Son las cinco de la mañana. La sala de la casa está invadida de maletas de viaje, colchonetas y comida empacada en cajas, tres mujeres sirven caldo de costilla con arepas. El comedor de ocho puestos no es suficiente, el que termina de desayunar cede su puesto. En una de las habitaciones llora Guillermo de 4 años porque su mamá olvidó empacar las botas pantaneras. Todos en la familia desfilan con ellas porque —fijo la finca debe estar un lodazal— dice Cristina, que viajó desde Medellín para ir a la conmemoración que se llevó a cabo el 27 de junio de 2018 por el regreso a la tierra arrebatada a sus abuelos.

De un matrimonio en 1938 en Acacías se fundó la familia Cruz Castro, de la que nacieron catorce hijos. El mayor falleció al año de vida, los hijos siguientes actualmente oscilan entre los 74 y los 50 años de edad. Es una familia de 134 personas aproximadamente en la línea de padres a tataranietos.

La última vez que se encontraron cuatro generaciones fue en el cumpleaños de Sinaí Cruz, el abuelo, quien celebró su centenario de vida con un hijo desaparecido y el despojo de su tierra. En el año 2012 falleció y sólo seis años después hermanos, nietos y bisnietos se reencontraron para celebrar, aún con miedo, volver a la finca. Volver a estar debajo de la sombra de viejos árboles de algarrobo y pomarrosa que tal vez sembró Sinaí para sus herederos.

Es una finca que recibe su nombre por veneración católica a Santa Lucia, patrona de los ciegos, pues era una mujer siciliana que se convirtió en santa por el acto mítico de arrancarse los ojos y, a pesar de ello, seguir viendo. Fue perseguida y torturada en su época. Así ha sido la consagración de las tierras de los Cruz Castro, que han visto la desidia de las instituciones transcurrir por muchos años, y los han convertido en victimas de despojo material y jurídico.

Por un cúmulo de hechos arbitrarios, en el año 2015 la familia interpuso una demanda para la restitución de tierras ante el Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, y tres años después, con Sentencia de Tribunal Superior de Bogotá, les concedió la petición. Esta es la historia de su lucha con la justicia.

El primer destierro de Santa Lucía

La finca está ubicada en la vereda Giramena del municipio de San Carlos de Guaroa (Meta), aproximadamente a una hora y media de Acacías. Se encuentra rodeada de empresas palmicultoras y pozos petroleros.

En 1968 Sinaí Cruz ya tenía escritura pública y en 1992 el antiguo Incora, mediante resolución, “reconoció a Sinaí Cruz y Cecilia Castro la ocupación que por más de 27 años venía realizando del predio” de 205 hectáreas que se identifican en su cédula catastral.

La finca Palmera La Ucrania es una de las vecinas de Santa Lucia. Aunque en Ucrania, el país de Europa del Este, en mayo del 2018, se haya prohibido el uso de aceite de palma en la producción de alimentos, en Colombia crecen grandes extensiones. Trabajadores de esta finca palmera en pleno acto de restitución de tierras estaban limitando el acceso de funcionarios públicos a Santa Lucía.

Para el año 2002 la Finca Himalaya, de Hugo Schmidt Santana de la Sociedad Palmeras Los Araguatos Ltda., invadió el espacio de la vía que comunica por el costado occidental de Santa Lucia a la carretera principal entre Acacias y San Carlos, abriendo hoyos para la siembra de palma. José Antonio Cruz, quien es uno de los últimos hijos de Sinaí, se opuso a los huecos de la palmera en vía pública, y por esto recibió advertencias y fue interceptado en la vía por hombres desconocidos que le dijeron que «dejara trabajar”.

El 16 de julio de 2002 José Antonio regresó a Santa Lucía porque le habían reportado la pérdida de un toro reproductor. Esa fue la última fecha en la que sus hermanos supieron de él. En esa época hacían presencia en la región las Autodefensas Campesinas del Casanare.

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La familia Cruz Castro denunció ante varias entidades la desaparición forzada. Y recibieron por “respuesta de la Policía y el DAS de Acacías y del Meta que debían contactar un comandante paramilitar y preguntarle por José Antonio”, relata uno de sus hermanos.

A partir de la desaparición de José en la finca se incrementó el robo de ganado, los hostigamientos por trabajadores y propietarios de empresas palmeras. “Éramos interceptados por hombres armados y motorizados a la salida del pueblo, en medio de los cultivos de palma y a la entrada de la finca, manifestando que no teníamos nada que hacer por allá, que si queríamos correr con la misma suerte de José”, ese fue el testimonio de la declaración juramentada de Esther Cruz (hermana de José Antonio) ante la Unidad de Restitución de Tierras.

