En Gaza se cometió un genocidio. El asedio israelí por todos los frentes del territorio palestino consumó uno de los ataques más brutales e inhumanos de la historia. Durante dos años, las fuerzas militares de Israel han hecho lo posible por llevar al pueblo palestino de gaza al exterminio. Aunque se trata de una de las guerras más recientes y feroces, y parece haber llegado a su fin con recientes acuerdos de paz, lo cierto es que la ocupación de Israel a Palestina lleva décadas gestándose y cada vez toma más vidas inocentes.
Según el ministerio de Salud de Palestina, administrado por Hamás, desde el 7 de octubre de 2023 han sido asesinados 67.000 personas en el territorio, lo que equivale a más de 90 personas al día. De ellos, 20.000 son niños. Las imágenes son escalofriantes: misiles que impactan núcleos familiares, padres y madres llorando a sus hijos en vía pública, hospitales desbordados de heridos, niños rogando por alimento en las fronteras y una omisión gigantesca por parte de la comunidad internacional.
Una guerra sin tregua
Desde el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamás lanzó una ofensiva que dejó más de 1.200 israelíes muertos y 251 rehenes, la Franja de Gaza ha sido escenario de una devastadora respuesta militar de Israel. Esta pequeña zona, desde la ocupación israelí (1948), viene siendo cercada en todas direcciones por el país ocupador. Las imágenes satelitales hoy muestran, no solo la pequeña extensión de la franja, sino también el exterminio del pueblo palestino.
La Franja de Gaza, de apenas 41 kilómetros de largo y 10 de ancho, ha permanecido bajo bloqueo israelí desde 2007. Sus más de dos millones de habitantes viven entre fronteras cerradas con Israel y Egipto, y un mar controlado militarmente. La ONU estima que más del 90 % de las viviendas han sido dañadas o destruidas, mientras los sistemas de salud, agua y saneamiento colapsan. Expertos respaldados por la ONU afirman que ya existe hambruna en la Ciudad de Gaza, el centro poblado más importante, y que el enclave de Gaza se ha vuelto prácticamente inhabitable tras casi dos años de bombardeos.
Naciones Unidas ha advertido que casi todas las viviendas resultaron dañadas o destruidas y que el territorio viveuna catástrofe humanitaria sin precedentes. Israel, por su parte, asegura en escenarios nacionales e internacionales que su ofensiva busca eliminar la capacidad militar y de gobierno de Hamás, pero la magnitud de la destrucción ha levantado cuestionamientos globales, dado que la población civil ha estado plenamente expuesta a los constantes ataques armados.
Según la agencia de refugiados palestinos de la ONU (UNRWA), en los primeros diez días posteriores al ataque de octubre de 2023 casi la mitad de los habitantes de Gaza abandonaron sus hogares. Dos años después, la guerra ha desplazado a comunidades enteras hacia el sur, donde las condiciones sanitarias y de acceso a alimentos son cada vez más críticas. De hecho, se estima que nueve de cada diez habitantes de Gaza tienen la condición de desplazados.
Genocidio
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados concluyó que Israel ha cometido genocidio contra la población de Gaza. El informe, basado en investigaciones al interior del territorio, entre octubre de 2023 y julio de 2025, sostiene que las fuerzas israelíes incurrieron en cuatro de los cinco actos genocidas definidos por la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, de 1948.
Entre las actividades de las que se responsabiliza a Israel se incluyen matar y causar lesiones graves, imponer condiciones de vida que conducen a la destrucción del grupo y medidas para impedir la natalidad. En televisión nacional israelí, de hecho, se les ha abierto el micrófono a personas como Moshe Feiglin, exdiputado de Israel de tendencia de extrema derecha, quien ha dicho que cada niño y bebé en Gaza es un enemigo. Israel ha rechazado las conclusiones y calificó el documento de la Comisión como “distorsionado y falso”. Su primer ministro, Benjamín Netanyahu, ante Naciones Unidas y a pesar de la barbarie sostenida, aseguró que el “trabajo debe ser terminado”.
El bloqueo a las ayudas humanitarias
Manuela Bedoya y Luna Barreto son dos activistas colombianas que fueron detenidas durante cinco días por las autoridades israelíes mientras participaban en la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria con destino a Gaza para llevar ayuda y visibilizar la situación en la Franja. El pasado 6 de octubre, el gobierno de Colombia confirmó la liberación de ambas, agregando que pasaron días sin agua o comida durante la detención. En la misma embarcación se encontraba la activista Greta Thunberg, quien tras ser liberada explicó que, además de negarle el acceso a agua y comida, fue obligada a posar con banderas israelíes, lo que consideró como una humillación pública.
El peso de la historia y la ocupación
Navi Pillay, presidenta de la Comisión y exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, explica que los hechos en Gaza no pueden entenderse sin considerar décadas de ocupación y represión. “Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, declaró. La experta recordó que las políticas de desplazamiento forzado y sustitución demográfica han marcado la relación de Israel con los territorios palestinos desde mediados del siglo XX.
