Vivir con la ‘prueba reina’ en el cuerpo: mujer que sobrevive con una bala en el pulmón busca condena contra la Policía | Cambio Colombia

El caso de Luisa Tirado, de 22 años, podría ser prueba de que los milagros existen y, a la vez, representa todo un rompecabezas para la justicia colombiana. Hace cinco años, Tirado fue víctima de un impacto con arma de fuego en el cuello, una bala que probablemente fue disparada por uno de los miembros de la Policía que atendieron las protestas del 9 de septiembre de 2020, en Bogotá y Soacha.

A esas manifestaciones se les conoció como el 9S. Varias organizaciones de derechos humanos han dicho que se trató de una masacre, pues al menos 14 personas fueron asesinadas, e incontables ciudadanos, marchantes y espectadores resultaron heridos con objetos contundentes y armas de las fuerzas de seguridad del Estado. Una noche de caos en la que también fueron atacados decenas de uniformados y vandalizadas 17 instalaciones policiales. 

Fue en esas horas turbulentas en las que la vida de Tirado se fracturó en dos. Su caso derivó en una demanda contra el país y un expediente penal inédito en poder de la Fiscalía.

El 9 de septiembre de 2020

“Cuando salí del hospital, duré un año y cuatro meses sin comer bien. Todo se me iba a los pulmones. Tenía, por decirlo así, roto lo de adentro. Todo me lo tenían que dar licuado. Me compraban naranjas y yo las metía al congelador, las sacaba medio congeladas y las chupaba así”. 

Esta es una de las frases con las que Luisa Tirado describe las secuelas del disparo que recibió en el cuello y que le destrozó la faringe, pero -y es por lo que solo podría describirse como un milagro- ninguno de los otros nervios, vasos sanguíneos o estructuras óseas y cervicales presentes en el cuello.

El daño lo provocó una bala cuyo serial podría estar registrado en los libros de la Policía Nacional, pues todo indica que partió del arma de dotación de un uniformado, aún no identificado, que atendió las protestas en inmediaciones del Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Aures, en Suba, Bogotá. Fue una bala que, además, terminó en su pulmón izquierdo, donde lleva cinco años alojada. Los médicos no se explican cómo pudo haber pasado algo así. 

En la madrugada del 9S, los entonces patrulleros de la Policía Harvey Rodríguez y Juan Camilo Lloreda golpearon con sevicia, hasta la muerte, al estudiante Javier Ordóñez en el occidente de la capital, cuyos instantes finales fueron grabados por amigos presentes y distribuidos en redes sociales. Una vez la opinión pública se enteró de que Ordóñez fue asesinado, movimientos ciudadanos convocaron a marchas multitudinarias en Bogotá y Soacha en contra de la institución.

Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, al menos 12.000 personas salieron a las calles a protestar, algunos de manera pacífica, otros con tal violencia que intentaron prender fuego a uniformados vivos en instalaciones estatales. Uno de los núcleos de protesta se concentró en inmediaciones del CAI Aures. Luisa Tirado pasó por allí solo porque era el camino menos peligroso de regreso a su casa, luego de visitar durante la tarde a su entonces pareja.

“Yo veo un montón de gente y no sabía que había protestas. Con mi exnovio nos quedamos parados mirando y luego llegó una moto de la Policía, a la que hicieron caer. Ahí los policías se alborotaron y salieron a correr detrás de todo mundo. Yo también salí a correr. En YouTube hay un video sobre ese momento. Yo me reconozco porque llevo una bicicleta en las manos”, recuerda Tirado. 

La evidencia muestra que manifestantes lanzaron lo que parecen ser rocas a los ocupantes de la moto institucional, quienes cayeron de lado contra el asfalto. Segundos después se escuchan disparos con arma de fuego. 

“No había lugar para refugiarse. Yo sentí un golpe en el pecho que me mandó para atrás. Mi exnovio me miró y se asustó por el impacto de bala. La gente empezó a gritar: ‘¡La mataron!’. Pero nadie ayudaba. Yo sentía que me estaba ahogando con la sangre que salía del cuello. A mí se me estaban cerrando los ojos, pero Miguel (su expareja) me pegaba cachetadas para que no me durmiera. Lo último que yo le dije fue que no me dejara morir. Y hasta ahí recuerdo”, explicó.

Entre la vida y la muerte

El caos del sector Aures se vivió con la misma intensidad en las calles de Verbenal, La Gaitana, Suba Rincón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y Soacha. Según la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos dhColombia, equipo de defensa de Tirado, esa noche fueron asesinadas 14 personas. Luego, el 14 de septiembre, la Secretaría de Salud de Bogotá entregó el reporte oficial de 581 personas lesionadas, de las cuales 216 eran policías. Para entonces, Luisa Tirado permanecía en coma y bajo pronóstico reservado en el hospital Simón Bolívar, donde médicos controlaron la hemorragia del disparo directo al cuello.

