Hoy, hace exactamente 20 años, miembros de la Policía Nacional asesinaron al estudiante de Química de la Universidad del Valle del Cauca, Jhonny Silva Aranguren. El hecho ocurrió en medio de manifestaciones al interior de ese centro educativo por los constantes cortes de agua potable en Cali y la reciente firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), en 2005, entre Colombia y Estados Unidos.
A eso de las 7:00 p.m., varios miembros del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ingresaron al campus sin autorización de los directivos de la Universidad, persiguiendo a varios de los estudiantes y disparando proyectiles de armas de fuego. Uno de los tiros dio en la parte posterior de la cabeza de Jhonny Silva, quien cursaba quinto semestre en su carrera y presentaba una discapacidad física motora.
Los expedientes judiciales demuestran que el personal del Esmad avanzó hasta el edificio de administración de la Universidad, donde los estudiantes habían dispuesto un campamento y, allí, destruyeron las carpas instaladas. Varios estudiantes fueron detenidos de manera arbitraria y fueron objeto de agresiones físicas y psicológicas.
Uno de los policías, quien desde hace 20 años permanece sin ser identificado por la Fiscalía, disparó un proyectil de arma de fuego en contra de Jhonny Silva, hiriéndolo de muerte en el lugar. Aunque la víctima fue auxiliada por estudiantes del campus y luego fue trasladada a la Clínica Valle de Lili, en el camino se consumó el asesinato. Una partida que su familia y allegados siguen llorando, y que la justicia no ha esclarecido en absoluto.
Los expedientes judiciales
Aunque por este crimen el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional fueron declarados responsables en 2017, el trabajo de las autoridades investigativas por determinar culpas individuales, y además por posición de mando, ha sido revictimizante. En un principio, la Fiscalía de Cali estaba dispuesta a llevar a juicio por el delito de homicidio al entonces capitán Gabriel Bonilla González, quien estaba al mando de los efectivos del Esmad durante esa noche, por fallar en su posición de garante de la ciudadanía.
Sin embargo, hace más de década y media que el ente investigador precluyó (dio por terminado) la investigación, cerrándole las puertas a la familia de Jhonny Silva de obtener una condena en el marco de la justicia penal. Además, la Fiscalía dejó a medio camino la posibilidad de que Colombia tuviese un antecedente de peso en contra de los altos mandos que toman y omiten tomar decisiones en contextos de protesta.
Ante ese panorama, la Asociación Red de defensores y defensoras de derechos humanos (dh Colombia) insiste en el estudio de la acción de revisión interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia en 2021. A través de este recurso judicial, esta representación de víctimas está solicitando que se revoque la resolución 01-038 de 2010, a través de la cual la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Cali precluyó la investigación contra el entonces capitán Bonilla González por el delito de homicidio.
El oficial de la Policía Nacional, además, tenía pesquisas en contra por el delito de prevaricato por omisión, es decir, por no responder a lo que se esperaba para el alto cargo que ostentaba. En este caso, Bonilla González permitió que sus subalternos accionaran sus armas de fuego, aun cuando estaba prohibido por principio de proporcionalidad y en contravía de los compromisos internacionales de Colombia en materia de protección de derechos humanos.
Jhonny Silva soñaba con ganar el premio Nobel de Química y, según cuenta su padre Wilmar Silva, fue víctima de la guerra nacional desde niño. “Yo fui topógrafo y me toco trabajar en unas carreteras en la selva en la región de Cauca. Allá no había medios de comunicación ni nada, solo grupos guerrilleros. Un día cualquiera, el Ejército entró en combate y hubo muchos muertos. Mis hijos que estaban pequeñitos vieron eso y eso creo un trauma en ellos. Jhonny tuvo problemas motores y mi hija problemas con el habla. Esas son secuelas de la guerra en Colombia”, le dijo Silva a El Espectador en publicación de 2020.
El llamado a la Corte Suprema de Justicia
dhColombia considera que están reunidos los requisitos para que la Corte Suprema ordene la reapertura del expediente, enviándolo la Dirección contra las Violaciones de Derechos Humanos de la Fiscalía Cali. La Corte Constitucional ha dicho que la toda acción de revisión es procedente cuando preclusiones, como las de este caso, den cuenta de una “omisión protuberante del deber del Estado de investigar, en forma seria e imparcial”. La misma Corte Suprema ha explicado que procede ante “graves violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario”.
Asimismo, las reglas de Colombia indican que la revisión procede cuando exista un pronunciamiento judicial interno que arrope la teoría de la defensa de víctimas. En este caso, los familiares de Jhonny Silva cuentan con el fallo del Consejo de Estado de 2017, que es una decisión en firme y en la que, de hecho, se le solicitó formalmente a la Fiscalía estudiar la posibilidad de reabrir las investigaciones que podrían esclarecer la responsabilidad penal por los hechos del 22 de septiembre de 2005.
Esta fue una de las consideraciones en las que más hizo hincapié el Consejo de Estado: “preocupa profundamente a la Sala el hecho de que, a pesar de que los testimonios de los estudiantes hicieron especial énfasis en la comisión de la muerte del referido estudiante por parte de miembros del Esmad, la Fiscalía Primera Delegada Ante el Tribunal Superior de Cali, sin profundizar en el análisis de tales medios probatorios, hubiera decidido precluir la investigación por el delito de homicidio”.
Contra el país, además, pesan pronunciamientos internacionales como el de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que le reclama a las autoridades judiciales nacionales investigar con “eficiencia e imparcialidad las conductas punibles cometidas durante la actuación de integrantes de la Policía Nacional en la Universidad del Valle”.
En el aniversario número 20 del asesinato de Jhonny Silva, rescatamos la templanza de la familia de la víctima para soportar las consecuencias del crimen cometido por miembros de seguridad del Estado y la posterior omisión por parte de las autoridades investigativas, en esclarecer por completo el expediente y determinar responsabilidades penales individuales. El recurso de revisión permanece en estudio de la Corte Suprema de Justicia, la cual podría tomar una decisión crucial para la familia Silva, lo que significaría un paso en el largo y tortuoso camino por hallar justicia.
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