El dosier que enreda al general Montoya

Fuente: Las2orillas

El comandante del Ejército en el 2do gobierno de Uribe, responderá en la JEP por 10 casos de falsos positivos que le darían 40 años de cárcel en la justicia ordinaria

El general Mario Montoya dejó las Fuerzas militares con el uniforme lleno de medallas después de haber ocupado por casi tres años la Comandancia del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando Juan Manuel Santos se desempeñaba como Ministro de Defensa. Montoya estuvo a la cabeza de la exitosa operación “Jaque” que permitió la liberación de 15 secuestrados entre ellos Ingrid Betancourt y también la operación Fénix en la que cayó Raúl Reyes en un campamento en la frontera con el Ecuador, así como otras operaciones que fueron aplaudidas en su momento. Sin embargo con el tiempo se ha ido descubriendo que los métodos utilizados no siempre fueron legales y por tanto es hoy un general cuestionado con una grave sindicación: haber participado en 10 desapariciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos.

Como ocurre con los generales de alto rango, el gobierno Uribe lo reconoció con la embajada en República Dominicana. El nombramiento fue mal recibido y no faltaron los cuestionamientos y denuncias a nivel nacional e internacional. Salieron a la luz pública señalamientos de comportamientos irregulares, violación de derechos humanos y actuaciones comprometedoras en los denominados “falsos positivos” que empezaron a golpear su rol diplomático. En 2011 se vio forzado a renunciar tras ser cuestionado por varios congresistas entre ellos Iván Cepeda, que denunció al gobierno por permitir que el servicio diplomático se convirtiera en “un servicio de impunidad, manteniendo embajadores y cónsules seriamente cuestionados por vínculos con grupos paramilitares o con violaciones a los derechos humanos”.

Su salida también se vio permeada por la coyuntura. En esa época se supo, luego de varias investigaciones, que los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha que se suponía habían sido dados de baja en combate, resultaron ser ejecuciones extra judiciales confirmadas, es decir asesinatos de muchachos inocentes para reportarlos como bajas en combate.

Pero sobre sus espaldas de general no solo recaen estas acusaciones sino actuaciones irregulares como comandante de la Primera División del ejército en Antioquia. Una de las investigaciones más complicadas y con impacto internacional, es la presunta responsabilidad en la masacre de ocho campesinos en San José de Apartadó en el año 2005. Labriegos, pobladores y defensores de derechos humanos han solicitado incluso que su caso vaya a la Corte Penal Internacional.

Algunos de los militares acusados de participar en los asesinatos, relacionaron al general Montoya con el diseño de la operación Fénix y lo acusaron de haber presuntamente autorizado a los oficiales para usar guías civiles, hechos que terminaron con la masacre de esos ocho habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a manos de paramilitares del Bloque Héroes de Tolová.

La masacre se produjo entre el 21 y el 22 de febrero de 2005, cuando un grupo de cerca de 60 paramilitares comandados por alias “don Berna” y al parecer protegidos por miembros de la Brigada XVII del Ejército, perteneciente a la Primera División del ejército, ingresaron a esta zona del Urabá Antioqueño y asesinaron a ocho personas, incluidos tres niños.

Los testimonios del Capitán Guillermo Gordillo y de los ex paramilitares José Joel Vargas, alias “Pirulo”, y Adriano de José Cano Arteaga, alias “Melaza”, fueron esenciales para establecer la posible responsabilidad y conocimiento de los hechos por parte de Montoya. Tanto los oficiales que declararon como los exparamilitares, confirmaron que trabajaron de manera conjunta y que bajo el conocimiento de la comandancia.

La operación Orión en Medellin es oro caso complicado que enfrenta el general Montoya en el dossier de investigaciones que tiene en su contra. En octubre del 2002, se realizó esta acción militar con más de 1200 hombres, que con armas de alto calibre ingresaron a la Comuna 13 de la ciudad y realizaron allanamientos, capturaron supuestos integrantes de “células de las FARC y el ELN” y dieron de baja a presuntos criminales, con el fin de recuperar la comuna y brindarle “seguridad a la comunidad”.

Según varios testimonios de testigos y habitantes de la Comuna 13, Orión fue realizada por un grupo de paramilitares, militares del Ejército y miembros de la Policía Nacional. La población vivió esa noche detenciones ilegales, asesinatos y desapariciones que marcaron la sangrienta historia de una población que nació y creció en un margen de violencia, pobreza y muerte.

