Feminicidio de Rosa Elvira Cely, 10 años de impunidad

Rosa Elvira Cely era una mujer de 35 años que vivía en la ciudad de Bogotá, madre soltera con una hija de 12 años, trabajadora informal durante el día y por la noche estudiaba en un colegio público para terminar su secundaria; su sueño era ser una psicóloga, y con ello ofrecerle un mejor futuro a su hija.

En la madrugada del jueves 24 de mayo de 2012, sus compañeros de estudio luego de agredirla física y sexualmente, la torturaron y empalaron, dejándola en un paraje del parque Nacional, en el centro oriente de Bogotá. Pese a los esfuerzos que hizo Rosa ese día para que la encontraran, las autoridades no llegaron a tiempo y, además, fue llevada al hospital más lejano, donde murió tras cinco días de estar en cuidados intensivos por la gravedad de las agresiones. 

No solo se trató en este caso de la negligencia de las autoridades en su búsqueda y traslado, sino además en la prestación del servicio de atención por parte del hospital al que fue llevada. Aunado a lo anterior, se conoció públicamente que su asesinó, Javier Velasco, ya tenía una condena por asesinar a otra mujer en el año 2002, que tenía además una denuncia penal por abuso sexual de sus dos hijastras y de una trabajadora sexual, y que pese al riesgo de que volviera a cometer una agresión contra una mujer, se encontraba en la calle.

La muerte de Rosa Elvira Cely fue uno de muchos casos de violencia contra la mujer que suceden a diario en el país, sin embargo, por la crueldad del homicidio, logró despertar la indignación de la ciudadanía, quienes marcharon en rechazo del olvido y de la impunidad. Además de ser el impulso para la tipificación en la legislación nacional del delito  de Feminicidio a partir de la creación de la Ley 1761 en julio de 2015, que lleva su nombre y condena como un delito autónomo a todos los asesinatos de mujeres por su condición de género en Colombia. La ley también establece unas obligaciones a las instituciones judiciales para tratar este tipo de casos penales, y otras obligaciones al Ministerio de Educación en la creación de una catedra de género de la cual aún hay deuda y a las instituciones pedagógicas para identificar y prevenir la violencia de género. Javier Velasco fue condenado a 48 años de cárcel, pero recibió beneficios de rebaja de pena por comportamiento y estudio, para la fecha de la ocurrencia de los hechos no se había promulgado la ley 1761.

En 2015, un juzgado administrativo de Bogotá admitió la demanda contra el Estado interpuesta por su familia, por las omisiones en el desarrollo de las obligaciones de servicio de seguridad y protección ciudadana, la no garantía de derechos, activación de ruta y protocolo de atención a víctima de violencia sexual que para esa época  ya existía bajo la ley 1257 de 2008, la debida diligencia para prevenir efectivamente la violencia sexual y de género contra la mujer, mediante los cuales se permitió y ocurrió el secuestro, los actos de violencia sexual y actos de tortura cometidos contra la ciudadana Rosa Elvira Cely. Actualmente se sigue este proceso administrativo a espera que el Estado sea condenado por negligencia y omisión, y con ello se deje un precedente jurídico para la prevención efectiva de la violencia basada en género contra la mujer.