El 10 de diciembre de 1987, en el día de los Derechos Humanos, en Medellín fue secuestrado y asesinado Francisco Gaviria. Su expediente impune aporta información sobre el papel de la IV Brigada del Ejército en esos días de guerra sucia.
Hace 30 años, el jueves 10 de diciembre de 1987, a la sede de la Cooperativa de Trabajadores de Simesa, situada en pleno centro de Medellín, llegaron ocho hombres armados, algunos vistiendo prendas policiales y, tras identificarlo, sacaron a la fuerza al estudiante de comunicación social de la Universidad de Antioquia, militante del Partido Comunista y de la Unión Patriótica (UP), Francisco Gaviria Jaramillo. 24 horas después, amarrado de pies y manos entre un costal, cruzado con alambre de púas, con varias fracturas y un impacto de bala en la cabeza, apareció su cadáver en un despoblado del municipio de Envigado.
Además de la gravedad del hecho en una ciudad que en cuatro meses había visto caer asesinados a 18 líderes de izquierda y derechos humanos, un hermano de la víctima puso el dedo en la llaga. Requerido por la justicia, declaró que él acudió a la IV Brigada del Ejército para averiguar por Francisco porque testigos dijeron que algunos secuestradores estaban uniformados, y un soldado le comentó que esa mañana sí habían llevado a un detenido con características similares a las del estudiante. A primera hora del viernes 11, antes de que apareciera el cadáver, el comandante de la unidad militar, general Francisco Rodríguez, salió a desmentir su declaración en rueda de prensa.
Después del mediodía del viernes 11, tras el doloroso hallazgo, la reacción de la familia Gaviria fue ratificar su versión y el comandante de la IV Brigada anunció acción penal en su contra. Luego aseguró que, tras interrogar al soldado, éste manifestó que lo que él dijo fue que allá no llevaban detenidos desde hacía días y que el hermano del desaparecido había intentado sobornarlo para que manifestara que sí había ingresado un hombre de pantalón negro y bozo, parecido a Francisco Gaviria. La Procuraduría quedó a media marcha en su interés por el caso y la UP asumió que su única opción era seguir denunciando.
Por eso, públicamente el dirigente nacional José Antequera pidió al gobierno de Virgilio Barco que se investigara a la IV Brigada, porque eran palpables los indicios de su vinculación con los hechos de violencia política que se registraban en Medellín. No fue el único que lo hizo, pero fueron reclamos que cayeron en el vacío porque se abrieron paso las masacres de 1988, Antequera fue asesinado en marzo de 1989 y, después, en febrero de 1992, un juez dispuso la cesación de las pesquisas del caso Francisco Gaviria. Auto inhibitorio sin responsables, ni siquiera el nombre de un sospechoso.
Sólo quedó un breve expediente de escasos folios destinado a enmohecerse en alguna bodega judicial de Medellín, con una copia en manos de una hermana de la víctima, decidida a conservarla y recobrar verdades ocultas en alguna parte del eslabón criminal que azotaba a la ciudad. Repasando declaraciones, revisando nombres, pasó muchos años estudiando el caso con una convicción: algo de lo que buscaba partía de descifrar 20 folios con la minuta de guardia de la IV Brigada los días 10 y 11 de diciembre. El registro de ingreso del personal civil a la unidad militar, con algunas anotaciones de la guardia, placas de vehículos o militares a cargo.
Un registro que comenzó a llenarse en la mañana del 10 de diciembre y tuvo su último reporte a las 5:40 de la tarde. A distintas dependencias ingresaron 82 civiles. Unos para transporte, otros para la “tienda del soldado”, la auditoría de guerra, el B-1, el B-2, el B-5, la auditoría o el casino. Al día siguiente, lo hicieron 89 civiles. En 48 horas, la dependencia más concurrida fue la ayudantía, donde entraron 20 personas, con seis omisiones en la minuta de guardia pues no quedó registrada hora de salida. En la mayoría de reseñas se anotaron los apellidos y, en algunos casos, números de cédulas repisados o ilegibles.
La familia de la víctima tiene claro que conocer qué civiles ingresaron a la IV rigada no significa que ellos tengan responsabilidad alguna o algún grado de connivencia con lo sucedido a Francisco Gaviria. Además, no se comprobó que hubiese sido llevado a la IV Brigada. Pero, como afirma la hermana de la víctima, ya han pasado 30 años y sus sobrinos –Manuela, Alejandra y Francisco– como ella quisieran saber si entre esos civiles existen nombres a quiénes se pueda preguntar qué recuerdan de esos dos días que para su familia fueron de tragedia.
