El gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos está ejecutando la pena de muerte en el caribe y pacífico. Quebrando a todas luces la garantía del debido proceso, las armas de su Nación han venido adelantando una serie de ejecuciones extrajudiciales contra tripulantes de lanchas colombianos y venezolanos señalados de acciones de narcotráfico.
Trump intenta legitimar su cacería en la denominada lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, quienes caen asesinados serían los eslabones más bajos de la cadena, en caso de que sean culpables de algún delito. Conductas que, como mucho, se castigan con cárcel en sus países de origen.
El gobierno norteamericano adelanta la pena de muerte en aguas internacionales, sin publicar pruebas de que exista al menos un caso penal contra las víctimas y atemorizando hasta los huesos, a la par, a los pesqueros y marinos del caribe latinoamericano.
Desde comienzos de septiembre de 2025, Estados Unidos ejecutó una serie de bombardeos aéreos contra embarcaciones en el mar Caribe, principalmente frente a las costas de Venezuela, como parte de una ofensiva antidrogas ordenada por Trump. Según el Departamento de Defensa de ese país, los ataques se habrían concentrado en rutas marítimas usadas para el tráfico de cocaína hacia el norte del continente.
El primer operativo confirmado ocurrió el pasado 2 de septiembre, cuando fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha rápida en aguas internacionales del Caribe venezolano, ejecutando a once personas. Trump aseguró ante la comunidad internacional que la embarcación estaba vinculada al grupo criminal Tren de Aragua y aseguró que se trató de una acción “legítima y necesaria”.
En octubre, la campaña militar se intensificó con al menos cuatro bombardeos adicionales frente a la costa norte de Venezuela, siempre en el Caribe, según reportes de funcionarios del Pentágono citados por The Washington Post. En estos operativos se emplearon aeronaves y fuego naval, sin que Estados Unidos revelara pruebas públicas sobre la carga de las embarcaciones atacadas.
Trump defendió los bombardeos en declaraciones a la prensa y en su red social, donde sostuvo que su gobierno estaba “ganando la guerra contra las drogas en el mar”. El mandatario aseguró que estas acciones redujeron “en más de 90 %” el tráfico marítimo de estupefacientes hacia Estados Unidos.
Piratas
¿Cuándo Estados Unidos se convirtió en autoridad marítima? El 10 de diciembre pasado, autoridades de ese país incautaron de un buque petrolero venezolano que navegaba por el mar Caribe, en un operativo realizado al norte de las costas de Venezuela, según confirmaron voceros del Departamento de Justicia y la Guardia Costera estadounidense.
La embarcación transportaba crudo de origen venezolano con destino a otros países. Es decir, el crudo era parte del comercio formal del Estado del país vecino.
Según Associated Press, el petrolero fue interceptado en aguas internacionales del Caribe oriental, fuera del mar territorial venezolano, durante una operación coordinada entre la Guardia Costera, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional estadunidense.
Washington aseguró que el buque hacía parte de una red que evadía sanciones internacionales. Sin entregar pruebas públicas, el gobierno estadounidense sostuvo que la carga de petróleo violaba las sanciones impuestas contra Venezuela y que, por tanto, la incautación fue legal.
Funcionarios citados por el medio de comunicación internacional Reuters afirmaron que el crudo sería custodiado por Estados Unidos mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes.
Según Trump, la incautación fue una acción “necesaria para hacer cumplir la ley estadounidense”.
Pero, ¿y la ley de los otros países?
Desde Caracas, la respuesta fue inmediata. El gobierno venezolano calificó la acción como un “robo descarado” y un acto de “piratería internacional”, al señalar que se trató de un asalto a un buque mercante civil en el mar Caribe. La cancillería venezolana sostuvo que Estados Unidos se apropió ilegalmente de recursos energéticos soberanos.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, agregó que el hecho ocurrió en una zona del Caribe históricamente utilizada para el comercio marítimo regional y denunció que, incluso, la tripulación fue retenida de manera irregular.
Criminalización injusta
A este asedio en mar caribe cabe agregarle las sostenidas políticas de deportación de ciudadanos latinoamericanos en Estados Unidos. Por ejemplo, entre marzo y abril de 2025, ese gobierno trasladó a más de 230 venezolanos desde centros de detención migratoria en su territorio, hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT): la megacárcel de Tecoluca, en El Salvador.
Los deportados fueron señalados como presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua. Ese mero señalamiento, sin ningún tipo de proceso penal consumado, permitió la expulsión acelerada de los ciudadanos bajo una norma excepcional utilizada por la administración del presidente Trump.
No obstante, investigaciones periodísticas revelaron que la mayoría de los venezolanos enviados al CECOT de El Salvador no tenía antecedentes penales en Estados Unidos. Además, que como mucho, algunas personas tenían infracciones migratorias. Varios de ellos, además, se encontraban en procesos activos de solicitud de asilo.
Un informe posterior de Human Rights Watch estableció que al menos la mitad de los detenidos trasladados a El Salvador no registraban condenas penales previas ni en Venezuela ni en terceros países, lo que encendió alertas sobre una posible criminalización por perfil migratorio y origen nacional, sin mediación de juicio.
De otro lado, ciudadanos colombianos también han sido objeto de procesos de criminalización en Estados Unidos, principalmente por delitos federales relacionados con drogas o migración. Informes del Departamento de Justicia estadounidense indican que varios fueron condenados en cortes federales y enviados a prisiones de alta seguridad, sin que sus gobiernos consulares fueran notificados oportunamente.
Organizaciones como Amnistía Internacional han cuestionado que Estados Unidos haya aplicado estándares punitivos diferenciados a migrantes latinoamericanos, asociándolos de manera automática con estructuras criminales. La entidad señaló que estas prácticas vulneran el debido proceso y compromisos internacionales contra la detención arbitraria.
Entre septiembre y diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó nuevas detenciones y expulsiones aceleradas de ciudadanos venezolanos y colombianos, bajo criterios de “amenaza a la seguridad pública”, principalmente desde Texas, Florida y Arizona.
De acuerdo con reportes de medios internacionales como Associated Press y Reuters, en los últimos días, al menos 74 venezolanos más fueron trasladados a centros penitenciarios en Estados Unidos, mientras que un grupo menor fue remitido nuevamente al CECOT de El Salvador, sin procesos judiciales, ni audiencias migratorias completas.
Ejecuciones extrajudiciales mediante bombardeos en el Caribe y Pacífico. Apropiación ilegal de petróleo. Criminalización de migrantes mediante el uso arbitrario de la fuerza y la privación de libertad en El Salvador. Esas son aristas del asedio criminal de Donald Trump a América Latina, basado en la bandera de la supuesta lucha contra el narcotráfico, la cual no ha traído otros resultados que una grave vulneración de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y una fractura, ante los ojos del mundo, de las garantías al debido proceso de los nacionales colombianos y venezolanos.
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