Así es como se ha mantenido la violencia en Palestina por Israel, a través del tiempo:
No existe una cifra oficial que reconozca la magnitud de los asesinatos de palestinos a manos de Israel. Sin embargo, teniendo en cuenta la guerra en Gaza de los últimos dos años, la cifra podría estar entre los 80.000 y más de 100.000 asesinatos, desde 1948. Según Naciones Unidas, solo entre 2008 y 2023, como resultado directo de acciones militares, represivas o de ocupación, las fuerzas israelíes mataron a 6.342 palestinos, entre ellos 1.144 niños y 272 niñas.
Técnicas de guerra de exportación
La Comisión de la Verdad (CEV) investigó el fenómeno del paramilitarismo en Colombia como parte del conflicto armado, y en sus informes señala la existencia de alianzas complejas entre actores estatales, actores privados, grupos armados ilegales y, asimismo, agentes extranjeros. En particular, el informe señala que en algunas masacres están vinculadas con mercenarios israelíes.
Uno de los casos es el de la masacre cometida en 1988 en las fincas de Honduras y La Negra, en Turbo (Antioquia). Según la Comisión, ese hecho evidencia “nexos entre miembros del Ejército, grupos paramilitares, narcotraficantes y mercenarios israelíes”. El expediente refleja, no sólo una participación directa de estos agentes extranjeros, sino también que operaban en coordinación de actores nacionales dentro de la Fuerza Pública y del Estado.
El paramilitarismo, de acuerdo con el informe, no solo fue una cuestión de violencia irregular, sino un entramado de intereses políticos, económicos y militares, con múltiples formas de apoyo estatal y externo. Mercenarios extranjeros, se tiene documentado, actuaban en Colombia como parte de la cadena de capacitación, asesoría técnica, logística o entrenamiento, usadas por grupos paramilitares para fortalecer sus capacidades ofensivas o de control territorial.
Otro caso emblemático es el de Yair Klein, ex militar israelí que fue condenado en Colombia por entrenar a grupos paramilitares en el Magdalena Medio durante los años ochenta. Según diferentes testimonios y sentencias: Klein habría realizado al menos tres viajes al país, coordinados con hacendados, actores locales, e incluso con militares, para dictar cursos de entrenamiento militar con técnicas de combate, uso de explosivos y tácticas paramilitares.
Aunque los casos como el de Turbo y Klein son emblemáticos, la CEV enfatiza en la necesidad de más investigación, mayor acceso a documentos del Estado, transparencia institucional y responsabilidad judicial para esclarecer cuáles fueron los alcances exactos de la participación de estos mercenarios, así como para develar qué responsabilidad tuvieron las autoridades nacionales, y cómo poder reparar a las víctimas implicadas.
Una guerra censurada
Las fuentes oficiales confirman que en Gaza, en los últimos dos años, fueron asesinados alrededor de 250 periodistas que cubrían la guerra en Gaza. Según France 24, en el territorio palestino “han muerto más periodistas que los que murieron en las guerras de Vietnam, Corea, Afganistán y los Balcanes, juntas. Los reporteros asesinados son mayoritariamente palestinos debido al bloqueo de Israel a periodistas extranjeros en el enclave palestino”, señala el medio de comunicación.
Uno de los casos más conocidos es el de Ans al Sharif, de 28 años, quien fue asesinado el 10 de agosto pasado. La víctima cayó en un ataque deliberado del ejército israelí contra la tienda de campaña en la que vivía junto a otros cinco periodistas, cerca al hospital Al Shifa en la ciudad de Gaza. Al Sharif dejó un texto preparado, por si era asesinado, que decía: «si les llegan estas palabras, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz«.
Por otro lado, la oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha presentado cuatro denuncias ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí contra periodistas en la Franja de Gaza, durante los últimos dos años. RSF cuestiona a Israel por no haber permitido el acceso a la prensa extranjera al territorio. “Los medios deben poder hacer su trabajo”, expresó la oenegé en septiembre pasado, cuando más de 250 medios de comunicación de unos 70 países se movilizaron en una manifestación conjunta.
Una estrategia de destrucción total
El comisionado australiano Chris Sidoti, quien investiga la ocupación en Palestina, aseguró que las muertes en Gaza no son accidentes ni daños colaterales, sino el resultado de una estrategia de bombardeos intensivos sobre la población civil. “Residencias, hospitales, universidades, iglesias, mezquitas y sitios arqueológicos han sido arrasados. La destrucción es tal, unida a la política de hambruna, que las condiciones de vida son insostenibles”, afirmó. Naciones Unidas ha instado a Israel a cumplir con el derecho internacional y a garantizar la rendición de cuentas por los crímenes documentados, sin embargo, ello no parece tener efecto alguno.
Mientras la comunidad internacional busca mediar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 8 de octubre que Israel y Hamás acordaron una primera fase de cese al fuego.El pacto ha permitido la liberaración rehenes israelíes y palestinos, retirar las tropas israelíes y permitir la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, las organizaciones sobre el terreno advierten que el daño estructural y humano en Gaza requerirá décadas de reconstrucción y un compromiso sostenido de Israel para evitar que un genocidio de tamañas proporciones vuelva a suceder.
***