El doble apellido registrado en la minuta de guardia más conocido en estos tiempos es Uribe Vélez. Y la cédula que quedó en su ingreso a la ayudantía a las 10:05 de la mañana del 11 de diciembre, sin hora de salida, indica que el visitante fue el ganadero Santiago Uribe Vélez, hoy procesado por concierto para delinquir y homicidio, por su presunta participación en un grupo armado ilegal en Yarumal (Antioquia) conocido como Los Doce Apóstoles en los primeros años de la década de los años 90. Ese viernes 11, dos horas después de la candente rueda de prensa del general Rodríguez, entró a la misma hora en que lo hizo Carlos Adolfo Henríquez Velásquez.
Según el Registro Único de Afiliación, desde Medellín y Ciénaga (Magdalena), hoy Henríquez es un activo empresario bananero. Un administrador de la finca Burdeos de la Sociedad Agrícola del Toribío S.A. y también de la finca Guatapurí en Chigorodó (Antioquia), dejó rastro en internet de que el empresario fue su jefe en ambas fincas desde 1987 hasta 2006. Informes de derechos humanos señalan que, en octubre de 1988, fueron asesinados dos exsindicalistas que laboraban en Guatapurí. En marzo de 1990, en el mismo lugar, las víctimas fueron cinco activistas del Frente Popular, la UP y el Partido Comunista.
No hay registros que asocien a Henríquez a conductas ilegales o anotaciones que cuestionen su desempeño. Escasamente aparece demandado en un litigio laboral que llegó hasta casación en la Corte Suprema en 2002. En cambio, abundan sucesos de su exitoso desarrollo profesional. Por ejemplo, como se lee en el Informe de Gestión del año 2006, obró como representante del presidente de la República Álvaro Uribe en la Junta Directiva del Banco Agrario de Colombia S.A., en compañía de los ministros de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Hace 30 años, Henríquez entró a la ayudantía de la IV Brigada cuando esta unidad militar ardía por los reclamos de la familia Gaviria. Según los registros, a esa misma hora estuvieron en la misma dependencia Santiago Uribe, Hernán Pulgarín Álvarez y Orfa Isabel Aristizábal. De Pulgarín se sabe que hoy está pensionado y que hace una década protagonizó un pleito laboral. Orfa Isabel Aristizábal fue secretaría de servicios administrativos del exalcalde Juan Gómez Martínez y financista del Centro Democrático en 2014.
Más allá de estos hallazgos, el análisis de los registros de las visitas a la ayudantía de la IV Brigada realmente empieza a las 9:10 de la mañana del 10 de diciembre, con el ingreso de Norberto de Jesús Vélez Escobar, de quien hoy se sabe fue director ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) entre 2001 y 2002. Casi una hora después, a la ayudantía accedieron cinco personas. Dos de ellas quedaron incluidas en una misma casilla y una misma cédula, además indescifrable.
En su orden, los otros visitantes entre las 9:56 y 10:03 de la mañana del 10 de diciembre, con hora de salida hacia las 12:40 de la tarde, fueron María Silvia Peláez de Restrepo, Gabriel Jaime Restrepo, Gonzalo Echeverri Palacio y los dos desconocidos. María Silvia Peláez pertenece hoy al círculo de criadores de caballos y reses de lidia y, durante la Feria de La Macarena en 2007, ofició como jurado de los mejores toros. Gabriel Jaime Restrepo es hoy un reconocido ingeniero que, desde la presidencia de la firma PSI Edicreto, desarrolla obras en Antioquia.
Es calificado como pionero en el desarrollo de la vivienda de interés social, fue presidente de la junta directiva de Camacol Antioquia y, a finales de los años 90, representó al gobierno en la junta directiva de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur. Echeverri Palacio es socio de la firma Arquitectos e Ingenieros Asociados (AIA), presente en el desarrollo de obras como el Teatro Metropolitano de Medellín, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de las Empresas Públicas o diversas concesiones viales para el departamento.
Entre las 10:16 y las 10:29 de la mañana del 10 de diciembre, se sumaron dos personas más a la ayudantía: Juan David Jiménez Tobón y Silvio Omar Jaramillo. Del primero poco se sabe. El Registro Único de Afiliación señala que reside en Medellín y en 2007 afrontó un proceso por fraude a resolución judicial. Silvio Omar Jaramillo ha sido representante legal de la sociedad anónima Jaramillo Delgado S.A., que se dedica al mantenimiento y reparación de vehículos y suministro de repuestos. En esa tarea ha suscrito múltiples contratos con el Estado.
Entre el ingreso de estas dos últimas personas hay un detalle ambiguo. Hacia las 10:20 de la mañana, con salida cuatro minutos después, la minuta de guardia indica que entró un tal Francisco Gaviria, paradójicamente el mismo nombre del estudiante que a esa misma hora estaba secuestrado. Lo inusual es que en la casilla de su destino sólo quedó la palabra “SI”. Esa misma persona volvió a registrarse a las 16:10 de la tarde. Desde 2002, su cédula aparece cancelada por muerte. Otro Francisco Gaviria, pero con distinta cédula, también fue a la ayudantía en la tarde, entre las 16:45 y las 17:00.