La vida se le empezó a complicar al general nacido en Buga Valle y quien es recordado por su carisma y buena relacione entre los uniformados y los civiles de todas las condiciones sociales, cuando en el 2009, Diego Fernando Murillo alias “don Berna” dio versión libre desde una cárcel de Estados Unidos. Confirmó que bajo una supuesta alianza, la cuestionada operación Orión, realizada en el 2002, se había desarrollado de manera coordinada entre tropas del Ejército, la Policía y el Bloque Cacique Nutibara de las AUC dirigidas por el propio jefe paramilitar.

En 2010 Mario Montoya fue señalado por el narcotraficante Daniel Rendón alias “don Mario”, de haber recibido $ 1.500 millones por parte del exjefe paramilitar del Bloque Centauros de las AUC Miguel Arroyave, para supuestamente fortalecer los operativos en contra de Héctor Germán Buitrago alias “Martín Llanos” en los Departamentos de Meta y Casanare entre el 2003 y 2004. Dos años más tarde el general en retiro fue citado a dar versión libre ante la Fiscalía por orden de la Corte Suprema de Justicia, sobre su vinculación con el delito de enriquecimiento ilícito.

Montoya también ha sido salpicado por desmovilizados de las autodefensas que dijeron que el comandante de la entonces IV Brigada les había hecho “regalos” a los “paras” por sus labores. En 2008 Alias “Diomedes” dijo en versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz que en el 2002, el entonces oficial del Ejército, hizo la entrega personal de siete fusiles y una camioneta como regalo para el que era Comandante del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Esta acusación fue luego corroborada por Libardo Duarte alias “Bambán” ante la Corte Suprema de Justicia en donde dijo que Montoya era colaborador del Bloque Metro de las ACCU. Alias el “Tuso”, también lo relacionó con la conocida oficina de Envigado y dijo que el general incluso hacía parte de la nómina de esta “oficina” criminal ubicada en Antioquia.

En el 2013 el capitán retirado y ex paramilitar Adolfo Enrique Guevara, alias 101, afirmó que los falsos positivos en los que él mismo participó, era una política de Estado y que Mario Montoya tenía pleno conocimiento de las operaciones que se realizaban para darle “triunfos” falsos al país. Con documentos que prueban la veracidad de su relato, Guevara acusa al Álvaro Uribe y a Mario Montoya de haber ordenado bajas a costa de todo y consentir las ejecuciones extra judiciales realizadas por algunos militares en coordinación con paramilitares.

Alias “101” retirado de las AUC desde 2004, dijo que el ex comandante de esa institución y ex embajador en República Dominicana actuaba aliado con las autodefensas y ordenaba las ejecuciones extrajudiciales “esas eran las políticas de Mario Montoya, de los de baja, de los de baja, y si no hay bajas miren a ver como haces para traérmelas”. El relato incluye el mecanismo que se utilizaba para legalizar todas las “bajas” por medio de documentación falsa, escenas arregladas por los mismos militares y firmas de los comandantes del Ejército.

Aseguró, incluso, que el General no solo tenía nexos con los “paras”, sino que además recibía un salario de las autodefensas y tenía una relación muy cercana con los comandantes paramilitares de la zona. Según él, “el general presionaba cuando decía que pasa esta semana que no tenemos resultados de bajas y cuando el decía eso, los comandos paramilitares coordinaban todo y me decían a donde debía ir y al que se me bajara lo mataba”.

La Fiscalía trasladó estas acusaciones al Tribuna de la Justicia Especial. El general Montoya sabe de la gravedad de las acusaciones y prefirió, ante el escenario que le puede dar 40 años de cárcel, someterse a la JEP por tratarse de eventuales delitos cometidos dentro del conflicto. Es el militar de más alto rango en haber firmado el acta de sometimiento que entrará a ser estudiado por la sala de definiciones de situaciones jurídicas de la JEP y será mucho lo que tendrá que aportar a la verdad de lo sucedido en la dolorosa guerra colombiana que ha dejado 300.000 victimas, en hechos por aclarar y con responsables que aun no han puesto la cara.

Así será el camino del general (r) Montoya en la JEP

Fuente: El Espectador Colombia 2020

El excomandante del Ejército Mario Montoya es el oficial de más alto rango que ha pedido someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, que estudiará su posible participación en conductas graves con ocasión del conflicto armado.Natalia Herrera Durán y Juan David Moreno

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) hizo este martes un importante anuncio: el general en retiro Mario Montoya solicitó someterse a este tribunal especial que busca investigar, juzgar y sancionar los episodios más graves del conflicto armado.

El exoficial firmó el acta de sometimiento a este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Su solicitud quedó en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que deberá estudiar el caso y saber si le otorga un tratamiento especial.

