Un reportaje de Juan Vélez Rojas – CIJ –
Publicado inicialmente en: https://www.icj.org/es/colombia-defensores-de-derechos-humanos-continuaron-bajo-presion-y-ataques/
Durante varias décadas, Colombia ha sido un país peligroso para que las personas defensoras de derechos humanos realicen su crítica labor. A pesar de las medidas del Gobierno para protegerlos y la firma del Acuerdo de Paz de 2016, esta situación no ha cambiado.
Un informe de 2020 (A/HRC/46/35) de la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, señaló que según documentación producida por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre 2015 y 2019, Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos en el mundo.
En ese mismo informe, la Relatora Especial destacó que, según la ACNUDH, entre 2015 y 2019, personas defensoras de los derechos humanos habían sido asesinados en al menos 64 países. En ese período, la ACNUDH registró 1.323 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 933 (70,52%) se cometieron en la región de América Latina y el Caribe. En Colombia se cometieron 397 asesinatos, es decir, el 30 por ciento del total de personas defensoras de los derechos humanos conocidos y registrados a nivel mundial.
Datos de la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) señalan una situación atroz de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia guerrilla – Ejército del Pueblo, FARC-EP. Según la documentación realizada por INDEPAZ, del 24 de noviembre de 2016 al 23 de noviembre de 2021 fueron asesinados en Colombia 1.270 personas defensoras de los derechos humanos, entre ellos líderes sociales, como representantes de grupos campesinos e indígenas.
Estas cifras evidenciaron un aumento significativo en el número de asesinatos de defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, según la organización humanitaria colombiana Somos Defensores, durante los siete años previos a la firma del Acuerdo de Paz (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) fueron asesinados 426 defensores de derechos humanos.
Los datos de INDEPAZ también indicaron que en 2022 fueron asesinados 189 personas defensoras de los derechos humanos, el cuarto año con el mayor número de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz.
Varias organizaciones de la sociedad civil han vinculado el vacío dejado por las FARC-EP y las actividades ilícitas de varios grupos armados criminales ilegales, incluidos los ataques armados para controlar territorios para la producción de coca, con el aumento en el número de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos.
La información recabada por INDEPAZ reveló que los asesinatos en 2022 se han producido en 29 de los 32 departamentos del país, pero se han concentrado en mayor medida en las regiones del Cauca (27 muertes); Nariño (22 muertes), Antioquia (20 muertes), Putumayo (18 muertes), Valle del Cauca (15 muertes) y Arauca (13 muertes).
Ver infografía:
Los datos de INDEPAZ mostraron que los líderes comunales fueron los más atacados. De los 189 asesinatos cometidos en 2022, 61 víctimas pertenecían a este tipo de liderazgo social; seguido por miembros de grupos indígenas, con 45 muertes; líderes cívicos (31), campesinos (12) y afrodescendientes (12).
Estos datos parecen revelar la escalada del conflicto armado en varias regiones del país. Al respecto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunció, en un informe de 2021, la existencia de seis conflictos armados internos en Colombia.
A pesar de la existencia de leyes y diversos mecanismos de protección para personas defensoras de los derechos humanos establecidos por los diferentes gobiernos colombianos desde 2016 (Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro), diversos organismos internacionales y expertos han destacado que estos son ineficaces o no han sido implementados eficazmente.
Para comprender mejor esta situación, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) habló con Yurley Alejandra Gallo, abogada de derechos humanos que trabaja para la organización de la sociedad civil colombiana dhColombia. Gallo criticó el trabajo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), una institución gubernamental encargada de proteger a las personas que reciben amenazas contra su vida o integridad personal, incluidos los defensores de derechos humanos. En particular, señaló que la UNP no ha logrado llevar a cabo las estrategias para proteger de manera efectiva a las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo la prevención de riesgos, estrategias para contrarrestar amenazas y minimizar vulnerabilidades”.
La abogada de derechos humanos, Jeimi Aguilera, también criticó los esfuerzos de las autoridades colombianas. En particular, destacó que las autoridades del país no han considerado que los asesinatos, hostigamientos y amenazas contra personas defensoras de los derechos humanos tenían un carácter sistemático. Aguilera también señaló que era problemático que algunas autoridades abordaran los ataques, amenazas y hostigamientos contra personas defensoras de los derechos humanos como delitos vinculados a su vida privada y personal. Es decir, las autoridades han considerado erróneamente que los ataques o agresiones provienen del ámbito privado de los/as defensoras de los derechos humanos y no de su trabajo.
