…Hemos inventado una nueva religión, somos fariseos cristianos.
Los fariseos no solamente eran hipócritas sino,
ante todo legalistas…
Fabiola Lalinde.
Un paralogismo (sofisma) es ante todo un engaño. Se trata de un argumento que parece válido y verdadero, pero que, en realidad, es inválido y oculta un error. En estos días el sacerdote jesuita Francisco De Roux, quien fuera el Presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad -CEV-, se encuentra de gira por diversos escenarios académicos e institucionales pregonando a viva voz que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional, conocidas coloquialmente como falsos positivos, no fueron una política de Estado. Se le ve muy acucioso asistiendo a cuanto evento puede para tratar de maquillar una verdad construida sobre miles de testimonios de víctimas y comunidades que ven en el crimen de las ejecuciones extrajudiciales una política de Estado que ha alcanzando cifras escandalosas y que acabó con los planes de vida de familias y comunidades en toda la geografía nacional.
El país sensible al tema de los derechos humanos quedó perplejo el jueves pasado cuando se conoció públicamente un documento, en la página web de la CEV, denominado “Constancias y aclaraciones de los comisionados” en el cual, Francisco De Roux, expresa en lo relacionado a los mal llamados falsos positivos que el Estado …tiene responsabilidad ética, histórica y política de ministros, presidentes y altos mandos de las Fuerzas Militares, pero no considero que se les llame política de Estado…
En su escueta constancia, suscrita como Presidente de la Comisión, señala que valora “… la dedicación y el logro de la Comisión en el esclarecimiento del crimen espantoso de los “falsos positivos”, repetido miles de veces, en muchas de las brigadas” sin embargo, colige que no está de acuerdo en “afirmar que se trató de una política de Estado para matar inocentes”. Continúa el ExPresidente comisionado señalando que, aunque la Comisión mostró que hubo un comportamiento “generalizado y sistemático que los superiores permitieron que se diseminara” que “la misma institución militar lo permitió y lo promovió”, sin embargo “El punto de esta aclaración es mi convicción de que no estamos ante una política de Estado”. Lo anterior pese a las evidencias presentadas por organizaciones y víctimas que demuestran claramente que estos crímenes de lesa humanidad se presentaron en la mayoría de las divisiones militares del país, tal y como lo informó la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP), que se trató de un comportamiento sistémico permitido y promovido por los comandantes, sin embargo, su convicción como comisionado es que se trató simplemente de una “quiebra ética corporativa” y no de una política estatal.
Tal vez su paso como servidor público, por más de cuatro años, no le permitió comprender que toda norma promovida por el Estado y ejecutada por el gobierno implica una política pública. Se le olvidó al prelado comisionado que hubo directivas del Ministerio de Defensa Nacional y directrices del Ejército Nacional que promovieron una política orientada a premiar dar de baja al “enemigo” en detrimento de una política orientada a lograr la captura y judicialización. No fue una política para el comisionado que directrices oficiales promovieron una carrera desenfrenada al interior del ejército por alcanzar la medalla de orden público que se obtenía con menos muertes que capturas (por ejemplo, la Condecoración de Servicios Distinguidos en Orden Público se le daba a un comandante de división que mostrara 300 bajas o 1.000 capturas).
Desconoció también el ExPresidente de la Comisión las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, las decisiones adoptadas por los Juzgados y Tribunales Penales, el Consejo de Estado y tribunales administrativos en el país, que han condenado a militares y al Estado por la práctica de falsos positivos, han argumentado judicialmente que se trató de una “práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos”, ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo bajo “un plan criminal sistemático y generalizado”.
Tampoco le valieron al Presidente de la Comisión las miles de voces de madres y familiares de personas ejecutadas extrajudicialmente que han relatado al país, y a la misma Comisión, cómo sus hijos fueron engañados por miembros de la tropa, en un modus operandi que se replicó en toda la geografía nacional y en la totalidad de las brigadas; desconoció también el prelado los centenares de testimonios de miembros del Ejército Nacional que han reconocido la presión ejercida por los máximos responsables en la línea de mando para que los resultados fueran medidos en “litros de sangre” y no en capturas y judicializaciones.
