El 24 de mayo de 2012 el país conoció la noticia de la brutal agresión sexual de la cual fue víctima Rosa Elvira Cely, mujer de 35 años de edad y madre cabeza de familia que fue torturada, violentada sexualmente y empalada en el Parque Nacional de la ciudad de Bogotá, muy cerca a una estación de policía. Pese a su llamado de auxilio a la línea de emergencia 123, fue víctima de violencia institucional al no obtener respuesta efectiva para auxiliarla propiciando que su estado de salud se degradara, a tal punto, que días después, su cuerpo no resistiera y finalmente muriera.
Desde el momento de esta brutal agresión, los movimientos de mujeres, las organizaciones defensoras de derechos humanos y la sociedad en su conjunto, iniciamos un ejercicio de denuncia y movilización en rechazo de este y otros crímenes en contra de las mujeres, exigiendo una respuesta efectiva y oportuna por parte del Estado para el esclarecimiento de este crimen y por una pronta administración de justicia. Bajo el lema Ni Una Rosa Más, la familia Cely, comenzó un largo camino para tratar de comprender, el porqué, de la negligencia de las entidades del Estado para atender de manera oportuna el angustioso llamado con el que Rosa Elvira, les pedía ayuda.
No solo se trató en este caso de la negligencia de las autoridades en su búsqueda y traslado, sino además, en la prestación del servicio de atención por parte del hospital al que fue llevada. Aunado a lo anterior, se conoció públicamente que su asesinó, Javier Velasco, ya tenía una condena por asesinar a otra mujer en el año 2002, que tenía además una denuncia penal por el abuso sexual de sus dos hijastras y de una trabajadora sexual, y que pese al riesgo de que volviera a cometer agresiones contra otra mujer, se encontraba en libertdad.
El feminicidio de Rosa Elvira Cely fue uno de muchos casos de violencia contra la mujer que suceden a diario en el país, sin embargo, la crueldad del homicidio, logró despertar la indignación de la ciudadanía, que se ha manifestado activamente, en rechazo al olvido y contra la impunidad, además de ser el impulso para la tipificación en la legislación nacional del delito de feminicidio a partir de la creación de la Ley 1761 de 2015 llamada ¨ROSA ELVIRA CELY¨ la cual, condena como un delito autónomo todos los asesinatos de mujeres por su condición de género en Colombia. La ley pretende ser un instrumento para brindar garantías a las mujeres víctimas de feminicidio y violencia sexual, es un logro de la lucha de la familia Cely, organizaciones sociales y movimientos feministas y busca, garantizar la investigación y judicialización adecuada de los feminicidas, además de propiciar acciones que prevengan las violencias basadas en género en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, transformar estereotipos y desnaturalizar las violencias en contra de esta población.
En el año 2015, la familia Cely, con el acompañamiento de La Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos dhColombia, presentaron demanda en contra de las entidades distritales de la ciudad de Bogotá responsables de garantizar una oportuna atención a Rosa Elvira Cely, y las cuales, por acción y omisión fueron negligentes en la atención, que hubiese podido salvar su vida, además de la responsabilidad que recae sobre la Fiscalía General de la Nación al no procesar al victimario de Rosa Elvira Cely, el cual tenía denuncias anteriores por otros crímenes en contra de mujeres.
Desde la familia Cely, y dhColombia, instamos a la administración de justicia para que se de celeridad en determinar la responsabilidad de los organismos del Estado que no actuaron con la debida diligencia para prevenir y atender el crimen en contra de Rosa Elvira Cely, y se cree un precedente judicial que llame la atención sobre las entidades involucradas para que casos tan dolorosos como este no sigan sucediendo, ni mucho menos, sigan quedando en la impunidad.
Insistimos en una adecuada implementación de la ley 1761 de 2015 – Ley Rosa Elvira Cely – ya que la prevención y atención de estos crímenes debe ser integral, y la judicialización de los feminicidas debe generar seguridad jurídica y garantías para que las víctimas tengan confianza en las entidades del Estado responsables de garantizar los derechos que tienen las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencias.
Luchamos por que no haya más revictimización y por
la no repetición de estos hechos
Rosa Elvira Cely in memoriam
(1977 – 2012)
Segato, Rita (2018), La guerra contra las mujeres, Buenos Aires, Prometeo Libros, pág. 106
Nunca hubo más leyes, nunca hubo más clases de derechos humanos para los cuerpos de seguridad, nunca hubo más literatura circulando sobre derechos de la mujer, nunca hubo más premios y reconocimientos por acciones en este campo, y sin embargo las mujeres continuamos muriendo, nuestra vulnerabilidad a la agresión letal y a la tortura hasta la muerte nunca existió de tal forma como hoy en las guerras informales contemporáneas.
