Ante recientes revelaciones, son necesarias medidas disciplinarias, penales, de control y no repetición, así como la protección de los archivos de las operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares.
#CorrupciónEnEjército
Foto: Tomada de la web
18 de abril de 2018
Las plataformas de derechos humanos y paz, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, organizaciones de víctimas de crímenes de Estado, organizaciones sociales, comunidades de fe y congresistas que suscribimos esta comunicación rechazamos enérgicamente los actos de corrupción al interior de las fuerzas militares que han salido a la luz pública1 y que fueron cometidos desde la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta- RIMEC, adscrita a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Conjunta del Comando General- CGFM.
En memoriales anexos, instamos a las autoridades del Estado colombiano (Procuraduría, Contraloría, Fiscalía General, Jurisdicción Especial para la Paz- JEP) a que: 1. Investiguen estos hechos y sancionen a sus máximos responsables; 2. Se adelanten las acciones para la protección y preservación de los archivos que están desapareciendo, y la protección de los testigos que estarían siendo víctimas de amenazas según informe de la revista Semana; 3. Dispongan todas las medidas necesarias de no repetición que incluyen reformas estructurales al interior de las fuerzas militares lo que implica la depuración de información y la remoción de agentes del estado comprometidos por acción u omisión en violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción
Consideramos que, debido a las graves y contundentes pruebas reveladas, la investigación emprendida por la Procuraduría General de la Nación contra 12 integrantes de esta entidad, 5 Oficiales y 7 suboficiales, debe llegar hasta sus máximos responsables, incluyendo al ex comandante general de las Fuerzas Militares, hoy embajador en Corea del Sur, General Juan Pablo Rodríguez Barragán a quien el Presidente de la República debería apartar de su cargo diplomático. Así como al General Martín Nieto, quien hasta diciembre pasado ocupó la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta del CGFM. Estos altos oficiales habría tenido pleno conocimiento y hecho parte de una estructura que fraguó desfalcos cercanos a los 20 mil millones de pesos entre 2013 y 2017, según informe de la revista Semana.
De igual manera, la Fiscalía General de la Nación debe iniciar las respectivas investigaciones por los delitos en que habrían incurrido los implicados como violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, falsedad en documento público y concierto para delinquir, así como por delitos con contra el patrimonio y la administración pública como peculado, concusión, cohecho, entre otros.
Es de especial preocupación que los recursos públicos del Estado se hayan destinado a gastos personales de oficiales de alto nivel, y que se hayan adquirido con ellos equipos de inteligencia para espiar de manera ilegal al director de la Organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, a integrantes de las mismas fuerzas armadas y a otros ciudadanos y organizaciones, hechos que deben ser aclarados ante la opinión pública. La misma fuente de la revista Semana, señala cómo el anuncio de que la Corte Penal Internacional investigaría al general Rodríguez desató su furia y desencadenó una operación de adquisición de aparatos electrónicos en Las Vegas para dicho espionaje.
Cabe recordar que el general Rodríguez está involucrado en casos de ejecuciones extrajudiciales, por haber cancelado pagos a informantes que le suministraban datos sobre presuntos guerrilleros, cuando se desempeñó como comandante de la IV Brigada del Ejército entre 2006 y 20083. De igual forma, que estos dineros se hayan utilizado de manera fraudulenta para la defensa de militares involucrados en casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”,incluso a través del pago a familiares de los militares implicados.
También es de suma gravedad que estos recursos -provenientes de gastos reservados y de seguridad nacional- se hayan usado ilegalmente para pagar supuestas fuente humanas de la Guardia Nacional Bolivariana- GNB, quienes supuestamente proporcionaban información de planes de inteligencia del Estado venezolano como el denominado ―Centauro Negro‖ y que, finalmente, la presunta información de inteligencia hubiese sido conseguida a través del uso de hackers, poniendo en grave riesgo las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Diversas investigaciones judiciales han establecido que los llamados gastos reservados tanto de las Fuerzas Militares como de otros organismos de inteligencia, incluido el extinto DAS, han sido utilizados para la comisión graves violaciones a los derechos humanos, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ―falsos positivos‖ donde se hacían pagos a fuentes humanas que proporcionaban información de las personas que posteriormente fueron asesinadas, o las operaciones ilegales realizadas por el DAS contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados y opositores.
Cabe señalar que a la fecha no hay información pública sobre las investigaciones o hallazgos respecto de estos hechos de corrupción por parte de los órganos de control interno y las autoridades de control del Estado. Esto teniendo en cuenta que desde octubre de 2017, la Revista Semana hizo las primeras revelaciones al respecto y las FF.MM. anunciaron una investigación interna en ese entonces cuyos resultados se desconocen.
