El Palacio de Justicia ardió el 6 y 7 de noviembre de 1985 tras el asalto armado del M-19 y la desproporcionada reacción de la Fuerza Pública. Hace 40 años el terror crecía en cada uno de los trabajadores y de aquel edificio que representaba a la rama judicial. Magistrados, auxiliares, abogados, empleados de la cafetería, jóvenes estudiantes, visitantes ocasionales, todos quedaron atrapados bajo un ataque injustificable del que aún no hay suficiente claridad.
Tampoco hay verdad plena, ni reconocimiento real de parte de los protagonistas del ataque y de los encargados de repelerlo, ni excusas públicas genuinas, ni labores estatales unificadas para contribuir a la memoria histórica. Han pasado cuarenta años de una masacre que acabó con la vida de más de 100 personas, que dejó más de una decena de desaparecidos, que sigue dividiendo al país en bandos y sobre el cual la justicia colombiana tiene una deuda histórica.
Entre los muchos episodios alrededor de esta tragedia nacional, hay uno sobre el cual es preciso llamar la atención: el coronel en retiro del Ejército Nacional Edilberto Sánchez Rubiano, quien comandó el infame B2, el grupo de Inteligencia de la Brigada 13 y que está condenado a 40 años de prisión por la desaparición forzada de dos trabajadores de la cafetería del Palacio, está libre pese a tener una orden de captura vigente desde el 5 de julio de 2023.
De la misma manera, han logrado eludir la justicia tres de sus subalternos en el B2, también con sentencia en firme a 40 años de prisión: el mayor Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos (r) Ferney Causayá Peña y Luis Fernando Nieto Velandia. Estos oficiales no solo intentaron abrir la puerta de la JEP, sino que han logrado mantenerse en impunidad; una sentencia judicial se queda en papel y las autoridades no hacen nada para materializarla.
¿Cómo es posible? Jorge Molano, quien representa a varias familias de las personas desaparecidas, alertó en CAMBIO que Sánchez Rubiano, además de estar libre, está pensionado.
“Es indignante. Hay una protección institucional que está buscando evitar que personas que han cometido crímenes contra la humanidad respondan por sus actos. Es inadmisible que en dos años el Ejército colombiano, la Policía Nacional, siendo ellos personas pensionadas que hacen uso de servicios del Ministerio de Defensa, no hagan nada para encontrarlos”, afirmó.
Casi cuatro décadas buscando justicia
Por orden del general Jesús Armando Arias Cabrales, también condenado y quien paga su pena en una especie de apartamento-celda en el Cantón Norte de Bogotá, el coronel Sánchez Rubiano tuvo un rol estratégico en el cumplimiento del llamado ‘Plan Tricolor 83’ que siguieron los militares tras el asalto armado. El oficial tenía la labor de velar por las personas que salían con vida del Palacio de Justicia y eran llevadas a la Casa del Florero, que se volvió centro de operaciones, para determinar su suerte. La Corte Suprema de Justicia decantó hace tiempo que en realidad las personas eran interrogadas y que muchas que salieron con vida fueron catalogadas como “sospechosas” o “especiales”, para luego ser enviados a las instalaciones del B2, donde fueron torturados y desaparecidos.
Es decir, estas personas lograron salir con vida del edificio en llamas y se creyeron a salvo mientras los llevaban a la Casa del Florero. Pero allí, lejos de encontrar seguridad, vivieron un tormento y fueron desaparecidas.
El camino tortuoso por buscar justicia en el caso de Sánchez Rubiano arranca en 2001 cuando la Fiscalía abrió una investigación. En 2006 lo detuvieron, y en 2007 fue acusado por el secuestro y la desaparición forzada de diez personas. En octubre de 2008, Sánchez Rubiano obtuvo la libertad provisional. El juicio arrancó en diciembre de ese año y terminó en febrero de 2013. Es decir, tardó cinco años.
En diciembre de 2015, Sánchez Rubiano fue condenado en primera instancia únicamente por la desaparición forzada de los trabajadores de la cafetería del Palacio Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández. El fallo de segunda instancia se emitió casi seis años después, el 13 de octubre de 2021, confirmando esa decisión. Y el 15 de marzo de 2023, finalmente, la Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena a 40 años en su contra.
Por si había alguna duda en el relato de los hechos, esa decisión judicial fue enfática en que Rodríguez Vera -quien era el administrador de la cafetería- fue identificado por su familia en un video que tenía guardado en su casa el coronel Alfonso Plazas Vega, aquel que pronunció la infame frase de que los militares estaban ‘defendiendo la democracia’. En esa misma pieza procesal que la justicia recuperó, los testigos reconocieron a Bernardo Beltrán saliendo del Palacio de Justicia, “cogido por el brazo derecho de un soldado”, desplazándose por sus propios medios.
Los otros condenados
Pasaron casi 38 años desde el ‘holocausto’ del Palacio para que la justicia determinara entonces que Sánchez Rubiano, como jefe del B2, siguió la orden de Arias Cabrales y usó los dos pisos de la Casa del Florero para cometer acciones ilegales.
El primer piso fue un filtro, dice la sentencia, en el que hombres bajo su mando como el capitán Oscar Vásquez y los sargentos Antonio Rubay Jiménez, Ferney Ulamdrín y Nieto Velandia hacían las “labores de inteligencia” para supuestamente determinar quiénes eran guerrilleros y quiénes no. Registraban a las personas e hicieron listas.