A once años del bestial asesinato de Rosa Elvira Cely, la fecha debería llevarnos a reflexionar, individual y colectivamente, más allá del crimen, acerca del entorno social, político, económico, cultural, ético, que rodea esta clase de monstruosidades. No en vano, el pasado 14 de mayo se reportaron tres feminicidios en Colombia; hasta el 8 de marzo de 2023, según la Procuraduría General de la Nación, se presentaron 28 casos de feminicidios.
Si queremos recordar a Rosa Elvira Cely, si queremos honrar su memoria, deberían cesar los crímenes y cualquier clase de violencia en contra de las mujeres, en especial parar la tolerancia estatal y social a esa violencia
Los actos de memoria no deben convertirse en efímeras manifestaciones colmadas de emotividad, que los medios de comunicación transmiten como una noticia más del día, antes de sus secciones de farándula.
Que la violencia contra las mujeres persista en Colombia, significa que esos crímenes trascienden la voluntad y el accionar de los agresores directos, y que estamos en mora de revisar la responsabilidad institucional y social; sin perjuicio de que se diga que «la responsabilidad penal es individual».
La violencia sistémica contra las mujeres, en tanto afecta, o al menos debería afectarnos, a todos los miembros de la sociedad, no se reduce solo a una respuesta desde el mundo penal, es más de fondo, implica cuestionarnos, ¿por qué la sociedad colombiana tolera, calladamente, esa clase de crímenes?
¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad colombiana, de las instituciones que gobiernan nuestras vidas, empezando por la familia, la iglesia, la escuela, el sistema político; la administración de justicia, particularmente los jueces y juezas que conocen de estos casos; el sistema económico, los medios masivos de comunicación, etc.?
Sin mayor esfuerzo, podemos observar que todos esos organismos han sido creados y sostenidos sobre la base de la dominación, el sometimiento y la explotación de las mujeres por parte de los hombres: el patriarcado como sistema social que permite a los hombres arrogarse el poder.
La primera lección de poder y subordinación se recibe en el ámbito familiar y de allí se replica exponencialmente, en la escuela, en el barrio, en la iglesia, en la empresa, en la oficina, en el Estado, en la sociedad en general. No es un asunto personal, es el diseño mismo de las estructuras de poder en las relaciones sociales, culturales, políticas. El patriarcado es fuente de la cual se nutre la explotación y violencia en contra de las mujeres, en contra de lo femenino.
En el ámbito familiar, durante la cuarentena derivada de la pandemia, según la Fiscalía General de la Nación, durante 2020, el feminicidio tuvo un aumento del 8.6% en comparación a 2019.
Las religiones, particularmente la tradición judeo-cristiana en el relato bíblico, subordina a las mujeres desde el principio mismo de su «creación»: no de manera autónoma, sino emanada de un hombre, por parte de un dios hombre, relato de subordinación que llega hasta nuestros días.
La violencia contra las mujeres, en tanto manifestación patriarcal, constituye una práctica estructural que no se resuelve ni con leyes, ni con velatones, ni creando cuerpos élite de policía. Está visto que las instituciones creadas para «proteger» a las mujeres, resultan inoperantes, y los gobiernos apenas reaccionan coyunturalmente.
En tanto no se destruyan las actuales estructuras de poder sobre las cuales se rigen las relaciones sociales, culturales, políticas; mientras veamos el patriarcado como algo normal, propio de la cultura, de la idiosincrasia; entonces, la violencia contra las mujeres seguirá manifestándose en todos los ámbitos, públicos y privados.
Y así, cualquier acto de recordación de la memoria de Rosa Elvira, y de las miles de mujeres violentadas y asesinadas, resultará insustancial; su sacrificio habrá sido en vano, seguiremos sometidos a los victimarios y a sus sistemas de protección, como en este caso, los de emergencias y salud pública del Distrito, y, policial y de impunidad en la Fiscalía General de la Nación. La mejor evocación no será una publicación en redes sociales o un acto de memoria aislado, será el reconocimiento de su existencia en este momento y esta sociedad, que quienes tienen la potestad de declarar responsabilidades lo hagan oportunamente, y que, finalmente, la no repetición sea la transformación estructural que conlleve a eliminar de una buena vez todas las violencias contra las mujeres.
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