Lejos del sofisma empleado por el comisionado teólogo de intentar reducir la gravedad de una criminalidad de sistema a una simple “quiebra ética”, su perorata resulta del todo contradictoria y en contravía de toda evidencia histórica, judicial y social que, con sólida argumentación, señala que se trató de un órgano institucional que actuó como una estructura criminal que planeó, ejecutó, trató de ocultar la verdad y negó la comisión de cerca de diez mil ejecuciones extrajudiciales.
Muchos interrogantes surgen de inmediato al leer la aclaración que hace el comisionado. ¿Por qué como Presidente de la Comisión, no supo acatar la decisión de un ente corporativo, que se expresa como cuerpo y, en consecuencia, defender públicamente lo decidido por la mayoría en el plenario de los Comisionados? ¿Por qué su interés personal de apartarse de lo argumentado en la investigación que hizo la Comisión? ¿A quién le hace favores con esta postura disidente? ¿Al Presidente durante el período de incremento alarmante de los falsos positivos? ¿Al Ministro de la Defensa de ese Presidente, que en los años 2006 al 2008, arrojó las cifras más altas de ejecuciones extrajudiciales?
Sin duda alguna, su postura no le hace ningún favor al país ni al informe de la Comisión. Su amañada argumentación lo que hace es desconocer la criminalidad de Estado y, con ello, desconocer a los millares de madres de falsos positivos que han clamado por verdad y justicia. El cuestionamiento que hace a la postura mayoritaria de los comisionados representa un quiebre profundo al mismo informe. ¿Qué verdad se encuentra en el Informe? ¿El de la verdad construida bajo un modelo de investigación contrastada con las voces de las víctimas y diversos informes o el de la verdad de cada comisionado? Reiteradamente se ha escuchado que cada comisionado llegó con su propia agenda y sus propios intereses. Los enemigos de este mecanismo transicional siempre respaldaron esta postura para relativizar y hasta desconocer la verdad construida por la Comisión. Con esta disidencia de opinión extemporánea el comisionado De Roux les hace eco y les da un gran respaldo público y político.
Por lo anterior, la Asociación Red de Defensores y Defensoras de derechos humanos -dhColombia-, rechaza con vehemencia la incongruencia del ExPresidente de la Comisión al desconocer las conclusiones arrojadas por la investigación elaborada y avalada en el plenario de los comisionados, lamentamos que los intereses personales del prelado comisionado hayan prevalecido sobre una verdad histórica, judicial y argumentada sólidamente, respecto de miles de ejecuciones extrajudiciales realizadas como una práctica criminal de Estado.
Exhortamos al ExPresidente de la Comisión a que reconozca el daño enorme que le hacen sus posturas personales a la lucha de miles de familiares de personas ejecutadas intencionalmente por el Estado y que, como Alfamir Castillo Bermúdez y otros familiares de víctimas, han confiado en los mecanismos de justicia transicional para alcanzar algo de justicia, de verdad y de reparación.
El ExPresidente de la Comisión, con su postura marcadamente egocéntrica, desconoce y deslegitima el esfuerzo de miles de defensoras y defensores de derechos humanos que, durante décadas, a riesgo de su propia vida, han hecho esfuerzos para documentar los casos de ejecuciones extrajudiciales y han logrado que algunas autoridades judiciales reconozcan que se ha tratado de una práctica generalizada y sistemática como parte de una política de Estado, por tanto, esperamos del ExPresidente de la Comisión disculpas públicas a los familiares de los miles de muchachos ejecutados extrajudicialmente, porque con su postura personal las ha despojado de su propia verdad y de su imborrable identidad como víctimas de crímenes de Estado.
Invitamos a la sociedad colombiana y en especial a las personas y comunidades víctimas, para que en la medida de sus posibilidades puedan hacer una revisión y lectura de los informes y anexos presentados por la CEV, de manera crítica y analítica para seguir construyendo verdad y sociedad entre todas y todos.