Por el caso de ejecuciones extraoficiales o ‘falsos positivos’ de Soacha, el juez primero especializado de Cundinamarca condenó a 20 militares en la mañana de este jueves.

La condena se profiere por el asesinato de cinco jóvenes que fueron desaparecidos y luego reportados como muertos en combate en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, en el año 2008.

Los hechos ocurrieron entre el 15 de enero y el 25 de agosto de ese año, cuando los jóvenes fueron reclutados mediante engaños y promesas de trabajo por fuera de Bogotá.

Entre los más de cincuenta jóvenes que transportaron hasta Ocaña para ser entregados en falsos retenes de la brigada movil 15 del Batallón Santander, se encontraban Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez de tan solo 17 años de edad declarados como crímenes de lesa humanidad.

Los uniformados, entre los que se encuentra el coronel Gabriel de Jesús Ricón Amado, tendrán que responder por los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento privado, homicidio agravado, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego.

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Por las ejecuciones extrajudiciales deberán responder los uniformados:Gabriel de Jesús Rincón Amado, Henry Mauricio Blanco Barbosa, Juan Gabriel Espinosa Restrepo, Medardo Días Ríos, Janer Ediel Duque Marín, Richar Armando Jojoa Bastidas, Ricardxo Coronado Martínez, Nixon Arturo Cubides Cuesta, Mauricio Cuniche Delgadillo, Jose Adolfo Fernández Ramirez, Jhon Anderson Díaz Ortega, Ricardo Eliud González Gómez, Ferney Grijalba Flor, Eider Andrés Guerrero Andrade, Geiner Fuertes Carrillo, Pedro Johan Hernández Malagón, Juan Ramón Marín Martínez, Manuel Angel Zorrilla Agamez, José Orlando Gonzañez Ceballos y Kevis Alberto Jiménez Escalante.

La defensa solicitó asignación de cupos para privación de la libertad en centros de reclusión militar. No obstante, el juez dijo que es el Inpec quien determina en qué centros carcelarios serían privados de la libertad.

Por este hecho, la Fiscalía pidió que la pena de los condenados sea de entre 18 a 25 años de cárcel.

En mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana seis casos de ‘falsos positivos’ que habrían ocurrido en la década del 90.

Actualmente, la Fiscalía investiga más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales que en su mayoría ocurrieron entre el año 2004 y el 2008.

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