La resistencia noviolenta de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: ejemplo de paz y resiliencia

El pasado 19 de marzo de 2024, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó fue nuevamente escenario de una vulneración de los derechos humanos. Nallely Sepúlveda, una mujer de 30 años y madre de tres hijos, junto a su cuñado Edison David, de 14 años, fueron asesinados en la finca Las Delicias, un predio comunitario de la Comunidad de Paz. Este evento resalta la constante amenaza y la vulnerabilidad que enfrentan los miembros de esta organización pacífica, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse neutrales en medio del conflicto armado en Colombia.

A esta situación se suman las extorsiones que el llamado Clan del Golfo les ha impuesto, las cuales buscan ser más una muestra de control sobre la zona, que una forma de lucro. Adicionalmente se han denunciado manipulaciones a organizaciones de la sociedad civil, especialmente juntas de acción comunal, para hacerlas aparecer justificando el exterminio de la Comunidad de Paz.

La Comunidad de Paz 27 años resistiendo la violencia

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una organización de campesinas y campesinos que, desde 1997, se ha resistido a involucrarse en el conflicto armado colombiano. Esta resistencia les ha costado caro, ya que han sido víctimas de repetidas violaciones de derechos humanos por parte de los actores del conflicto, especialmente los paramilitares y las fuerzas armadas estatales.

A pesar de estas adversidades, la Comunidad de Paz ha sido un ejemplo internacional de resistencia noviolenta. Su compromiso con la paz y la justicia le ha valido varios reconocimientos internacionales. El más reciente fue en mayo de 2024, cuando recibieron el «Premio Florian Kuntner» en Viena, otorgado por la Comisión Diocesana para la Iglesia Mundial y la Cooperación al Desarrollo Austriaco, en reconocimiento a su destacada iniciativa mundial.

El fenómeno paramilitar y las multinacionales en Colombia

El paramilitarismo ha tenido un impacto devastador en Colombia. Según el sacerdote jesuita e investigador en derechos humanos Javier Giraldo, la principal modalidad de respaldo y apoyo al paramilitarismo es la impunidad completa, hacerse de la vista gorda. Esta impunidad ha permitido que los paramilitares operen con libertad, cometiendo actos de violencia contra comunidades como la de San José de Apartadó.

El pasado 10 de junio se conoció un fallo de un juez del Distrito Sur de Florida, en los Estados Unidos, contra la empresa Chiquita Brands, encontrándola culpable de financiar a paramilitares en Colombia. Este veredicto es un paso significativo hacia la justicia, ya que expone la complicidad de grandes corporaciones en el conflicto armado y sus consecuencias devastadoras para comunidades vulnerables.

La conexión de Chiquita Brands con el paramilitarismo ha sido documentada extensamente, una acción judicial anterior ya había demostrado que la empresa entregó al menos 1,7 millones de dólares a las AUC a través de su filial en Colombia Banadex. La empresa no solo pagaba dinero, sino que también proporcionaba a los paras logística, para la exportación de drogas y la importación de armas.

Según la prensa internacional, el juez Kenneth Marra y los 10 jurados escucharon las versiones de los campesinos y de la empresa, y también los testimonios de algunos exjefes de las AUC como Salvatore Mancuso; Éver Veloza, conocido como HH, del Bloque Bananero; Raúl Emilio Hazbún (Pedro Bonito), excomandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá; y Jesús Ignacio Roldán, mejor conocido como Monoleche.

¿Pronto más justicia?

La relación de esta empresa con la violencia en Colombia no es nueva. Minor Keith, fundador de Chiquita Brands, entonces llamada United Fruit Company, tuvo un controvertido historial en América Latina, incluyendo la «Masacre de las Bananeras» en 1928 en Colombia. También fue la creadora del concepto de banana republic con el que se despreció y desestimuló el desarrollo de la democracia en muchos países de América Latina, incluyendo el golpe de estado a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Esta sentencia sienta un precedente, si bien inicialmente sólo se está indemnizando un grupo reducido de víctimas, podría extenderse a las 106 víctimas que el juzgado ya reconoce como tales.

Arley Tuberquia, uno de los miembros del concejo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, considera la decisión judicial estadounidense como un precedente importante para la justicia colombiana. Otras empresas acusadas también de pagar a grupos paramilitares a cambio de seguridad y favores incluyen a Ecopetrol, Drummond, Postobón y Coca-Cola, las cuales podrían ser juzgadas bajo este precedente.

Tuberquia enfatiza la necesidad de que estos procesos avancen a nivel nacional, con las víctimas como principal foco, mientras recuerda que “la decisión contra Chiquita Brands confirma nuestras denuncias”.