Las amenazas limitaron el acceso de los hermanos Cruz Castro a la propiedad y decidieron arrendar partes de la finca para cultivos de arroz y patilla.

En la demanda se afirma que “la única decisión que se ha proferido en todas las investigaciones ante la desaparición de José es el archivo de una investigación por secuestro que adelantaba la Fiscalía, de las varias existentes». Es por ello que la Sentencia ordena a la Comisión de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que “participen del evento conmemorativo por la desaparición forzada de José (…)”, que se dio en el marco de la entrega material de restitución del predio. Esta institución no se hizo presente, «lamentablemente se informó, se comunicó, hasta última hora y no hubo pronunciamiento de esta entidad» afirmó Luis Carlos Ortega, juez Especializado en Restitución de Tierras del Meta.

«Yo no doy por muerto a José Antonio hasta que la Fiscalía condene a los responsables y me digan lo contrario. Para mí sigue vivo, un ser romántico, soñador y trabajador» afirma Olga, la hermana menor de la familia, quien además solicitó al Juez que el Palacio de Justicia de Villavicencio llevará el nombre de su hermano.

Despojo administrativo por la fuerza: de finca a basurero municipal

En el año 2007 el alcalde Hernando Beltrán Mendieta en ejercicio en San Carlos de Guaroa, junto a su asesor jurídico, visitaron en varias ocasiones, durante tres meses, a Sinaí Cruz. Fue en horas de la mañana, cuando se encontraba sólo en su casa de Acacías. Lo hizo con el objeto de adquirir para el municipio 15 hectáreas de la finca para el montaje de una planta procesadora de residuos sólidos. Ante ello, la familia Cruz Castro hizo una contrapropuesta económica a la oferta del municipio, el cual desistió.

En noviembre del 2007, mediante la expedición de una resolución, la Alcaldía notificó la expropiación de la finca argumentando motivos de utilidad pública e interés social. “Al respecto, llama la atención que en la motivación del acto administrativo se indicaba que sólo se requerían 15 hectáreas. Sin embargo, en la parte resolutiva se transcribieron los linderos de la totalidad de la finca, omitiendo identificar la fracción sobre la que se realizaría la construcción de la estructura, circunstancia que induce a concluir que el acto expropiatorio se verificó sobre la totalidad del inmueble.”, indicó el magistrado ponente del Tribunal Superior Judicial de Bogotá.

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Así fue como parte de Santa Lucia se utilizó para establecer un botadero de basuras a cielo abierto, sin licencia ambiental, operado por la empresa de servicios públicos EDESA S.A.

Al año siguiente la familia interpuso una acción de nulidad y en el 2011 el Tribunal Administrativo del Meta le otorgó la razón a la familia y ordenó el pago de indemnización de perjuicios, por vía incidental, al igual que la suspensión inmediata de la operación del botadero de basuras.

Tras el fallo la Alcaldía eludió su cumplimiento argumentando que la expropiación no había sido inscrita en la matricula inmobiliaria y que no “contaba con recursos suficientes disponibles para el pago de indemnizaciones”.

El botadero funcionó hasta el 2014 y generó graves “alteraciones del suelo, calidad del agua superficial, cambio en la cantidad de la biomasa” describe Nelcy Lozano, ingeniera ambiental. Actualmente, de manera silvestre, crecen papayas y otros frutales en medio de residuos sólidos en descomposición.

En el material probatorio de la Sentencia los magistrados señalan que el alcalde durante su período electo perteneció a la Junta de accionistas de EDESA y, por tanto, reconoce que el municipio “incurrió en un despojo material por su renuencia a cumplir a cabalidad con las órdenes dictadas por el Tribunal del Meta y (…) como sujeto propiciador del despojo”

La Sentencia también ordena al Instituto de Derechos Ambientales de la Universidad Nacional y el Instituto Alexander Von Humboldt presentar una propuesta de recuperación de suelos que el Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras financiará.

El nuevo dueño de Santa Lucía: de mendigo a esmeraldero

En abril de 2011 Esther Cruz encontró dos hombres desconocidos en la finca, quienes “manifestaron llevar allí más de 48 horas”. Sus vecinos le refirieron que «esa gente son de los esmeralderos duros de Carranza, que había que tenerles miedo porque son de los «paras» duros».

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Al mes la familia presentó una querella policiva y las personas que estaban ocupando la finca fueron identificadas como provenientes de Muzo (Boyacá). Entonces la inspectora de Policía ordenó su desalojo en un plazo de 24 horas, tiempo que estos incumplieron “alegando que sólo desocuparían cuando su patrón (el abogado Heber Villamil) les pagara las sumas adeudadas”, mención en los fundamentos de hecho que recopila la Sentencia. En el mes de junio del 2011 se dio nulidad a la acción de desalojo.

