Los correos sobre la administración de la JEP

La reciente renuncia del Secretario Ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, tiene como antecedente una desconocida disputa interna para definir el modelo de administración de este organismo, incluyendo el diseño y la contratación de una planta de más de 800 cargos. Al menos ese es el escenario que se deduce tras la lectura de 22 correos privados que se cruzaron varios de los magistrados de la JEP y la presidenta del Tribunal de Paz, Patricia Linares.

Aunque la renuncia de Néstor Raúl Correa fue presentada únicamente como el resultado de roces con la presidenta Linares, por temas relacionados con el tamaño de las oficinas, la falta de carros blindados o un oficio enviado por la Contraloría preguntando sobre la administración de recursos, cada vez queda más claro que su decisión de retirarse de la Secretaría, según fuentes consultadas, está más relacionada con el debate de fondo de cómo se está diseñando el organismo.

Un debate planteado sobre dos propuestas específicas: crear una JEP parecida a las altas cortes colombianas, con despachos de magistrados que concentran el poder de contratación y una secretaría con poco poder de decisión; o una JEP más parecida a los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana, con poder de contratación y administración de recursos más concentrada en la Secretaría y despachos de magistrados con menos discrecionalidad en la administración, incluyendo la contratación de planta.

El abogado Rodrigo Uprimny, de la corporación Dejusticia, anticipó esta disyuntiva en enero de este año en una columna en El Espectador, advirtiendo que de resolverse mal este dilema, puede traer consecuencias “catastróficas” para el futuro de este tribunal. Lo que ahora demuestra el cruce de correos entre la presidenta de la JEP Patricia Linares y Alejandro Ramelli, magistrado del Tribunal Especial de Paz es que al menos esa decisión comenzó a adoptarse desde antes de que el organismo cobrara identidad.

El intercambio de información que, en criterio de algunos expertos, los haría incurrir a ambos en una dudosa situación ética y eventualmente, en el caso de Ramelli, en una posible falta disciplinaria, demuestra su interés común por moldear una JEP con una estructura más parecida a la de las cortes colombianas. El tema puntual, según se deduce de los correos conocidos por este diario, es que Ramelli envió a Patricia Linares información reservada de la Corte Constitucional respecto al fallo clave sobre la estructura administrativa de la JEP.

En ese momento, Ramelli era magistrado auxiliar en la Corte Constitucional, pero ya estaba electo como magistrado de la JEP. La información, conocida por este diario, evidencia además la intención de 9 de los 51 magistrados de la JEP, convocados por la presidenta Linares a través de un “comité estratégico”, de acumular facultades de contratación y administración de un presupuesto multimillonario en cabeza de la presidencia de la JEP, que justamente Linares ejercerá en los próximos tres años. Y también en cabeza de los magistrados.

Para finales de 2017, Alejandro Ramelli no se había posesionado en la JEP y aun trabajaba como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, en el despacho del titular Alberto Rojas Ríos. A estudio de esa corporación  llegó el Acto Legislativo 01 del 2017, que, entre otros aspectos,  establece las bases de funcionamiento de la JEP. De igual modo, Ramelli hacía parte del llamado “comité estratégico” que empezó a trabajar en el marco jurídico para definir las funciones de la jurisdicción transicional, incluyendo su órgano de gobierno.

Esta última instancia es clave, pues desde el órgano de gobierno se establece la estructura administrativa de la nueva jurisdicción, y se distribuye un presupuesto que en 2018 será de $200.000 millones. De hecho, ya se está contratando una planta de trabajadores de más de 800 personas. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, en esta nomina se incluye a 60 magistrados auxiliares (tres por despacho) que ganan más de $25 millones mensuales y 208 abogados con sueldos de casi $9 millones al mes.

Uno de los correos electrónicos está fechado el 20 de noviembre de 2017 y fue enviado por Ramelli a la presidenta del tribunal, días después de que la Corte anunciara la exequibilidad del acto legislativo en un comunicado dado a conocer el 14 de noviembre. “Apreciada Patricia, como te comenté”, escribe Ramelli a Linares, “este es el extracto que el Dr. Rojas le entregó al magistrado Guerrero”, y enseguida agrega un archivo adjunto denominado “límites del secretario ejecutivo”.

Ese archivo adjunto tiene dos páginas y se titula: “Condicionamiento al parágrafo 2 del artículo transitorio 1 (Texto sugerido para ser incluido en el capítulo de conclusiones)”. En pocas palabras, en ese parágrafo se define la justificación legal para la decisión de la Corte Constitucional de excluir del órgano de gobierno de la JEP al Secretario Ejecutivo. En tal caso, este organismo quedaría bajo el mando exclusivo de los magistrados del tribunal, en cabeza de su presidenta Patricia Linares.

Es decir, en el extracto enviado por Alejandro Ramelli a Patricia Linares aparece la justificación legal del cambio de sentido de un parágrafo del Acto Legislativo de la JEP, en el que el Congreso había delegado la administración del sistema tanto al Secretario Ejecutivo, como a la Presidenta de la JEP, para de esta forma “garantizar la autonomía administrativa, presupuestal y técnica” del organismo.

La duda es si los magistrados de la JEP ejercieron influencia para esbozar este argumento a través del despacho del magistrado Rojas, donde trabajaba Ramelli. “La Corte considera que (…) debe entenderse en el sentido de que las funciones de gobierno corresponden únicamente al Presidente de la JEP o a la instancia de gobierno de la JEP que se defina por sus Magistrados”. El rol del Secretario queda reducido a “las funciones de administración y gestión de los recursos de la misma, siempre bajo la orientación de la Presidencia(..)”.

