Se cumplen cuatro décadas del holocausto del Palacio de Justicia, ejecutado con responsabilidad inicial de la guerrilla del M-19 y luego de las fuerzas de seguridad del Estado, en especial del Ejército Nacional por la destrucción total y arrasamiento de las instalaciones entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. Se trató de uno de los eventos más sombríos de la historia nacional, que enfrentó por primera vez a la sociedad colombiana a una masacre masiva de hasta 115 personas transmitida en tiempo real y a una serie de graves violaciones de derechos humanos que, 40 años después, sigue sin esclarecerse por completo, producto de un Pacto de Silencio entre elites del país.
La sostenida omisión de las autoridades investigativas y la presión militar por ocultar lo sucedido ha terminado en que, desde entonces, la opinión pública permanezca bajo una división de narrativas. Sobre las decisiones del ejecutivo, el consejo de ministros y las acciones de la fuerza pública persiste la ausencia de claridad de lo ocurrido, lo cual sigue revictimizando a los familiares de personas pertenecientes a la rama judicial, trabajadores internos y visitantes ocasionales, quienes han recibido verdades a medias y una respuesta judicial insuficiente ante la magnitud del evento mismo.
Sobre la repartición de culpas, bien lo dijo el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y uno de los comisionados de la verdad sobre el caso Palacio, José Roberto Herrera, en una reciente entrevista: “el primer responsable fue el M-19, que inició la acción con su ataque terrorista, violento y sangriento. El segundo, el gobierno, porque hubo un notorio vacío de poder”
Y concluyó: “Y el tercero, la fuerza pública, con la retoma desproporcionada que tenía como único objetivo eliminar al enemigo sin un plan de protección a los innumerables civiles, con violación de elementales reglas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, como lo demuestran fehacientemente las evidencias de más de cien testimonios que escuchamos, innumerables expedientes, sentencias, documentos y libros que analizamos, y las propias grabaciones de los militares que participaron en los hechos”.
Sin embargo, en Colombia, persiste desde las voces institucionales un consenso negacionista sobre la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado. La senadora María Fernanda Cabal, por ejemplo, en una comunicación pública de octubre pasado señaló que “nuestro Ejército no fue el enemigo, fue el héroe de esa jornada trágica, enfrentando una masacre sin precedentes orquestadas por terroristas armados, que secuestraron, asesinaron y destruyeron la institucionalidad. La historia no la narran los victimarios”.
De otro lado, el representante a la Cámara por las negritudes, Miguel Polo Polo, sancionado por ofender, incluso, a las madres de víctimas de falsos positivos, asegura que, de hecho, la quema del Palacio fue obra de M-19. Una teoría que, hasta ahora, la justicia ha demostrado que no corresponde a la realidad. De hecho, la evidencia recaudada por la Fiscalía, apunta a que, el uso dirigido de artillería de alto poder y la respuesta desproporcionada de las Fuerzas Militares contribuyó a que el edificio terminara en llamas y calcinara cuerpos de rehenes, combatientes y archivos de la justicia.
Como lo sostiene la fiscal del caso que más avanzó en las investigaciones, Ángela María Buitrago, Colombia debe hacer un esfuerzo por entender que, si bien la toma violenta es responsabilidad del M-19, los funcionarios públicos involucrados en la retoma son también culpables por incomprensibles asesinatos de personas ajenas al conflicto, que debían proteger. Es decir, que no todo valía a la hora de restaurar el orden y que, de hecho, quienes se identifican como héroes terminaron siendo victimarios de horrendos crímenes contra personas bajo su custodia.
En una entrevista para la Revista Raya, de hecho, Buitrago reveló que hay una alta probabilidad de que el Palacio de Justicia se hubiese envuelto en llamas por culpa de un soldado del Ejército que disparó un rocket incendiario durante la retoma. Y no solo eso. Tal fue el actuar desproporcionado de las fuerzas de seguridad que “militares volaron un baño del Palacio de Justicia con 71 personas adentro”, como le explicó a la periodista Cecilia Orozco.
La desaparición forzada
La respuesta militar, durante la retoma del Palacio de Justicia, fue de tal envergadura criminal que, en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la desaparición forzada de los trabajadores de la cafetería. La institución de justicia internacional no pudo entender cómo era posible que personas que salieron con vida del Palacio —como documentaron testimonios y prueba audiovisual—, y otras que estaban presentes en la irrupción guerrillera, nunca fueran encontrada, ni vivas, ni muertas.
La respuesta está en el probado proceder de los altos mandos militares, quienes ordenaron a sus subalternos interrogar, torturar y desaparecer a toda persona considerada “especial”: insurgentes y todo aquel bajo sospecha de colaborar con el M-19. La casa del Florero, contigua al Palacio, fue convertida en Puesto de Mando Avanzado y utilizada como punto neurálgico en la ruta de la desaparición, para interrogar violentamente a los rescatados, en lugar de ser el espacio para brindar primeros auxilios a quienes sobrevivieron a la barbarie.
Las personas desaparecidas forzadamente identificadas, quienes en su mayoría siguen sin ser encontrados, son:
Carlos Augusto Rodríguez Vera (administrador de la cafetería)
David Suspes Celis (mesero de la cafetería)
Cristina del Pilar Guarín (cajera)
Gloria Anzola de Lanao (visitante ocasional)
Lucy Amparo Oviedo (empleada de la cafetería)
Norma Constanza Esguerra (visitante ocasional)
Héctor Jaime Beltrán (empleado de la cafetería)
Bernardo Beltrán Hernández (mesero de la cafetería)
Ana Rosa Castiblanco (empleada de la cafetería)
Irma Franco Pineda (militante del M-19)
El avance de la justicia
A pesar de los discursos negacionistas que han querido imponerse a lo largo de los años, el país tiene a disposición una serie de sentencias judiciales que corroboran la responsabilidad de los militares por graves violaciones de derechos humanos. La más importante y la única que se está cumpliendo de manera efectiva es la del general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la XIII Brigada del Ejército durante los hechos.