En este mismo período de tiempo apareció el abogado Rómulo Molina, comerciante de esmeraldas con vínculos con Gilberto Molina, uno de los primeros socios de Víctor Carranza. Molina aseguró ser el dueño de Santa Lucia a través de “un contrato de compra de mejoras y posesión suscrito el 5 de diciembre de 2010 con Guillermo Pérez, quien, según se dijo, detentaba la posesión desde el año 2004”, afirmó Molina en una declaración juramentada.

Durante un año el proceso policial se suspendió por dilación de distintas instituciones gubernamentales, la familia recibió nuevamente amenazas y Molina presentó demanda civil de pertenencia agraria sobre el predio.

Olga Cruz el 21 de julio de 2011 reclamó la inscripción de la finca en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente y hasta el 24 de noviembre de 2014 la Unidad de Restitución de Tierras acogió su solicitud.

Durante el proceso de indagación, el Juez de tierras identificó que Guillermo Pérez es un habitante de calle y tiene registros de ingresos a Centros de Acogida en Bogotá operados por Integración Social del Distrito. Los magistrados señalaron que Molina “actuó de mala fe” y su demanda era improcedente, por lo que la Sentencia ordena que está se archive.

La lucha por la justicia y la dignidad 

Olga Lucía Cruz lleva incrustado en su registro de nacimiento el nombre de la finca porque su madre estaba embarazada en el momento de llegar a esta tierra prometida. Ella es la hija menor entre de 13 hermanos y es «quien ha sido una de las mujeres emblemáticas en éste país que han hecho del dolor una potencia política que puede mostrar la perversidad del Estado y la decisión institucional del despojo”, afirma Gloria Cuartas, defensora de derechos humanos.

Ella, junto a sus hermanos, durante 16 años han “sumado más de 160 hechos que han logrado llevar a diferentes operadores de justicia para que tuvieran un trámite”, explica Cuartas, que conoció este caso desde su trabajo en la Contraloría desde el 2014.

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Olga, que por las diferentes amenazas contra su vida fue vinculada temporalmente al programa de protección a líderes de restitución de tierras, durante el acto de conmemoración a su hermano desaparecido entregó los diplomas “por la dignidad anticorrupción” resaltando los actos de búsqueda por la justicia de cada uno de sus familiares y vulneración en diligencias judiciales. «A mi hermana Inés le han tocado cosas duras en este camino, cuando nos desparecieron a José (…) en la Fiscalía los funcionarios del momento (2012) me la citaron para que se hiciera una ampliación de la denuncia y fue en medio de un cuarto lleno de armas, luego fue una persecución laboral», relata Olga.

También Karen Tatiana, hija de Olga, recibió su diploma “por haber tenido que sufrir desde muy bebé la desaparición de su tío, de pronto con las tristezas y ausentismo de su mamá por estar buscando justicia”, dijo su madre.

“Me siento muy bien porque recuperamos la tierra” dice Pablito, de 8 años, quien pertenece a la tercera generación de los Cruz Castro y juega a palear la tierra durante la diligencia de restitución. El niño abre un hueco cerca del árbol que sembró Sinaí donde reunía a sus hijos cuando estaban pequeños.

En el recorrido por la finca el Juez encontró cultivos de maracuyá, yuca, plátano, cambuches y una retroexcavadora enterrada. “Si bien hubo el acompañamiento por parte de la Policía Nacional, no se actuó de manera contundente frente a todas las personas que estaban haciendo tenencia y uso del bien”, indicó el abogado de la familia.

«Fue un camino bravo y aún falta…” menciona Olga. Al iniciar el protocolo de entrega material de la finca el enlace de retornos y reubicaciones de la Unidad de Victimas, Arles Mora, explicó que aún se encuentra en planeación el plan de retorno para familias del municipio. El alcalde ordenó a la Policía Nacional “visitas periódicas al predio” y la buena noticia en el día de la entrega dada por el juez de restitución fue que “el Ejército se queda acá hasta el lunes”. Es decir, el Ejército tuvo presencia hasta el 07 de agosto.

“El sábado entraron 4 tipos a saquear la platanera y la Policía en vez de hacer efectiva la encarcelación, los soltaron” afirma Olga. Esto va en contravía de las medidas de protección y seguridad indicadas por el Juez, el Alcalde y el Procurador delegado. Aunque la familia Cruz Castro regresó a Santa Lucía, todavía hay un camino que falta por recorrer ante las instituciones y es buscando las garantías de su dignidad y seguridad.