Sala de Apelaciones de la JEP decide la expulsión definitiva de Robinson Javier González del Rio

Dos años tardó la JEP en declarar lo evidente, el coronel en retiro del ejército nacional, Robinson Javier González del Río, continuó participando en estructuras criminales vinculadas al paramilitarismo y el tráfico de drogas.

El 1 de junio de 2022 dhColombia solicitó, sustentó e impulsó junto al MOVICE y la Corporación Jurídica Libertad que Robinson González del Rio fuera expulsado de la JEP y se abandonará la mala práctica de la JEP de otorgar beneficios a militares sin hacer un control estricto del cumplimiento del régimen de condicionalidad, pues en el presente caso existía abundante evidencia que vinculaba a quien fungió como coronel del Ejército al crimen organizado, en concreto a la estructura denominada Cordillera Sur del Clan del Golfo, al mando de alias Matamba.

Dicha solicitud primero fue de conocimiento de la Sala de Reconocimiento, órgano que, pese a ya haber escuchado al ex militar en versión voluntaria, no atendió el requerimiento de las víctimas indicando que aunque él hubiera cometido ejecuciones extrajudiciales en al menos cinco departamentos, de acuerdo a su priorización, ya no pertenecía al caso 003 y no era un máximo responsable nacional, remitiendo así la solicitud  a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas- SDSJ, ante la cual se presentó insistencia en la expulsión, solicitando la recolección de evidencia y la definición de forma urgente del asunto. Sin embargo, no fue hasta octubre de 2023 que la SDSJ emitió decisión valorando como de gravedad media su reincidencia criminal, lo que lo hacía merecedor de perder la libertad provisional otorgada (la cual ya estaba comprometida por decisiones de la justicia penal ordinaria por su vinculación criminal) manteniendo el sometimiento a la JEP, a nombre de los derechos de las víctimas.

dhColombia y los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Unidad Militar que comandó el Teniente Coronel retirado González del Río, que representamos y acompañamos, sin justificación racional fuimos progresivamente excluidos del trámite por la SDSJ, al punto que nos fue prohibido participar en las audiencias, no se nos dio a conocer la decisión de octubre por lo que tampoco pudimos presentar recursos.

Con esta decisión tardía se demuestra que la JEP y los beneficios que otorgan a militares de manera anticipada, sin que hubieren hecho aportes efectivos a verdad, pueden convertirse en alicientes para la continuidad criminal, por lo que el mecanismo de justicia transicional se torna tolerante con que violadores de derechos humanos continúen en las fuerzas militares y que, si no fuera por las personas víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, la JEP no haría un seguimiento exhaustivo de los compromisos.

Es importante recordar que este alto oficial del ejército tenía gran influencia sobre las tropas por su actividad previa como oficial de formación, estuvo vinculado a la negociación de decisiones ilegitimas del Consejo Superior de la Judicatura que beneficiaban a oficiales vinculados a cosas de homicidio, fraude a la justicia conocida como la doctrina Villarraga y al tráfico de contratos en el Ministerio de Defensa como contraprestación a estas acciones.

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