La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de declarar como de lesa humanidad el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998; así como la masacre de la Granja y de San Roque, perpetradas en 1996, y la masacre del Aro, ocurrida en 1997. La decisión es clave para el futuro de las investigaciones por estos crímenes pues los casos no prescribirán.
La decisión la tomó la Sala Penal en el marco de la indagación previa, que cursa en el radicado 45.110, en contra el senador Álvaro Uribe Vélez desde el año 2014 por presuntos nexos por grupos paramilitares. Este fue uno de los procesos que el alto tribunal le quitó al magistrado Gustavo Malo Fernández, investigado por el escándalo del cartel de la Toga.
De hecho, el 22 de febrero pasado, la Corte Suprema había ordenado dar celeridad a la investigación, luego que el magistrado Fernando Bolaños, quien para ese entonces reemplazaba a Malo en el cargo, rindiera un informe de 17 páginas en el que explicaba qué se había hecho hasta el momento en la investigación contra Uribe Vélez.
Esa investigación, cabe recordar, también se adelanta por su supuesta participación en la conformación de grupos paramilitares, asentados en la Hacienda Guacharacas de su propiedad y en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas. En ese documento se había indicado que desde agosto de 2017 se habían ordenado los testimonios de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna; así como de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Y se afirma que ya había declarado Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero.
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Jesús María Valle, el defensor de derechos humanos más conocido en Antioquia, fue asesinado por integrantes de la temida banda de sicarios La Terraza que irrumpieron en su oficina. Nueve meses atrás, sicarios de esa misma banda habían hecho lo mismo en la casa de los investigadores Mario Calderón y Elsa Alvarado, en Bogotá. Dos meses después del asesinato de Valle, repetirían la acción en la oficina del reconocido defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, también en Bogotá.
Hasta el momento, se sabe que los paramilitares orquestaron los asesinatos porque exjefes de las Auc como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, lo han admitido. Se sabe que hubo militares involucrados también porque gente como Don Berna lo ha revelado. Más allá de eso no hay nada. Valle fue quien reportó la participación de integrantes del Ejército en las masacres de La Granja y El Aro, zona rural de Ituango, cometidas entre 1996 y 1997 por los paramilitares.
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Este hecho fue comprobado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó en 2006 al Estado colombiano por violar los derechos a la propiedad privada, a la protección de la honra y la dignidad, entre otros. Reprochó no solo las muertes violentas, sino también los desplazamientos masivos que vinieron con las masacres. Precisamente, la Sala Penal también declaró ambas masacres como de lesa humanidad.
La matanza de La Granja dejó, en 1996, cuatro personas muertas y decenas de desplazados, y al año siguiente fue perpetrada la de El Aro, con 15 víctimas mortales. En El Aro, los paramilitares ingresaron al pueblo el 25 de octubre de 1997. Reunieron a sus habitantes en el parque principal y a algunos los separaron y los mataron. Por estos hechos han sido condenados los exjefes paramilitares Carlos Castaño (ya muerto), Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy y Francisco Villalba. De la misma forma, dos uniformados, el teniente (r) Everardo Bolaños Galindo y el cabo (r) Germán Antonio Alzate Cardona, fueron sancionados por permitir la masacre.
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