Existen temores fundados de que se pueda producir la eliminación o desaparición de archivos o información fundamental para el esclarecimiento de verdad de lo ocurrido. Dada la magnitud y gravedad de las denuncias, consideramos que la Jurisdicción Especial para la Paz debe decretar una medida cautelar para la protección y preservación de los archivos que hacen parte de la investigación, y que, sin duda, contienen información sensible y relevante para la búsqueda de verdad y justicia en violaciones graves a los derechos humanos cometidas por agentes estatales. Lo anterior conforme a sus competencias jurisdiccionales para la protección de archivos que fueron dispuestas por el Acto Legislativo 1 de 2017, en su artículo 7, y los artículos 111 y 119 del Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP6, y teniendo en cuenta que el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas anunció que dejarían de existir la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta- RIMEC y el Comando Conjunto de Inteligencia- CCONI, columna vertebral de la inteligencia en el Comando General de las Fuerzas Militares
La reserva de archivos no debe operar para la presente investigación y los órganos de control deben tener acceso a la totalidad de la información, sin que la figura de los gastos reservados se convierta en un impedimento para esclarecer todas las responsabilidades. Esto de acuerdo con los principios internacionales sobre Seguridad Nacional y el Derecho a la Información, o principios Tswhane7.
Esta no es la primera vez que un escándalo de corrupción sacude al estamento militar, develando la necesidad de una reforma profunda a las fuerzas militares que permita depurar la institución de funcionarios implicados en graves violaciones a los derechos humanos y prácticas de corrupción como estas, para que se garantice la transparencia en la gestión de los dineros públicos, el respeto por los derechos humanos como principio y práctica al interior de la institución y una real transición hacia una fuerza pública para la paz.
Suscriben:
Plataformas de Derechos humanos y Paz
1. Coordinación Colombia Europa- Estado Unidos– CCEEU
2. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo- PCDHDD
Organizaciones de víctimas
3. Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado – MOVICE
4. Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad
5. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio- H.I.J.O.S
6. Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño
7. Asociación de campesinos y campesinas de la Finca la Europa, Ovejas-Sucre
8. Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos ASFADDES, Seccional Bucaramanga
9. Grupo de Familiares Detenidos y Desaparecidos de la Vereda la Esperanza, El Carmen de Viboral
10. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS
11. Colectivo Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz, MECOPA-Argentina
12. Colectivo de Exiliados/as Colombianos/as en Ecuador
13. Colectivo por la Paz de Colombia desde México – COLPAZ
14. Ecos de Colombia, Costa Rica
15. Organización de Víctimas del Conflicto Armado Colombiano en Uruguay
16. Red de Mujeres Libres sin Fronteras, Santo Domingo, Ecuador
17. Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe – REVICPAZ-LAC
18. SOS Víctimas del Conflicto Armado Colombiano en Panamá- SOVIC PANAMÁ
Organizaciones de Derechos Humanos
19. Colectivo de Abogados ―José Alvear Restrepo‖- CAJAR
20. Comité de solidaridad con Presos Políticos- CSPP
21. Comité de Solidaridad con los presos Políticos- Antioquia
22. Corporación Jurídica Yira Castro- CJYC
23. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
24. Corporación Claretiana Norma Pérez Bello
25. Humanidad Vigente Corporación Jurídica- HVCJ
26. Corporación Jurídica Libertad- CJL
27. Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos – GIDH
28. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
29. Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
30. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Valle del Cauca
31. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Santander
32. Corporación Colectivo Socio-jurídico Orlando Fals Borda
33. Corporación Yuruparí
34. Asociación ECATE – Centro del Valle
35. Comité Cívico por los Derechos Humanos- CCDHM
36. Corporación para el Desarrollo de los Territorios– CORDESTE
37. Corporación Compromiso
38. Fundación Sumapaz
39. Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño-CAHUCOPANA
40. Corporación para La Paz y el Desarrollo Social- CORPADES
41. Agencia de Prensa Análisis Urbano
42. Corporación CONPAZES Diverso
43. Fundación para la paz, los Derechos y la Democracia- FUNDEMOCRACIA
44. Pax Christi, Medellín
Organizaciones Sociales
45. Congreso de los Pueblos
46. Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali- SINTRAEMCALI
47. Centro de Cultura Popular José Antonio Galán
48. Unión de Ciudadanas de Colombia, Seccional Cali
49. Corporación Artística y Cultural Arlequín y los Juglares
50. Asociación de Vivienda EMECE
51. Corporación Gustavo Marulanda
52. Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana-CEAC
53. Central Unitaria de Trabajadores- CUT- Seccional Atlántico
54. Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño- ASOPROA
55. Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia- MESSSA
56. Juventud Rebelde Colombia
57. Asociación Latinoamericana de Medicina Social- ALAMES
Comunidades de fe
58. Mesa Ecuménica por la Paz
59. Asociación de Presbíteras Católicas Romanas
60. Iglesia Misioneros Veteros de Nuestra Señora de la Alegría.
61. Iglesia Anglicana de las Américas
62. Diócesis misionera de Santiago. Reverendo Apóstol. Padre Guillermo León Acosta Carrillo, Vicario Episcopal.
Congresistas
63. Iván Cepeda Castro. Senador de la República
64. Alirio Uribe Muñoz. Representante a la Cámara
Organizaciones Internacionales
65. Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos- LIMEDDH
66. Comité Estudiantil de Lucha de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAEM, Andrés Ernesto Barona Guevara – Secretario General
67. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los derechos humanos en México, AFADEM
68. Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos- desaparecidos- FEDEFAM
69. Observatorio por los Derechos Humanos de los Pueblos
70. Comité por la Paz de Colombia en Madrid
71. Red de Mujeres Libres sin Fronteras, Santo Domingo- Ecuador