En los últimos días Estados Unidos ejecutó una operación militar sin precedentes en Venezuela y América Latina. Bajo órdenes directas del presidente Donald Trump, fuerzas estadounidenses ejecutaron bombardeos, incursiones aéreas y maniobras tácticas en Caracas y zonas estratégicas del país vecino, con el objetivo de secuestrar al presidente Nicolás Maduro. Esta semana, el presidente Gustavo Petro confirmó a medios internacionales que él, elegido democráticamente y sin acusaciones en la justicia estadounidense, también iba a ser objeto de secuestro durante la arremetida de poder imperialista de Trump en la región, bajo la misma estrategia: una supuesta lucha contra el narcotráfico, pero cuyos verdaderos intereses apuntan a la riqueza natural de la región
Maduro estaba por cumplir 13 años en el poder. Sin embargo, sin ninguna prueba emitida al público, ahora enfrenta una acusación en Norteamérica por cargos relacionados con terrorismo, narcotráfico y posesión de armas, proceso al que comparece contra su voluntad, al igual que su esposa Cilia Flores. En lo que lleva el aparente proceso judicial, Estados Unidos se ha atribuido a sí mismo funciones de juez internacional, sin tener autoridad para ello, frente a lo que cabe preguntarse, ¿por qué no se atreve a efectuar tales acciones “salvadoras” con el genocida líder israelí Benjamín Netanyahu o el invasor presidente ruso Vladímir Putin? La detención de Maduro probó que Trump no tiene límites al momento de materializar sus discursos, lo que supone una grave amenaza para la región, para Colombia en particular, y el inicio de un avance imperialista moderno.
Y toda acción imperialista no puede entenderse sin poner en el centro de la ecuación los recursos del territorio intervenido. Estados Unidos ya comunicó que tendrá control total del petróleo venezolano, en declaraciones sin ningún tipo de vergüenza y que ni siquiera hablan de una garantía para elecciones libres o el retorno gradual a la democracia en ese país. Las preocupaciones apuntan, ahora, a las intenciones que Trump tenga en Colombia: un país bajo amenaza de la denominada lucha contra las drogas, cuyos abundantes recursos naturales están en peligro ante cualquier intervención. Colombia es el único país de Suramérica que tiene entrada por los océanos atlántico y pacífico, es corredor natural para el comercio internacional, tiene petróleo, gas natural, carbón y minerales metálicos, y sostiene una enorme riqueza natural conformada por bosques y selvas claves frente al cambio climático.
La Doctrina Donroe
La intervención en Venezuela ha sido interpretada por analistas como una reactivación explícita de la Doctrina Monroe, formulada en 1823 bajo el lema “América para los americanos”. Aunque concebida originalmente para frenar la expansión colonial europea, con el paso del tiempo esta doctrina se transformó en una herramienta de legitimación del intervencionismo estadounidense en Latinoamérica. Trump retomó ese principio de manera abierta cuando afirmó que Estados Unidos no permitirá “potencias hostiles” ni gobiernos que desafíen sus intereses estratégicos en el hemisferio occidental. Una advertencia geopolítica para toda la región. “El dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental nunca más será puesto en duda”, dijo Trump.
Las amenazas
La intervención en Venezuela fue una arremetida de poder en el marco de un discurso cada vez más agresivo de Trump hacia otros países. En declaraciones recientes, el presidente afirmó que Colombia está “muy enferma”, acusando al gobierno de permitir la producción y exportación de cocaína hacia Estados Unidos, y advirtió que esa situación “no va a continuar por mucho tiempo”. Incluso sugirió que una acción similar a la realizada en Venezuela “suena bien”, una frase que generó alarma diplomática en Bogotá. En las últimas horas, tras una movilización popular en Colombia, el presidente Gustavo Petro aseguró que tras una llamada con Trump la crisis diplomática podría desescalar. Incluso, que podría haber un encuentro Trump-Petro en la Casa Blanca.
Pero no hay que olvidar que Trump también ha advertido que países como México, Cuba y Nicaragua enfrentarán “consecuencias” si no se alinean con los intereses de Washington, mientras al mismo tiempo altos funcionarios de su gobierno han señalado que Estados Unidos no tolerará que gobiernos latinoamericanos se conviertan en “amenazas estratégicas”. Para analistas regionales, estas declaraciones configuran un escenario de presión abierta que revive los fantasmas del intervencionismo en América Latina. Aún más en un periodo de elecciones presidenciales como el que vivirá Colombia en todo el primer semestre.
Venezuela de ahora en adelante
Las cifras oficiales de víctimas de los ataques en Caracas y otras bases militares del país son motivo de controversia, además, entre Venezuela y Estados Unidos. Sin embargo, las imágenes de prensa permiten documentar que decenas de civiles inocentes, ajenos a todo conflicto, fueron masacrados por fuerzas extranjeras. Voceros del gobierno venezolano han señalado que entre 80 y 100 personas murieron, entre civiles y miembros de las fuerzas armadas, como consecuencia directa de los bombardeos y enfrentamientos. Washington, por su parte, no ha divulgado un balance detallado, limitándose a afirmar que se trató de una “operación precisa”.
También se conoció que Yohana Rodríguez Sierra, una ciudadana colombiana nacida en Cartagena, de 45 años, falleció durante los bombardeos registrados en el marco de la operación militar estadounidense, convirtiéndose en uno de los rostros civiles de una ofensiva que impactó directamente a personas sin vínculo alguno con el conflicto. Desde hace varios años, la víctima residía en Venezuela buscando mejores condiciones de vida. Madre de una joven universitaria, se dedicaba al comercio informal y sostenía su hogar con trabajos diarios en el área metropolitana de Caracas, donde vivía en una zona rural del municipio El Hatillo, estado Miranda. La describen como una mujer trabajadora, dedicada a su familia y, por supuesto, ajena a cualquier actividad política o militar.