“En tales casos, nuestra sala hará el monitoreo y exigirá a los comparecientes que inicien el cumplimiento del Régimen de Condicionalidad. Posteriormente, los casos serán remitidos a la sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en donde los comparecientes decidirán si aceptan o no su responsabilidad en los hechos en los cuales estén implicados según los informes de la Fiscalía General de la Nación, la justicia ordinaria y la justicia penal militar, además de la investigación que adelante la JEP”, le dijo a este diario  un magistrado de esa sala.

Dependiendo de lo que allí suceda, Montoya irá a la Sección de Reconocimiento, para que se le imponga una sanción propia, o a la Sección de No Reconocimiento, donde luego de un juicio se le impondría una sanción alternativa u ordinaria, dependiendo de su reconocimiento de la verdad, así como de la certeza sobre la existencia de los hechos y su responsabilidad en los mismos.

De acuerdo con Jean Carlo Mejía, asesor jurídico de las Fuerzas Militares, la decisión de Montoya de someterse a la JEP “es un triunfo del sistema”. “La JEP, en los temas de los agentes del Estado, específicamente de los uniformados, nunca se hizo en La Habana, sino acá en Bogotá con un equipo de militares, policías y agentes civiles. Es muy importante que la JEP entre en pleno funcionamiento y no se excluya a los militares”.

Agregó que Montoya, quien está siendo asesorado por la Defensoría Militar, se presentó ante la JEP, pero “no se ha presentado para admitir que cometió conductas criminales. La sala verificará los condicionamientos de entrada al sistema: una cosa es presentarse y otra que el sistema lo acepte. El primero es la contribución de una verdad plena y el segundo la presentación  de un programa de reparación”.

¿Quién es Montoya?

Montoya es el general más condecorado en la historia de las Fuerzas Militares. Su nombre es reconocido por operativos militares de la talla de la operación Jaque, que supuso el rescate en las selvas del Guaviare, el 2 de julio de 2008, de Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y 11 uniformados que llevaban casi una década secuestrados por la guerrilla de las Farc.

Un mes antes, Montoya habría sido el artífice de otro duro operativocontra las Farc, conocido como la operación Fénix, que terminó con la muerte del comandante guerrillero Raúl Reyes y otra veintena de subversivos en territorio ecuatoriano. Su nombre lleva dos décadas relacionado con la lucha contrainsurgente.

Bajo el grado de coronel coordinó las labores de inteligencia de la operación Casa Verde, que terminó con el desembarco de las Fuerzas Militares en el cuartel de la guerrilla de las Farc en Uribe (Meta), en diciembre de 1990. Después comandó el Grupo Mecanizado Maza de Cúcuta, que debió enfrentar la ofensiva guerrillera en el Catatumbo en 1992. También estuvo a la cabeza del Batallón de Inteligencia de Villavicencio, la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, el Comando Conjunto Caribe y la Brigada 18 en Arauca, entre otras.

Su carrera de oficial del Ejército no sembraba mayores dudas hasta que comandó la Cuarta Brigada en Antioquia, entre el 2001 y el 2003. Durante esos años se vivió un fuerte recrudecimiento del conflicto armado. Pero en octubre de 2002, Montoya comandó una operación que marcó su devenir en las Fuerzas Militares: la operación Orión, desplegada entre el 16 y el 17 de octubre, que buscaba desarticular las estructuras de milicianos que existían desde los años 90 en la Comuna 13 de Medellín.

Al tiempo que recibió partes de éxito, sus procedimientos allí fueron duramente cuestionados. La Procuraduría de Medellín denunció que se realizaron innumerables capturas arbitrarias y detenciones selectivas de habitantes que posteriormente desaparecieron. El jefe paramilitar Don Berna confesó posteriormente que Orión habría sido desarrollado en conjunto con paramilitares.

Fue entonces que las denuncias de varias ONG contra el general (r) Montoya arreciaron. En marzo de 2003, dio otro duro golpe a la guerrilla en el Oriente antioqueño, en la denominada operación Mariscal; sin embargo, también fue objeto de fuertes señalamientos, porque según el Observatorio de Paz y Reconciliación de la región, el Ejército habría presentado civiles como muertos en combate.

Las sombras en su accionar no terminaron ahí. Posteriormente fue relacionado con la masacre de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, cometida en febrero de 2005, porque habría viajado a la Brigada XVII, con sede en Carepa, a organizar operaciones militares contrainsurgentes en esas fechas. Pero fue en octubre de 2008 cuando el país se sacudió con los llamados falsos positivos, al conocer el caso de varios jóvenes de Soacha que fueron reclutados y presentados como guerrilleros muertos en combate en Ocaña (Norte de Santander). Un caso de muchos otros, como lo señaló un informe interno de la Fiscalía de las 6.699 muertes en combate durante el período de Montoya como comandante del Ejército, 2.429 son investigadas porque se sospecha que no corresponden a muertes en combate.

