Hace dos años, el joven Cristian David Castillo de la Ossa, de 23 años de edad, fue ejecutado de forma extrajudicial. Cristian David es una más de las numerosas víctimas mortales del paro nacional de 2021. En esta ocasión, el día 22 de julio en el sector de Suba, noroccidente de Bogotá, Cristian David fue asesinado por un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – el cual disparó un lanzagranadas de manera directa y lineal, infringiendo los parámetros y protocolos definidos nacional e internacionalmente, que impactó en la cabeza del joven.
Es claro que la ejecución extrajudicial de Cristian David, cometida por el patrullero del ESMAD Gonzalo Moreno Gordillo, fue efectuada intencionalmente por parte del patrullero que aprovechó de las circunstancias de indefensión en que este se encontraba el joven y la corta distancia, para así, con total alevosía, disparar el gas lacrimógeno en dirección al cuerpo, teniendo como único propósito el de asesinarlo.
A dos años de los hechos, el avance de la justicia es poco y lento pues, aunque existe gran acervo probatorio en contra del patrullero que portaba y disparó el gas lacrimógeno, apenas se va a iniciar la audiencia preparatoria, la cual ha sido suspendida en múltiples ocasiones como estrategia de dilación del proceso.
La Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – dhColombia – y él abogado Defensor de Derechos Humanos Jorge Molano, han solicitado por más de un año, a la Fiscalía General de la Nación adelantar las labores probatorias que permitan establecer la responsabilidad de los superiores del patrullero, en particular de quienes llevaban el mando del ESMAD tanto en Bogotá como en la localidad de Suba, entre ellas las del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Ello, porque el asesinato de Cristian David no es un hecho aislado, en tanto se configuró en el marco de acciones sistemáticas que venían adelantándose en contra de los manifestantes, lo que implica necesariamente establecer los diferentes niveles de responsabilidad de mando. Por la negligencia del ente investigador hasta hoy ha sido imposible que la investigación se enfoque también en los máximos responsables que fueron permisivos y han encubierto esta ejecución extrajudicial.
Una evidente manifestación de la impunidad que rodea los graves crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, es que los patrulleros que dispararon en contra de la población civil y asesinaron manifestantes continúan vinculados a la institución y no se adoptan las medidas restrictivas de la libertad que les debería cobijar.
Desde dhColombia, seguimos haciendo el llamado al gobierno nacional para que se inicie un verdadero y efectivo proceso de depuración de la fuerza pública, se investigue, sancione y judicialice a los responsables de los cientos de crímenes cometidos en el marco del paro nacional y se desmonte el aparato criminal que existe al interior de la policía nacional y del ESMAD.
