dhColombia y Nomadesc alertan ante la ciudadanía, familiares de víctimas y organizaciones defensoras de DD. HH. que la Fiscalía mantiene en plena dilación el juicio contra el teniente Néstor Mancilla y el coronel (r) Edgar Vega, oficiales encargados de la respuesta policial en las protestas del Paro Nacional en Cali, en 2021.
Mancilla y Vega, así como el patrullero Wilson Esparragoza, fueron llamados a juicio en abril de 2022, hace más de tres años y medio, por su presunta responsabilidad en seis homicidios y cuatro ataques con arma de fuego.
Sin embargo, aunque la primera audiencia se programó para el 17 de abril de 2023, esta diligencia no se ha llevado a cabo. Se ha aplazado en diversas ocasiones por solicitudes de los defensores de los acusados y por trámites internos de la Fiscalía. La audiencia estaba programada para este 4 de diciembre, pero no se realizó porque la Fiscalía hace meses removió del cargo al funcionario que adelantaba la investigación y aun no designa a ningún fiscal delegado.
A los oficiales Mancilla y Vega se les atribuye fallar en su posición de garantes como oficiales a cargo del control de la protesta en Cali. El teniente Mancilla fue comandante del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y el coronel Vega fue comandante de Seguridad Ciudadana. También está vinculado el oficial Óscar Daniel Galeano.
Por parte de Esparragoza, la Fiscalía tiene prueba que vincularía el arma de dotación que le fue asignada, durante la jornada de protestas, con el proyectil encontrado en el cuerpo de Miguel Ángel Pinto, asesinado el 29 de abril de 2021. El expediente busca proteger la dignidad y el derecho a la justicia de las familias de Edwin Villa, Éinar Alexander Lasso, Felipe Peña, José Ambuila, Hárold Rodríguez, Stephanny Betancourt, Leonardo Torijano y Kevin Agudelo, entre otros.
dhColombia hace un llamado a la Fiscalía para que asigne un fiscal en propiedad, de tal manera que en febrero próximo, como quedó programado, pueda realizarse la primera audiencia preparatoria, y así esclarecer la responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de proteger a la población civil durante la jornada de protestas en Cali.
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