Para sorpresa de todos, después de 20 días con respiración asistida, Luisa Tirado despertó. Por la zona de su herida, era poco probable haber sobrevivido y además no haber sufrido ninguna alteración en las funciones locomotoras. En el cuello están la arteria aorta, la principal del cuerpo humano, así como las carótidas, que le llevan oxígeno al cerebro y rostro. También las venas yugulares, que recogen la sangre de esa zona y la transportan al corazón. Además, está la médula espinal, la cual ante cualquier lesión puede dejar al paciente sin movimiento en sus extremidades. 

“Cuando me desperté, los doctores lo primero que me preguntaron era cómo me llamaba y cuantos años tenía. Me dijeron que yo estaba muy grave, que no entendían por qué yo estaba viva. Luego me hicieron una radiografía y se dieron cuenta de que la bala estaba en un pulmón, solo que no se explican cómo llegó ahí. Fueron días muy duros. En ese mes y medio que estuve en el hospital, yo estaba en la cama al lado de una muchacha a la que también le dispararon los policías, pero en el estómago. Recuerdo el día que le dijeron que iba a quedar sin movilidad en las piernas. Ella gritaba: ‘Ya no sirvo para nada, me quiero morir, no sé qué hacer con mis hijos’”, recuerda Luisa Tirado.

Alojar la ‘prueba reina’ en el cuerpo

Entre las víctimas mortales de aquel 9S se encuentra Julieth Ramírez Meza, de tan solo 18 años, quien fue baleada durante las manifestaciones en La Gaitana, también en la localidad de Suba. La víctima quería ser psicóloga y estudiaba en el mismo colegio donde alguna vez estudio Luisa Tirado, antes de que los problemas familiares la obligaran a retirarse de sus estudios, sin tener el bachillerato, y dedicarse a cuidar niños. “Yo la distinguía. Cuando me enteré de su muerte solo pude decir: ‘Esa pude haber sido yo’”, dice.

El expediente de Ramírez Meza permanece en fase de investigación, sin ningún uniformado vinculado a un proceso penal, dado que las autoridades no encontraron el proyectil del arma de fuego utilizada. En los últimos cinco años, los únicos procesos de las víctimas de este episodio que han avanzado tienen algo en común: sus cuerpos alojan la llamada ‘prueba reina’: la bala. En esos casos se logró comparar el número serial del proyectil y las armas de dotación asignadas a los uniformados de aquella noche. 

Por ejemplo, el único expediente que tiene sentencia condenatoria, y de primera instancia, es el resuelto en diciembre de 2024 cuando el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá falló en contra del antes patrullero, hoy detenido, Jhon Antonio Gutiérrez. Fue sentenciado por el delito de homicidio por el asesinato de los jóvenes Andrés Felipe Rodríguez, de 23 años, y Jaider Alexander Fonseca, de 17 años y padre de familia. Ambos fueron impactados en inmediaciones del CAI Verbenal, al norte de Bogotá.

En la sentencia, el juzgado argumentó que en una sociedad es “inadmisible que un uniformado, llamado a ser escudo y no filo, haya atentado contra aquellos que alzaban su voz en forma protesta”. Por la misma línea va el caso de la joven Angie Paola Baquero, de 29 años, quien murió tras ser impactada también en inmediaciones del CAI Aures, en la localidad de Suba. Según acusa la Fiscalía, el proyectil encontrado coincide con el arma de dotación asignada al patrullero activo Jorge Andrés Lasso Valencia. Este caso permanece en etapa de juicio.

Pero el expediente de Luisa Tirado sigue en etapa preliminar de investigación en la Fiscalía, pues la prueba reina que podría identificar a su victimario está alojada en su pulmón izquierdo. Los médicos coinciden en que extraer el proyectil requiere un procedimiento tan delicado que podría costarle la vida a Tirado. 

“La última vez que me vio el doctor, me dijo que sacar la bala sería como escarbar en la tierra. Me tendrían que abrir demasiado el cuerpo, y en el pulmón hay muchos tejidos y nervios muy delicados, por lo que hay un alto riesgo de morir desangrada. Yo puedo ‘quedarme’ en la cirugía. Me dicen que la bala al final será un cuerpo extraño y que, con el pasar de los años, será envuelta en mi tejido. Pero yo sí quisiera saber quién me disparó. Me sentiría más tranquila, porque yo vivo todos los días con esa duda. Ese policía debe estar por ahí, haciendo de las suyas. Aquí hay una persona herida y quizás ni sabrá. Debe estar trabajando como si nada”, concluye Tirado.