En el segundo piso eran enviados directamente quienes eran calificados como “sospechosos”. Fueron tratados de forma hostil, interrogados y trasladados a otras unidades, sin debidos registros. Así le sucedió a Rodríguez, Beltrán e Irma Franco, quien era parte del M-19. En el caso de estas personas, la justicia determinó que se buscó esconderlos y obviar los registros oficiales. Los testigos, sobrevivientes como Yolanda Ernestina Santodomingo, Eduardo Matson, Orlando Quijano y Luis Fabián Romero, relataron que las personas que llegaban allí eran separadas, tenían que mirar a la pared con las manos en la cabeza, y que a algunos se les vendaron los ojos.
Todo esto se hizo, bajo el liderazgo de Sánchez Rubiano, quien era ‘Arcano 2’ en las comunicaciones radiales que tenían los militares y fue quien habló con ‘Arcano 5’, el coronel Carlos Sadovink, cuando se dio una orden de desaparición:
Arcano 5. Está QSL, la foto de Luis Francisco Otero Cifuentes está en primera página de El Tiempo, cambio.
Arcano 2. Recibí QSL. (…)
Arcano 5. R. Está QSL ¿y el 6 ¿uno de los 6 u 8 sujetos eh?, cambio.
Arcano 2. No negativo, únicamente pudimos obtener inclinación sobre una sujeto que es abogada y que ya fue reconocida por todo el personal. Cambio.
Arcano 5. Esperamos que sí está la manga no aparezca el chaleco. Cambio. -Recibido. QSL.
La orden de captura
Sánchez Rubiano fue condenado junto al mayor Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Luis Fernando Nieto Velandia. Ellos fueron sentenciados por las desapariciones de Rodríguez Vera y Beltrán y por el caso de Irma Franco.
Lo que parecía entonces el fin de un tormento para las víctimas, con la condena más allá de toda duda de estas personas, no es, todavía una realidad. Tras la confirmación de sus condenas, el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá revisó la situación de cada uno y emitió la respectiva orden de captura. En el caso de Sánchez Rubiano no tiene duda alguna porque nunca se sometió a la JEP, así que técnicamente no hay nada que impida su detención ni justifique por qué aún esta no se ha cumplido.
Sin embargo, el mayor Vásquez y los sargentos Jiménez, Nieto Velandia y Causayá sí tocaron las puertas de la JEP indicando ser inocentes, pero todos fueron rechazados por no hacer aportes a la verdad. El mayor fue rechazado en 2023 y los otros corrieron la misma suerte en enero y junio de 2025. Nieto Velandia, por ejemplo, fue expulsado porque siguió insistiendo en su inocencia y no dio aporte a la verdad: “No interrogué a nadie y con ninguna víctima interactúe. En ningún tiempo, modo y lugar realicé labores de interrogatorio. En ningún momento realicé actos de tortura. No trasladé a ninguna persona después de ser interrogada. No participé ni elaboré listados, ni tengo conocimiento del paradero de las personas relacionadas, ni de ninguna otra”.
Y en el caso del mayor Vásquez, la JEP indicó que este no solo negó a las víctimas “la posibilidad de conocer la suerte que corrieron momentos antes de ser desaparecidas”, sino que también “frustró su acceso y goce de beneficios penales en un escenario de justicia como el que comporta la JEP”.
De estos cinco militares, el único que ha sido detenido es Antonio Jiménez. Su captura la realizó la Policía en Yopal el 18 de octubre de 2024 y está preso en La Picota de Bogotá.
CAMBIO consultó los registros del Juzgado 32 de Ejecución de Penas de Bogotá, que tiene a cargo el seguimiento del cumplimiento de la pena de los condenados y allí aparece que la orden de captura 0991-2023 contra Sánchez Rubiano sigue vigente. Además, aparecen registros de oficios que Migración Colombia ha enviado al despacho sobre movimientos migratorios del coronel retirado. CAMBIO también consultó con el Inpec, que confirmó que Sánchez Rubiano no está en sus registros como persona detenida actualmente.
Los cuatro uniformados están prófugos. El abogado Jorge Molano insistió en que esta situación es indignante.
“Estos suboficiales y oficiales comparecieron ante la JEP con lo cual en un inicio evitaron las órdenes de captura. Dado que no contribuyeron a la verdad fueron objeto de expulsión y es indignante que la Policía, el Ejército y el Ministerio de Defensa no hayan hecho absolutamente nada para privarlos de la libertad y que la ejecución de la sentencia sea una burla para las víctimas”, expresó.
Para el abogado Molano, esto evidencia además la falta de interés del Estado colombiano de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al país por los casos de los desparecidos del Palacio y la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Uran, quien salió vivo del lugar y luego apareció adentro del edificio. A su juicio, a cuarenta años de esta masacre, “las sentencias son decorativas”.
“En el caso de Arias Cabrales, el Inpec tuvo la desfachatez de crear un apartamento como guarnición militar para darle condiciones de reclusión que burlan la dignidad de las víctimas. En el caso de los integrantes del B2, la sentencia no se afecta efectiva. Por lo cual la justicia es simplemente simbólica. Son 40 años de impunidad”, precisó Molano.
Lo que falta
En la Corte Suprema de Justicia está por definirse el caso del general en retiro Iván Ramírez Quintero, entonces comandante de la Brigada 13 del Ejército, quien fue condenado a 31 años de prisión junto al coronel Fernando Blanco Gómez quien era su segundo al mando, y al militar Gustavo Arévalo Moreno, por la desaparición forzada de Irma Franco. En este caso, la Procuraduría le pidió a la Corte que también condene a Ramírez Quintero por la desaparición de Carlos Rodríguez Vera, la cual está plenamente acreditada tanto por la justicia interna como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH.
Si se ratifica la condena, se deberá emitir la respectiva orden de captura.
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