Por los falsos positivos fueron destituidos 27 militares en noviembre de 2008, tres de ellos generales. Montoya presentó su renuncia ante el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el entonces presidente, Álvaro Uribe. Posteriormente fue enviado como embajador de Colombia a República Dominicana, pero a la llegada de Santos a la Presidencia, la presión ejercida por congresistas y ONG terminó en su relevo.

Uno de los testimonios más complejos que lo relacionan con los falsos positivos es de 2014 y fue dado por el coronel en retiro Róbinson González del Río, condenado por 24 falsos positivos, quien se acogió a la JEP y hoy está en libertad condicional por la Ley de Amnistía, 1820. El cuestionado coronel señaló que Montoya habría sido determinante en presionar las “bajas en combate” por encima de las capturas o detenciones a toda costa.

Desde entonces, Montoya ha tenido un retiro con duros cuestionamientos en estrados judiciales, que siempre ha negado. La Fiscalía de Eduardo Montealegre le puso fecha a una audiencia de imputación de cargos en su contra pero la diligencia se aplazó indefinidamente.

“Durante mucho tiempo uno siente que en la justicia ordinaria se han burlado de las víctimas. Pasaron dos años y dos meses en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez sin que se diera esta imputación”, comentó Germán Romero, abogado de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Caldas y Antioquia.

Para Romero, desde que se firmó el Acuerdo de Paz, hace un año y medio más o menos, las investigaciones por falsos positivos han quedado suspendidas en la Fiscalía. “Si tu no investigas, ¿a qué y con qué informes vas a llegar a la JEP?”, opinó. Por lo pronto, el general en retiro Montoya pide pista en la JEP y se espera que su contribución en este tribunal sirva para esclarecer el doloroso capítulo de los «falsos positivos» durante el conflicto armado.

Víctimas de ‘falsos positivos’ dicen que general Montoya saldrá favorecido en la JEP

Fuente: Pulzo.com

Germán Romero, abogado de siete familias de jóvenes que fueron ejecutados extrajudicialmente, aseguró que hay preocupación por el proceso que enfrentará el oficial en retiro luego de su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Es importante que se aclaren las cosas. Porque con el artículo de suspensión a 18 meses que se introdujo con la ley de procedimiento de la JEP, los agentes de Estado tienen la potestad de decidir cómo va a ser su proceso penal”, le dijo el jurista a Caracol Radio.

Este martes, el general (r) Mario Montoya firmó el acta de sometimiento para buscar que los crímenes por los que es acusado, y que habría cometido mientras fue comandante del Ejército entre el 2006 y 2008 durante el mandato de Álvaro Uribe, sean juzgados por el nuevo tribunal de paz.

Al someterse a la JEP, no necesariamente implica que Montoya está aceptando su responsabilidad en los crímenes, sino comprometiéndose con contar la verdad y colaborar en las investigaciones sobre esos casos.

Por eso, Romero aseguró en la emisora que acogiéndose a la JEP el oficial logra “que se suspenda la posible imputación que se haría en la justicia ordinaria y si el día de mañana decide acogerse a los 18 meses de suspensión también va a quedar en una situación de indeterminación el proceso ante la JEP. Han pasado dos años sin que la Fiscalía haya dado una respuesta clara al por qué no se concretó si ya estaba sustentada, argumentada. Donde se llevan varios años de informes, de recolección de información que daban cuenta del papel criminal que tuvo este general en la realización de miles de ejecuciones extrajudiciales en todo el país”, señala.

Efectivamente, la Fiscalía anunció que se haría la imputación, pero nunca lo hizo. Esa situación ha sido criticada categóricamente por la ONG Human Rights Watch que ha presentado pruebas, que considera sólidas, para demostrar la responsabilidad penal de Montoya por cientos de falsos positivos cometidos bajo su mando, pues testimonios de otros generales sugieren que él sabía de los crímenes y no hizo nada para prevenirlos y sancionarlos.

Uno de ellos es el de el coronel Robinson González del Río que indicó que Montoya solicitaba “que los resultados operativos consistieran única y exclusivamente en muertes en combate, es decir, muertos a como dé lugar” con lo que lograba mejorar los resultados operacionales de las diferentes unidades a su cargo, agregó Romero, que además enfatizó en que “ni en la [justicia] ordinaria, ni en la transicional” están dando respuestas a las víctimas.

General (r) Mario Montoya Uribe se somete a la JEP

Fuente: JEP

Bogotá, 17 de julio de 2018. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informa que el General de la reserva activa, Mario Montoya Uribe, ex comandante del Ejército Nacional, firmó el formato de sometimiento a la JEP.

El formato firmado por el general Montoya Uribe pasará a estudio de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, para que asuma lo de su competencia.