EPM, Hidroituango, gobiernos locales, departamental y nacional incumplieron medidas cautelares en favor del medio ambiente y de las comunidades víctimas de Hidroituango

Cañón del río Cauca en Antioquia, 03 de junio de 2021

Una vez más las medidas cautelares, adoptadas por el Juez 75 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Bogotá, quedan en firme para su cumplimiento total por parte de
las entidades que fueron llamadas a conformar las mesas, desde ya hace casi dos años (mes
de junio de 2019). Acciones tendientes a disminuir las afectaciones de las comunidades
victimas del proyecto hidroeléctrico Ituango.


Desde el 30 de octubre al 11 de diciembre del año anterior, en la ciudad de Bogotá, se llevó a
cabo la audiencia de verificación del cumplimiento de las medidas cautelares en el proceso
penal ambiental, diligencia en la que EPM, Sociedad Hidroituango, la Fiscalía y la Procuraduría
General de la Nación afirmaron el acatamiento y cumplimiento de las medidas cautelares, aun
persistiendo en el territorio el riesgo y la vulneración de los derechos fundamentales de las
comunidades afectadas por el proyecto
. Sin embargo, el Juez 75 luego de escuchar a cada
una de las partes procesales decide decretar el incumplimiento de las medidas cautelares y
ordena algunas medidas adicionales para el cabal cumplimiento de las mismas, en el
entendido que a la fecha no se tiene certeza de la estabilidad del macizo rocoso, no hay una
protección ni garantía real de los derechos fundamentales de las comunidades víctimas de
Hidroituango y no se realizó las audiencias públicas para informar a la sociedad la situación
actual del proyecto con relación a su estabilidad. Contra este fallo presentaron apelación EPM
cuyo abogado defensor fue Jaime Granados quien a su vez coordinó la apelación realizada
por la Sociedad Hidroituango; Fiscalía y Procuraduría.


El pasado lunes 31 de mayo de la anualidad se realizó la audiencia de lectura de fallo de la
decisión del recurso de apelación contra la continuidad de las medidas cautelares y en la que
una vez analizado los argumentos de los apelantes la Jueza 7 Penal del Circuito con función
de Conocimiento de Bogotá mantiene las medidas cautelares otorgadas, argumentando que
es vital para la judicatura el ejercicio de potestad ante los efectos del riesgo sobre el ambiente,
mediante una perspectiva cautelar en las que el ejercicio del control evite la degradación de la
naturaleza. Además, que las decisiones que tomó en su momento el Juez 75 no lo hizo de
manera arbitraria ni apresurada, sino que fue razonable y proporcionada, contando con un
mínimo de evidencias que permitieron acreditar la objetividad y razonabilidad del daño, lo que
permitió que este juez redundara en la protección de los derechos fundamentales de la
población afectada por el proyecto y de allí que su decisión fuera el no cumplimiento total de
las medidas cautelares.

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