La Corte Suprema de Justicia, confirmó su condena a 35 años de prisión, la cual está cumpliendo en un apartamento dentro de una instalación militar en Bogotá. Se trató del jefe militar de la operación de la retoma. Cada movimiento que ejecutaron los soldados fue ordenado por él. Se demostró que Arias Cabrales dispuso que las personas que salieran del edificio debían ser conducidas a la Casa del Florero, no para auxiliarlas, sino para interrogarlas. Es culpable por las desapariciones forzadas de Luz Mary Portela León, Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández y David Suspes Celis.
En palabras de la Corte Suprema, Arias Cabrales fue el “tanto el artífice principal de las conductas ocurridas con ocasión de la ‘solución final’ que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, sino por su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron (…) dirigió el operativo de principio a fin y fue el responsable directo del mando, durante la acción militar y las fases posteriores de consolidación del operativo”.
Otro de los condenados es el general Iván Ramírez Quintero, entonces comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (COICI). En junio del año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá lo sentenció en segunda instancia por la desaparición de la exguerrillera Irma Franco Pineda: una rebelde que, si bien se tomó el Palacio, tenía derecho a ser investigada y ser objeto de un juicio, en lugar de ser desaparecida forzadamente y probablemente sometida a torturas y ejecutada extrajudicialmente, en un país donde no está permitida la pena de muerte.
Según el Tribunal Superior de Bogotá, Ramírez Quintero conoció y controló actuaciones criminales que terminaron en la desaparición forzada de Irma Franco y las retenciones ilegales y torturas de un par de estudiantes de la Universidad del Externado, que sobrevivieron a los hechos. La justicia, hasta ahora, demostró que envió hombres bajo su mando a alrededores del Palacio con la misión de identificar a quienes salían con vida del recinto, existe prueba la coordinación entre el B2 y el COICI para las labores de interrogatorio. Actualmente la Corte Suprema de Justicia, analiza un recurso de casación presentado por la representación de Carlos Augusto Rodríguez Vera, la cual solicita se incluya su desaparición forzada como parte de los crímenes cometidos por el COICI, la condena al no estar en firme, hace que permanezca en libertad.
El expediente que más ha despertado rechazo e indignación por parte de las víctimas es el del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, entonces comandante de la Escuela de Caballería del Ejército. A pesar de que un juzgado capitalino y el Tribunal Superior de Bogotá lo declararon culpable en instancias previas, en 2015, la Corte Suprema bajo el argumento de la duda, lo absolvió por la desaparición forzada de Irma Franco y el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez. Aun así, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el exceso de la Fuerza Pública en la operación de recuperación del Palacio.
En otro caso, la justicia es abiertamente burlada. En 2023, la Corte Suprema mantuvo la condena a 40 años de prisión en contra del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante de la Sección de Inteligencia (B-2) de la Brigada XIII del Ejército. Una sentencia en la que también resultaron condenados el oficial Óscar William Vásquez y los suboficiales Antonio Rubay, Luis Fernando Nieto y Ferney Causayá. Sin embargo, como alertó la Revista Cambio, cuatro de ellos permanecen prófugos de la justicia.
Sin verdad
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha conocido de varios trámites por la retoma del Palacio de Justicia, sin que exista un caso Palacio de Justicia o uno por las desapariciones forzadas cometidas por la Fuerza Pública. Se suponía que este organismo sería un escenario donde los victimarios podrían confesar por primera vez los crímenes, ofrecer excusas públicas por lo sucedido y aportar verdad a las víctimas, quienes, 40 años después, tienen tanto preguntas como dolores por resolver, lo que no ocurrió.
El general Arias Cabrales fue admitido en órgano de justicia en 2020, cuando se comprometió a contar la verdad de lo sucedido. Como recompensa recibió la libertad condicionada, la cual disfrutó durante tres años ininterrumpidos. Incluso, se le ofreció una sentencia más benévola a cambio de su colaboración. Sin embargo, en marzo de 2023, la JEP lo expulsó de su jurisdicción al tener que atender los reclamos de familiares y sus representantes, donde se dejó en evidencia que no realizó aportes plenos, ni concretos, sobre la toma y retoma del edificio. Por el contrario, se presentó como víctima.
En 2022, la JEP también rechazó el sometimiento del general Ramírez Quintero, y otros tres oficiales, pues, aunque aseguraron que iban a hacer aportes de verdad, incumplieron cada una de sus promesas. De tal manera que, cuarenta años después, nunca ningún militar ha hecho un reconocimiento genuino de su responsabilidad. Al contrario, han sostenido que cumplieron con una operación para mantener la democracia, sin hacer referencia a la probada y condenada extralimitación militar y a la desaparición de personas ajenas al conflicto, cuyas familias cumplen 40 años exigiendo explicaciones.
Hacemos un llamado a que la Rama Judicial, en especial las Altas Cortes en lugar de proveer comunicados públicos, cumpla y oriente el cumplimiento del verdadero papel de la justicia en este caso, que es ser una instancia de justicia pronta y efectiva en relación a los graves crímenes cometidos por la Fuerza Pública, a que la actual Fiscal General de la Nación, abandone la postura de no investigar con debida diligencia y burlar a las víctimas y la sentencia de la Corte IDH, como ocurrió con las fiscalías de Barbosa, Martínez y Montealegre.
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