Óscar Montero, líder indígena del pueblo Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, y defensor de los derechos de los pueblos indígenas, le comentó a la CIJ que la sociedad y el Gobierno deben seguir insistiendo en implementar programas que realmente garanticen la vida de los pueblos indígenas de Colombia y de las personas defensoras de los derechos humanos.
“Si bien tenemos una serie de decretos, de leyes, de normas, de declaraciones en este país; realmente, hay que decirlo, estamos en un país donde se crea la ley, pero no se implementa y no se garantizan los derechos de los pueblos indígenas y sus defensores en Colombia. Podemos decir que ha habido, en el papel, mucha normatividad, pero al momento de implementarlas, al momento de desarrollarlas y de hacerlas efectivas quedan cortas a la dimensión y a la situación de violencia que se vive en este país”, manifestó Montero ante la CIJ.
“No tenemos protección de nuestras vidas. Existe una unidad, como la Unidad Nacional de Protección, y no tiene enfoque diferencial para atender de manera individual, colectiva y territorial los territorios y comunidades indígenas en el país”, manifestó Montero.
¿Qué dicen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos?
Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado la ausencia de control efectivo por parte del Estado sobre varias regiones del país, especialmente zonas que anteriormente se encontraban bajo el control de las extintas FARC-EP.
En 2021, la CIDH constató que en Colombia la violencia se concentró en territorios de la región del Pacífico y en el departamento de Antioquia. Se trata de territorios que, según la CIDH, se han caracterizado “por una limitada presencia del Estado, donde grupos armados ilegales han cometido y compiten por el dominio y control de las diferentes economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal, acaparamiento de tierras, entre otras)”.
Por su parte, la OACNUDH, en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante 2021, destacó que los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, líderes y líderes sociales, verificados en los últimos dos años, fueron perpetrados por miembros de grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
La OACNUDH constató que “la mayoría de las víctimas eran defensores de la tierra y el territorio, del medio ambiente, de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas, así como personas que defendían los programas creados por los Acuerdos de Paz, tales como el PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito)”.
Además, según la OACNUDH, los asesinatos de líderes comunitarios han sido uno de los patrones más destacados de ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de los derechos humanos. Un patrón generado por la búsqueda de control territorial por parte de actores armados no estatales para realizar actividades económicas ilícitas, garantizar el control de corredores para el narcotráfico, y la apropiación ilegal de las actividades económicas más lucrativas y proyectos extractivos.
“Estos asesinatos debilitan las estructuras organizativas de las comunidades afectadas y su capacidad para resistir la violencia, la explotación y el despojo de su territorio por parte de actores armados. Estos asesinatos debilitan las estructuras organizativas y el tejido social de las comunidades afectadas”, destacó la OACNUDH en el informe.
Según el mismo documento de la OACNUDH, como consecuencia de las amenazas, los/as defensoras de los derechos humanos, en gran medida, cesaron su activismo, bajaron su perfil, desistieron de sus cargos y responsabilidades como líderes comunitarios, abandonaron sus comunidades. Algunos de ellos abandonaron el país.
La gravedad del escenario actual hace imperativo que el Estado colombiano adopte medidas correctivas para asegurar la implementación efectiva y oportuna de las medidas existentes para la protección de la vida e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
En particular, es importante garantizar el funcionamiento eficaz de una serie de estrategias de protección. Entre ellas se encuentran, especialmente, las medidas de protección otorgadas por la UNP como el uso de escoltas, analistas de riesgo y carros blindados, así como canales de comunicación que involucran el uso de línea gratuita y un canal vía correo electrónico para denunciar amenazas y solicitar protección. También el fortalecimiento de las respuestas interinstitucionales, una estrategia para la “desestigmatización” de las personas defensoras de derechos humanos y el fortalecimiento de los procesos de investigación,juzgamiento y sanción de los delitos cometidos contras las personas defensoras de los derechos humanos.
Sobre los compromisos asumidos por el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, Óscar Montero espera que las promesas se materialicen y que se implementen todas las medidas de protección: individual, colectiva y territorial. También espera que avancen los procesos de diálogo y se ponga fin a las agresiones físicas y culturales contra los pueblos indígenas en Colombia.
“Yo creo que es muy importante que la sociedad colombiana pueda seguir acompañando y defendiendo a sus defensores de derechos humanos; porque en muchas situaciones y en lugares del país somos la voz de esas comunidades que no se atreven a seguir denunciando, que no se atreven a seguir diciendo lo que les está pasando a pesar de estar confinadas, desplazadas (…) Aún y así, cuando nos están matando, cuando nos están amenazando, somos capaces de seguir denunciando, porque creemos que no podemos dejar solas a las comunidades y esos territorios donde realmente la violencia sigue encriptada”, concluyó el líder indígena.