Finalmente, en la tarde del 10 de diciembre accedieron dos visitantes más: José Jairo Maya Vélez y Mario de Jesús Upegui Upegui. Poco se sabe hoy de ambos. De José Jairo Maya se conoce que tuvo un litigio contra el municipio de Titiribí (Antioquia), pero su cédula aparece cancelada. La EPS Sanitas manifiesta que se trata de un afiliado fallecido. En cuanto a Upegui Upegui, al parecer vive en el municipio de Caucasia (Antioquia) pero, además de su afiliación al régimen contributivo de salud, sólo se sabe que se trata de un trabajador independiente.
En lo que se refiere a los demás visitantes a la ayudantía el 11 de diciembre, la lista la complementan Ernesto Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Horacio Posada, un tal Bedoya Fernández cuyo número de cédula es ilegible, Mario Valderrama Gómez, María Elena Cadavid y dos particulares más cuyas cédulas no corresponden a las de sus verdaderos portadores: un tal Luis Bedoya y Carlos Durango Arias. Este último también ingresó el 10 de diciembre, pero su destino quedó rotulado como “Carmen”, sin registro de salida.
Sobre Ernesto Gutiérrez Gutiérrez y María Elena Cadavid no hay referentes. Carlos Horacio Posada Bedoya es un abogado, experto en derecho civil y comercial, que suele participar en tribunales de arbitramento convocados por la Cámara de Comercio de Medellín. Mario Valderrama fue dirigente del Deportivo Independiente Medellín, pero fue condenado a ocho años de prisión por lavado de activos agravado. Su sentencia fue ratificada por el Tribunal de Antioquia y la Corte Suprema de Justicia. El último fallo en su contra está fechado en febrero de 2017.
Hasta ahí los civiles que entraron a la ayudantía. El segundo destino más concurrido fue el B-2, donde accedieron 17 personas. La mayoría con reseña de entrada pero no de salida. En seis casos, con cédulas retiradas por muerte. El nombre más significativo es el de Ángela María Torres George, que ingresó a las 3:10 de la tarde del 11 de diciembre. En agosto de 2011, esta mujer fue secuestrada y, meses después, el jefe paramilitar Don Berna declaró que fue desaparecida por las autodefensas porque hizo vueltas para la banda La Terraza y conocía secretos del crimen de Jaime Garzón.
Del resto de visitantes a otras dependencias, persisten las cédulas retiradas, otras que no coinciden con los nombres y ausencias de registro en horas de salida. Dos llaman la atención: Raúl Zapata Vergara y Luis Fernando Claros Guerra. Ambos entraron a las 16:04 del 10 de diciembre. Según registros de prensa, Zapata Vergara fue asesinado en marzo de 1993 por el grupo Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes). Claros Guerra corrió la misma suerte en 2011, al parecer a manos de alias Monoleche, tras ser señalado como contador de Vicente Castaño.
Como lo reitera la familia Gaviria, los civiles que ingresaron a la IV Brigada no son responsables de nada. Pero la discusión sobre el papel que cumplió esta unidad militar en acciones contrainsurgentes irregulares desde finales de los años 80, aún se mantiene. En tiempo reciente, a instancias de la Ley de Justicia y Paz, quedaron confesiones de exparamilitares que resaltaron cómo oficiales y suboficiales de esta unidad militar participaron en acciones conjuntas. Por eso existen peticiones para que sus archivos sean auscultados.
Aunque con obvio pesimismo, lo único claro es que la historia del secuestro y asesinato de Francisco Gaviria no es sólo de su familia, hace parte de una guerra sucia sin verdad. “Tengo claro que el Estado tiene responsabilidad en todo lo que pasó. Por eso creamos la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia. El propósito es trabajar para que el olvido no alcance a extender su manto a las nuevas generaciones”, observó Manuela Gaviria, hija mayor de la víctima, hoy dedicada a labores de acompañamiento social.
“No fui la única que perdió a su padre, pero tengo la certeza de que fue víctima del exterminio de líderes de derechos humanos en los años 80. Mi padre hizo parte de las 3.000 víctimas de la UP que entregaron su vida por la paz”, agregó Alejandra Gaviria, también dirigente social. La hermana de Francisco guarda el expediente, lo siente vivo y concluye: “Claro que hay que perdonar y sanar heridas, pero 30 años después es justo que se empiece a saber quiénes integraron la red de victimarios que el 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, asesinaron a Francisco después de torturarlo.
Fuente: El Espectador