El quiebre del Derecho Internacional Humanitario y la Carta de la ONU
La ofensiva estadounidense fue una violación grave de la Carta de las Naciones Unidas, la cual prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía de un Estado sin autorización del Consejo de Seguridad de ese organismo, o sin una amenaza inmediata que justifique la legítima defensa. Ninguna de estas condiciones fue invocada formalmente por Estados Unidos antes de la operación, cuyos líderes han repetido una y otra vez que el motivo está en la supuesta lucha contra el narcotráfico. El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, aseguró que “la intervención militar en Venezuela viola la soberanía del país y la Carta de las Naciones Unidas, y debilita los fundamentos de la seguridad internacional, haciendo que todos los países sean menos seguros”.
Además, otros organismos internacionales han advertido que los bombardeos en zonas cercanas a áreas pobladas y la captura forzada de un jefe de Estado vulneraron flagrantemente los principios esenciales del Derecho Internacional Humanitario, como la protección de la población civil y el respeto a la integridad territorial. Para varios gobiernos de la región, la acción sienta un precedente peligroso que debilita el sistema de trabajo multilateral de las Naciones y normaliza la intervención armada unilateral. Cabe destacar que Trump tampoco solicitó permiso al Congreso estadounidense para realizar el ataque, lo cual está dispuesto en la Constitución de ese país. Este 8 de enero, de hecho, el Senado le prohibió expresamente al presidente norteamericano adelantar más acciones bélicas en Venezuela.
Incoherencia de cuello blanco
Trump ha sido enfático en que sus acciones se enmarcan en una supuesta lucha frontal contra el tráfico de drogas y la producción de cocaína en Latinoamérica. Sin embargo, en contraste con su discurso, su propio gobierno concedió en diciembre pasado un indulto total al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y tráfico de armas. Durante su juicio, fiscales demostraron que Hernández facilitó el envío de enormes cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense y protegió a organizaciones criminales desde la presidencia. Aun así, Trump lo perdonó.
Trump, en su sostenida incoherencia, incluso defendió el perdón presidencial afirmando que Hernández había sido “tratado de manera injusta” y que su condena respondía a motivaciones políticas. El ex mandatario hondureño Hernández agradeció públicamente el indulto, señalando que el presidente estadounidense “le devolvió la vida”. La decisión fue duramente criticada por analistas y organizaciones anticorrupción, que la calificaron como una contradicción flagrante y un golpe a la credibilidad de la política antidrogas de Estados Unidos.
Las cifras tampoco respaldan a Trump. Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Venezuela recién es el quinto país con mayor cantidad de cultivos de hoja de coca en toda la región y su economía ilícita, de hecho, se considera emergente. Lo superan, por lejos, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, en ese orden. Incluso, Venezuela ni siquiera es considerado uno de los mayores productores de cocaína de Latinoamérica. También le resta credibilidad a la teoría Trump el hecho de que organizaciones internacionales reporten que la mayoría de droga que llega a Estados Unidos lo hace por el Pacífico, donde Venezuela no tiene salida. Aun así, desde agosto pasado, Trump dispuso centenares de naves y aviones en límites con el país vecino, en una suerte de asedio en el Caribe que terminó con el secuestro de Maduro.
El petróleo venezolano, en el centro de la estrategia
El futuro del petróleo venezolano se ha convertido en uno de los ejes centrales tras la intervención, como han develado las mismas autoridades estadounidenses ante los cuestionamientos de los medios de comunicación. El propio Donald Trump declaró que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad a Estados Unidos, asegurando que esos recursos serán vendidos bajo supervisión estadounidense y que los ingresos se administrarán para beneficiar tanto a los venezolanos como a los consumidores norteamericanos. Trump fue más allá al afirmar que ese dinero solo podrá utilizarse para comprar productos fabricados en Estados Unidos.
Por otro lado, desde finales de 2025, Estados Unidos ejecutó al menos cinco incautaciones directas de cargamentos de petróleo venezolano, principalmente mediante la interceptación de buques tanque en el mar Caribe y el Atlántico, algunos de ellos desviados forzosamente de sus rutas comerciales hacia aliados estratégicos como Cuba y Rusia. Estas operaciones incluyeron la retención de petroleros señalados por Washington como “sancionados” y la confiscación de cientos de miles de barriles de crudo. Washington sostuvo que actuó con base en órdenes judiciales internas y medidas de seguridad nacional. Sin embargo, Venezuela y varios analistas en derecho internacional calificaron estas acciones como piratería económica y uso extraterritorial de la ley estadounidense.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha respaldado esta línea de piratería argumentando que el control y la comercialización del petróleo forman parte de una estrategia para “estabilizar” Venezuela durante una transición política. Rubio sostuvo que Washington no busca una ocupación permanente, pero dejó claro que el manejo de los recursos energéticos será una herramienta clave de presión y reorganización económica bajo la influencia estadounidense. Y mientras esos anuncios hacen eco por todo el mundo, poco o nada se habla de elecciones libres en Venezuela o alguna estrategia pensada para la estabilidad de la región. Todo ello indica que Donald Trump ya puso las primeras banderas de un proyecto con tintes imperialistas, que empezó en Venezuela y que aún no se sabe cómo terminará.
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