JEP19 Abr 2019 – 9:00 PMAlejandra Bonilla Mora / @AlejaBonilla
En el Congreso, luego de la estocada a las objeciones presidenciales en la Cámara de Representantes, la reforma a la Ley Estatutaria de la JEP apenas sobrevive. Mientras tanto, ¿qué pasa con quienes han recurrido a la jurisdicción especial, como el general (r) Montoya o las víctimas?
La disputa por las objeciones que el presidente Iván Duque hizo a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aún es un camino de espinas. La Corte Constitucional dejó en claro que el Congreso sí puede tramitarlas, pero, luego de que las propuestas del mandatario se hundieran estrepitosamente en la Cámara de Representantes (110 votos contra 44) el pasado 8 de abril, su futuro es más que incierto. Apenas termine Semana Santa será el turno del Senado para votar. El resultado de esa contienda será el derrotero para lo que viene en los panoramas legislativo y judicial.
En espera de que este tema tan complejo como importante se resuelve, la JEP sigue funcionando sin reglas de juego. Ante ese escenario, El Espectador consultó a los abogados de algunos de los comparecientes ante esta justicia especial y a representantes de víctimas. Porque, mientras el presidente Duque trata de ponerle el sello uribista a esa norma, es un hecho que algunas de las personas que han pedido acogerse a esa jurisdicción son cercanas al uribismo. Lo hicieron, por ejemplo, los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega, condenados por ofrecer sobornos a congresistas como Yidis Medina para que votaran a favor de la reelección presidencial, modificación que benefició directamente a Álvaro Uribe.
Ambos suscribieron actas de sometimiento a la JEP en abril de 2017, pero esta instancia no les ha dado aún respuesta. Igualmente lo hizo, en octubre de 2018, el general en retiro Mario Montoya, excomandante del Ejército. El alto oficial (r) comparece ante esa justicia especial por presunta relación con ejecuciones extrajudiciales, en el denominado caso 003. Anunció que no reconocerá responsabilidad y espera demostrar su inocencia en juicio ante el Tribunal de Paz. Para que esto pase, para que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP pueda indagar y eventualmente llamar a juicio a cualquier compareciente, se necesita la ley estatutaria.
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El abogado de Montoya, Andrés Garzón, aseguró a este diario que, en este momento, la JEP puede seguir funcionando, pues los procesos en esta justicia especial están en una etapa muy preliminar. Según Garzón, se puede continuar procesalmente utilizando el acto legislativo 01 de 2017 con que se creó la JEP, la Ley de Amnistía e Indulto y la ley de procedimiento de la JEP. “Pero, a mediano y largo plazo, es necesario que exista una ley estatutaria que dé un sustento sólido a las actuaciones posteriores, especialmente cuando no se va a reconocer ningún tipo de responsabilidad”. Es decir, cuando se espera ir a juicio en el tribunal de paz.
La razón para ello es que la ley estatutaria fija las reglas de juego para esa etapa. El abogado Garzón comparte, a título personal, las objeciones que hizo el presidente, por considerar que son temas sensibles y de “transcendental importancia”, como la relacionadas con delitos sexuales contra menores. Garzón representa igualmente al exgobernador de Arauca Julio Acosta Bernal y al excongresista Julio Manzur. Ambos pidieron pista en la JEP. “Para los militares, la JEP es su juez natural. Los agentes no miembros de la Fuerza Pública y terceros también irán a demostrar su inocencia. Esa situación no tiene nada que ver con las objeciones”, anotó.
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No todos los abogados están de acuerdo con que la ley estatutaria sea tan urgente, porque si bien es necesaria, el tribunal de paz todavía está “crudo”. Así opina el abogado Édgar Torres, quien representa a algunos oficiales de alto rango procesados por graves crímenes, como el general en retiro Rito Alejo del Río, quien fue condenado a 25 años de prisión por la muerte de Marino López Mena en 1997, durante la operación Génesis, que terminó en una incursión paramilitar. Torres también defiende al coronel Jorge Plazas Acevedo, procesado por el crimen del periodista Jaime Garzón. Ambos militares han manifestado que se acogen a la JEP, pero en “calidad de inocentes”.
Aunque señala que sí se necesita la ley, Torres dice que por ahora no es urgente porque existen otras normas que fijan reglas de juego. “Si se quieren quedar con una batalla de odios y rencillas partidistas, que lo hagan, con lo que está podemos tomar decisiones”, dijo. “El tribunal no entrará a funcionar sino hasta junio del año entrante. De ninguna manera hasta ahora se avizora la primera acusación formal de la Unidad (de Investigación y Acusación) en contra de un compareciente”, agregó. El abogado Torres indica que, en todo caso, la Unidad de Investigación ya está operando.
“Si no pudiera funcionar la JEP sin la ley estatutaria, nada de lo que ha pasado hasta ahora podría haber pasado. No hubieran podido comparecer los señores de las Farc por secuestros, no habría podido presentarse el general Montoya en audiencia”, dijo. Eso sí, para Torres es claro que la JEP no puede caerse, ni puede quedarse sin ley, pues la Corte Constitucional ya falló al respecto. El abogado explicó que si el Congreso llegara a negar las objeciones y el presidente a sostenerse en estas, el jefe de Estado tendría que devolver la ley al Congreso nuevamente y ahí el presidente del Senado tendría que sancionarla.
“Un fallo como el de la Corte sobre la exequibilidad de esa norma no se puede desconocer. Sería entrar en una tiranía y no es posible, la democracia impone el procedimiento”, añadió, mostrando una postura que resulta controversial para otros juristas consultados por El Espectador. De acuerdo con el abogado Germán Romero, quien representa en la JEP a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, la ley sí es necesaria porque las objeciones estarían mandando un mensaje político complicado, así los procedimientos por ahora no se afecten. “Es una situación que aplaza que se apruebe la ley y que advierte de una intención de hacer modificaciones profundas alsistema de justicia transicional”, sostiene.
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Este defensor asegura que los casos que lleva su oficina no se han afectado ante la ausencia de ley, sino debido a la demora de los procedimientos en esa justicia especial. “Están en una fase muy preliminar. Yo hago parte de las personas que no le entregan un cheque en blanco de credibilidad a la JEP simplemente porque existe. Hay cosas muy complicadas. En esta etapa no se resiente tanto, pero en breve, cuando se complejicen los procedimientos, cuando se necesite el procedimiento contradictorio, en ese se momento se sentirá el vacío de la ley estatutaria”, señaló Romero.
Las críticas de Romero apuntan a que la JEP no ha explicado todavía los criterios que usará para priorizar casos. “Muchos familiares no saben si su caso está en la Fiscalía, en un juzgado o en la JEP. Las víctimas están quedando por fuera”. De otro lado, para el abogado Mauricio Pava, quien representa al empresario y exsenador David Char, si bien el presidente puede hacer objeciones por inconveniencia, “la crítica destructiva e intransigente frente a la JEP no aporta, no construye paz”. Además indicó que, si bien se puede seguir sin esta ley, esa norma es necesaria para fijar los límites de la libertad interpretativa de la JEP.
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“Esta es una oportunidad para la JEP de consolidar el proceso de paz, mostrar hechos concretos, comunicar que todos los actores del conflicto caben. La posibilidad de burla a la justicia no depende del voto de confianza previo sino de revocar beneficios cuando se incumplan condiciones”, señaló Pava. La pelota la tiene, por el momento, el Congreso.
Fuente del documento El Espectador