotejo balístico con el arma de un policía.

*Falta de investigación de contexto: no se ha investigado por qué agentes de policía, en múltiples CAI de Bogotá y Soacha, actuaron de manera similar, usando sus armas de dotación contra manifestantes, lo cual estaba prohibido. Esto sugiere que pudo existir una orden superior o una omisión coordinada.

*Recomendación: las organizaciones exigen que se realicen investigaciones de contexto para establecer patrones y responsabilidades en la cadena de mando, un método que la Fiscalía ya está usando para investigar la masacre ocurrida durante el Paro Nacional de 2021 en Cali.

¿Ha habido avances en la reforma policial o en las medidas de reparación simbólica para las víctimas?

*Reparación simbólica: en las demandas administrativas, las familias solicitaron medidas como actos de perdón público, monumentos y la resignificación de los CAI. Sin embargo, en la única sentencia emitida (caso Jaider Fonseca), todas las pretensiones simbólicas fueron negadas por el juez, y sólo se otorgó una reparación monetaria.

*Reforma policial: la principal exigencia de las organizaciones es desmilitarizar la policía, sacándola del Ministerio de Defensa para convertirla en un ente de carácter civil. esto no ha sucedido. 

¿Cuál ha sido el impacto de estos hechos en las familias de las víctimas?

El impacto ha sido devastador y multifactorial. Además del dolor de perder a un ser querido, las familias enfrentan:

*La paradoja del agresor: el hecho de que el asesino sea un agente del Estado que debía protegerlos.

*Amenazas y persecución: algunas familias han sido objeto de seguimientos y amenazas por buscar justicia.

*Sentimiento de impunidad: la falta de avances en los procesos judiciales genera afectaciones psicológicas, emocionales y una profunda desconfianza en las instituciones.

*Proyectos de vida destruidos: las víctimas eran jóvenes con proyectos y familias. Jaider Fonseca, por ejemplo, era menor de edad y tenía un hijo de un año que ahora crecerá sin su padre.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos concluyen que la impunidad en estos casos sienta un precedente peligroso que permite que estas prácticas se repitan.