Seis militares deben pagar 34 años como copartícipes de crimen de 8 miembros de comunidad de paz.
La masacre se registró el 21 de febrero de 2005. Los miembros de la comunidad de paz tienen medidas de protección de la CIDH y de la Corte Constitucional.Foto:
Cortesía Jesús Abad Colorado
Por: Unidad Investigativa11 de mayo 2019 , 07:56 p.m.
Los cuerpos mutilados y decapitados de 3 niños y 5 adultos, miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó, Antioquia, quedaron abandonados en medio de la selva y en fosas a medio tapar, el 21 de febrero de 2005.
La masacre fue cometida por 50 paramilitares del bloque Héroes de Tolová. Pero a pocos metros del lugar, estaban militares del Batallón Francisco de Paula Vélez, quienes, durante cinco días, patrullaron conjuntamente con los ‘paras’ y compartieron campamentos, raciones de campaña y hasta a ‘Jonás ‘ y ‘Ratón’, dos guías de las autodefensas.
Los militares nunca dieron aviso de cómo los ‘paras’ degollaron a tres niños y masacraron a sus padres, y durante 14 años han alegado los hechos.
Pero hace 4 días, Jorge Molano y Germán Romero, abogados de las víctimas, fueron notificados de que la sala penal de la Corte Suprema condenó a 34 años a dos oficiales y cuatro suboficiales, por su coparticipación y responsabilidad en esa masacre a la que Estados Unidos le sigue la pista. Además, desde marzo 27, ordenó su captura y el pago de 15.000 millones de pesos de multa.Del ‘reality’ a la masacre
Del ‘reality’ a la masacre
“El fallo prueba el actuar premeditado, permanente y coordinado de militares y ‘paras’ contra la Comunidad de Paz y el exterminio al que la Brigada XVII ha intentado someterla”, le dijo Romero a este diario.
En efecto, EL TIEMPO estableció que la Corte echó por tierra el fallo absolutorio que la juez segunda penal del circuito especializado de Antioquia, Catalina Henao, emitió el 4 de agosto de 2010, bajo el argumento de que no había evidencia de que ‘paras’ y Ejército hubieran trabajado juntos.
Y, basados en testimonios y evidencias, los magistrados condenaron al teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, entonces comandante del batallón Francisco de Paula Vélez, y al oficial de operaciones, mayor José Fernando Castaño. El fallo también cobija a los sargentos Henry Agudelo Cuasmayán y Ángel Padilla Petro; al cabo segundo Sabarín Cruz Reina y al cabo tercero Ricardo Bastidas Candia.
Otro de los implicados, el capitán Guillermo Gordillo, confesó que estaba cuidando un ‘reality’ en Capurganá, Chocó, cuando sus superiores lo llamaron para darle instrucciones verbales del operativo, falseando esquemas de maniobra. La idea era culpar de la masacre a las Farc, usando testigos pagos por los ‘paras’, que fueron exhibidos por altos funcionarios del gobierno Uribe ante diplomáticos, el Congreso y la Fiscalía.‘Faltan más militares’
La investigación señala que para ejecutar el plan se dictó la Orden de Operaciones Fénix por parte de la Brigada XVII. Además, se le unió la misión ‘Feroz’, en cuya planeación participó el Comando Conjunto Caribe, a cargo del general Mario Montoya, hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ‘falsos positivos’.
Por esta masacre, en 2013 fueron llamados a indagatoria los generales (r) Luis Alfonso Zapata y Héctor Fandiño Rincón. Pero el caso no se ha movido en la Fiscalía. Y si bien esta condena puede ser impugnada, la evidencia es tan demoledora que algunos dan por descontado que será ratificada.
Además, la defensa de las víctimas se opone a que los responsables pasen a la JEP, como lo hicieron otros soldados. “Esta no fue una masacre vinculada al conflicto. Es una comunidad neutral y si la JEP acepta a los responsables de mayor rango se va a convertir en un escampadero y lavadero de condenas”, dijo Romero.
También rechazó una indemnización a víctimas, avalada por el Consejo de Estado, en la que, según él, mienten sobre lo sucedido.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa
Fuente del artículo El Tiempo