La demanda contra el Estado

Derecho a la vida, familia, integridad personal, honra de los ciudadanos y a la protesta social. Esos son los derechos fundamentales que, de acuerdo con dhColombia, le vulneraron a Luisa Tirado entre la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Así está plasmado en una demanda contra las instituciones del Estado que reposa en el Juzgado 66 Administrativo del Circuito de la capital, con la que se busca declarar oficialmente su culpabilidad por lesiones personales y tentativa de homicidio.

Con la acción judicial se solicitaron una serie de reparaciones, entre ellas que la Policía Nacional financie un informe a realizar por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación sobre violencia ejercida por agentes de esa institución durante el 9S. Además, la defensa de Luisa Tirado solicitó un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de la Policía, una indemnización por daños y perjuicios, y renombrar el lugar donde sucedieron los hechos.

Para Karol Vega, una de las abogadas que acompaña a Tirado, la entonces alcaldesa Claudia López y sus secretarios de Gobierno y Convivencia tenían “el deber de coordinar las acciones de salvaguarda de la población civil con la Policía de Bogotá. Las autoridades tenían conocimiento desde muy temprano de las movilizaciones que se estaban presentando en todos los puntos de la ciudad. Vieron la situación en tiempo real a lo largo del día y nunca emitieron órdenes directas para mitigar los riesgos y prevenir los asesinatos y lesiones personales por parte de la institución. Creemos que es una omisión directa de sus funciones”, explicó la defensora.

La demanda establece que las autoridades permitieron “no solo que uniformados que portaban sus armas de fuego estuvieran en inmediaciones de las manifestaciones, sino que accionaran sus armas en contra de la población civil desarmada”. En lo que respecta al CAI Aures, y por ende al caso de Tirado, quien tenía el mando de la zona era el coronel Juan Pablo Corbacho, que era comandante de la Estación de Policía de Suba. Y quien estaba al frente del CAI Aures era el teniente Rafael Gil.

Las investigaciones sobre el 9S

En diciembre de 2022, dhColombia solicitó al entonces fiscal general, Francisco Barbosa, que adelantara una imputación contra dos oficiales de la Policía por su presunta responsabilidad de mando al menos en los casos relacionados con el barrio Verbenal. Se trata del teniente Reinero Alberto Cuartas, quien servía como comandante del CAI Verbenal, y el coronel Roberto Carlos Sánchez, antes comandante de la Estación de Policía de Usaquén, que cubre esa parte de la capital.

Han pasado casi tres años y el ente investigador no se ha pronunciado. La organización defensora de derechos humanos considera que es uno de los mecanismos para hallar justicia en aquellos expedientes donde nunca se encontró el proyectil de los fallecidos: Julián González Fory; Cristian Hernández Yara; Julieth Ramírez; Germán Puentes Valero; Freddy Mahecha Vásquez; Cristian Hurtado Meneses; Lorwan Mendoza; Eider Arias; Anthony Estrada Espinoza; y Marcela Zúñiga. Y también a favor de quienes sufrieron lesiones de la gravedad del caso Luisa Tirado.

El 15 de septiembre de 2020, el expresidente Iván Duque visitó varios CAI en Bogotá, portando la chaqueta institucional como signo de respaldo a la Policía. No obstante, en comunicación pública del 16 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció condenando el uso excesivo de la fuerza. Desde entonces, el órgano internacional exhortó al Estado a “investigar y esclarecer estos hechos, así como a juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, llama a las autoridades a ordenar el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza”.

Además, el 22 de septiembre siguiente, con la coyuntura al rojo vivo, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo histórico en el que protegió el derecho de los ciudadanos a manifestarse y le ordenó a las autoridades “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”.

Pero el tiempo ha pasado y los resultados de la Fiscalía han sido escasos. 

“A mí todavía me cuesta comer. A veces me duele el pulmón por la parte de atrás. Yo puedo estirar muy poco la cabeza hacia atrás. Siento que necesito un psicólogo. Yo como que quisiera desaparecerme del mundo. Hasta intenté tirarme por la ventana. Yo a veces me he cortado y pensado cosas malas”, dice Tirado. 

Todos los días recuerda aquel 9 de septiembre de 2020, unas veces con la intención de hacerse daño, otras veces buscando el norte de su vida. “Quedé muy sorprendida de por qué quedé viva. Siempre he tratado de conocer por qué Dios me dejó con vida y cuál es mi propósito. Estoy viviendo otra oportunidad”, dice.