Nicolás Neira, un niño de tan solo quince años, fue asesinado hace 18 años, sobre la carrera séptima en el centro de Bogotá, en el marco de las manifestaciones que se realizan cada Primero de Mayo en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Nicolás perdió la vida días después de haber sido impactado con una granada de gas lacrimógeno, disparada por una escopeta tipo truflay, accionada por un patrullero de la Policía Nacional perteneciente al Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. El crimen en contra de la humanidad de Nicolás dejó en evidencia la estructura criminal que existe dentro de la fuerza pública, la solidaridad de cuerpo para perpetuar la impunidad, la violencia y el desprecio por la vida.
Hace dos años en el marco del Paro Nacional, también el Primero de Mayo, en el municipio de Madrid, Cundinamarca, en el puente peatonal ubicado en la calle séptima entre carreras veinte y veintiuno, se registró sobre las nueve de la noche una intervención por parte del ESMAD. Desde una tanqueta, lanzaron tres disparos de gases lacrimógenos en contra de los manifestantes de manera indiscriminada por la escotilla de la puerta del copiloto. Entre quienes se manifestaban se encontraba Brayan Fernando Niño, un joven de 24 años, quien recibió el impacto directo de uno de esos gases en el lado frontal derecho de la cabeza, causándole heridas de máxima gravedad y, finalmente, la muerte.
Estas dos historias sobre crímenes cometidos por el ESMAD y la policía son casos emblemáticos por su contexto y simbolismo, pero son apenas una mínima expresión del accionar como estructura criminal de la fuerza pública en el marco de la movilización social, en este caso la que se realiza todos los Primeros de Mayo. En ambos casos, la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, dhColombia, acompaña a las familias en la búsqueda de verdad, justicia y garantías de no repetición, generando acciones integrales, bajo el paradigma del litigio estratégico.
Caso Nicolás Neira
Desde que dhColombia acompaña el proceso por el asesinato de Nicolás Neira, hace aproximadamente seis años, se han generado acciones en los procesos penales que hoy se materializan en dos condenas. Si bien, en cierta medida, está superan la impunidad total, la misma se encuentra agravada por una justicia que responde de manera tardía.
El patrullero Néstor Julio Rodríguez Rúa fue condenado, en primera y segunda instancia, por homicidio bajo la modalidad de dolo eventual. Adicionalmente, el capitán Mauricio Infante Pinzón se encuentra condenado en primera instancia por el delito de favorecimiento.
Infante, quien fuera comandante del operativo en el que murió Nicolás orquestó, ejecutó, e hizo seguimiento a una estrategia de ocultamiento del crimen, poniendo de acuerdo a todos los patrulleros sobre, cuál debía ser la versión que se daba a la Fiscalía y realizó todas las maniobras posibles para que no se pudiera esclarecer la verdad en este caso, como se pudo probar a partir de los testimonios realizados a integrantes del ESMAD. Está pendiente que el fallo contra Infante quede en firme.
Caso Brayan Fernando Niño
La Fiscalía General de la Nación ha venido avanzando de manera muy lenta. Por ello dhColombia solicitó al Fiscal de conocimiento, presente ante los jueces penales municipales de Madrid, la programación de audiencias de imputación y medida de aseguramiento, para comenzar el proceso de juzgamiento contra el mayor de la Policía Nacional, Carlos Javier Arenas Niño, responsable de accionar el arma que acabó con la humanidad de Brayan Niño.
De otro lado, el proceso disciplinario en la Procuraduría General de la Nación ha sido igual de lento a pesar de contar con todos los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía y la Justicia Penal Militar.
Hoy, solamente se han formulado cargos y se espera el inicio del proceso de juicio disciplinario, ya que hay elementos que la Procuraduría no tuvo en cuenta en su análisis y que, dejaron la conducta del mayor como una conducta grave cuando dhColombia ha solicitado fuera calificada como gravísima, para que la sanción fuera en ese mismo sentido.
Los retos que vienen
Para dhColombia, es de suma importancia que la sociedad conozca que en el proceso que se adelanta por el asesinato de Nicolás Neira. La Fiscalía General de la Nación pretende, por tercera vez, solicitar se precluya la investigación contra Edgar Mauricio Fontal Cornejo y Edwar Humberto Daza Mosquera, quienes comandaba otras de las secciones que integraban la Móvil Uno, encargada del operativo policial por parte del ESMAD en el centro de Bogotá el primero de mayo de 2005. Se alega que, no tuvieron vinculación directa. Lo que se ha podido establecer es que ellos, como los otros mandos y la mayoría de los otros patrulleros, estuvieron de acuerdo con ocultar y favorecer la responsabilidad de Néstor Julio Rodríguez Rúa, en una demostración de solidaridad de cuerpo, que es un mecanismo de impunidad, ya probado en los casos de violencia policial, especialmente los del ESMAD, favoreciendo no solamente la comisión del crimen sí, sino su impunidad.
A nueve meses del gobierno Petro, el país continúa con una fuerza pública que ve al ciudadano como un enemigo. Una fuerza pública que ataca a los más vulnerables, que actúa con una violencia exacerbada y sistemática ante la movilización social. una fuerza pública que ejerce actos de violencia sexual contra las mujeres, ante las expresiones, orientaciones e identidades de género, ante las personas feminizadas, ante las disidencias sexuales y de género. Una fuerza pública con vínculos con redes de criminalidad organizada y, que en campos y ciudades continúa cometiendo crímenes y delitos como detenciones ilegales, torturas y asesinatos. Continúan las intimidaciones, abusos y perfilamientos, repitiendo un patrón que claramente se ha consolidado tanto como violencia estatal de protección al poder, como violencia sociopolítica y también en el marco del conflicto armado colombiano, todo lo anterior agravado por la continuidad que en este gobierno se da del militarismo y trato de héroes.
Las víctimas del actuar criminal de la fuerza pública, en especial de la policía nacional y el ESMAD, los familiares, activistas, comunidades rurales y urbanas, defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes, sectores sociales y populares, exigimos al gobierno Petro, cumplir su promesa de campaña de una reforma estructural de la fuerza pública, desmontar el ESMAD y generar las condiciones para que sea una realidad la libertad de los presos del estallido social como garantía a la protesta, a la de verdad, justicia y la no repetición.
Vientos de Lucha