En criterio de los entendidos, la posición de Ramelli podría situarlo en un conflicto de intereses. Lo paradójico es que, a la fecha, a pesar de que la Corte Constitucional anunció la exequibilidad del Acto Legislativo mencionado desde noviembre del 2017, todavía no se conoce el texto de la sentencia final. De ahí que el archivo adjunto del correo enviado por Alejandro Ramelli a Patricia Linares, y sobre todo el extracto sugerido para la sentencia, hoy sea motivo de discusión.

Los magistrados Linares y Ramelli dieron su versión. Linares aseguró que antes de la decisión de la Corte no tuvo contacto con nadie de esa corporación. Ramelli aseguró que no se declaró impedido porque no existe un régimen de impedimentos para los magistrados auxiliares, pero que se apartó de la discusión del Acto Legislativo. Sobre su posible conflicto de intereses, agregó: “enviar un correo no significa que haya conocido de la decisión, ni que la haya leído, ni que la haya redactado”.

Tanto Linares como Ramelli niegan cualquier problema ético por haber compartido el extracto después de la decisión de la Corte. De hecho, agrega Linares, el ministro de Justicia Enrique Gil Botero, su enlace oficial con el gobierno, le pidió comentarios sobre la decisión en lo que tiene que ver con el rol del Secretario y el órgano de gobierno, para tener sus observaciones en cuenta  a la hora de elaborar el Proyecto de Ley Estatutaria que se estaba tramitando en el Congreso.

Por eso, explica la presidenta del Tribunal de Paz, Patricia Linares, “como no soy constitucionalista, le pregunté a mi colega Alejandro [Ramelli], cómo interpretaría el comunicado de la Corte Constitucional, y él me dijo que (el magistrado) Rojas ya lo había enviado al (magistrado) Guerrero sobre cómo se podría interpretar eso, y él me mandó ese pedazo. Fue solo eso. Eso no quiere decir que sea la sentencia, porque incluso hasta hoy, no hay sentencia”.

Frente a la pregunta de por qué recibe un documento interno entre magistrados de la Corte, ella responde, “No sé cómo funcionará eso. Yo estuve en la Corte hace mucho tiempo”. Sobre el particular, agrega Ramelli: “Eso no tiene nada de raro, son los insumos que los despachos hacen”. Insumos que, reitera el hoy magistrado de la JEP, él no elaboró. En su defensa, Ramelli remitió el reglamento de la Corte Constitucional para argumentar que no son reservados.

No obstante, el artículo 37 del reglamento de la Corte, en el aparte que habla de las reservas, establece: “La divulgación del sentido de los proyectos o de las providencias que se tomen en la Sala Plena, antes de que éstos sean firmados por todos los magistrados, constituye falta grave sancionable con arreglo a la ley.” La solicitud de comentario enviada a Patricia Linares y Alejandro Ramelli  y el intercambio de correos podría caer dentro de esta conducta.

En opinión de Gloria María Borrero, directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia, ONG que hace seguimiento a la creación de la JEP, la filtración si es “lamentable y constituye, al menos, una falta ética. Es una práctica que le está haciendo mucho daño a las altas cortes y estoy aterrada de que ahora suceda en la JEP”. Borrero resaltó que “hay que esperar que la Corte haya fallado solo teniendo en cuenta la Constitución y la ley, y no en intrigas.

Justamente fue la Corte Constitucional la que, en la modulación de su sentencia, cambió el órgano conjunto de gobierno entre la Presidencia de la JEP y el Secretario, para darle cierta subordinación al Secretario frente a la Presidencia”. Un funcionario involucrado en el proceso jurisprudencial de la Corte pero sin autorización para hablar públicamente, concluye que la conducta de Linares y Ramelli es “éticamente cuestionable, pues el fundamento de las decisiones es clave y tiene repercusiones en las reglas del derecho”.

Sin embargo, las posibles faltas éticas o disciplinarias de Linares y Ramelli hacen parte de una parte de una discusión más profunda sobre cómo diseñar la nueva jurisdicción que se dio entre un grupo reducido de magistrados de la JEP. Así se deduce del cruce de correos entre los miembros del «comité estratégico» que dan cuenta cómo la estrategia se venía desarrollando desde octubre, antes de que la Corte apartara al secretario de la JEP del manejo de la contratación y concentrara tales facultades en la presidencia y magistrados del Tribunal Especial de Paz.

Una discusión en la que han sido especialmente activos los ex magistrados Danilo Rojas, Iván González y Eduardo Cifuentes, y obviamente la presidenta del Tribunal de Paz Patricia Linares. Un proceso en el que además han tenido el apoyo de figuras como el ex ministro de Justicia Yesid Reyes, el académico Rodolfo Arango, la ex directora de Justicia Transicional de Minjusticia, Catalina Díaz, y la ex magistrada auxiliar del Consejo de Estado, Ana Caterina Heyck, todos integrantes de la JEP.

Estas conversaciones entre un grupo de “amigos” convocados para opinar por Patricia Linares, sientan el trasfondo de una JEP en la que, como lo escribió Linares en un correo a Danilo Rojas, “de manera expresa los magistrados tengan la facultad para designar los magistrados auxiliares, funcionarios, y empleados de sus respectivos despachos”. Y por el lado de la Secretaría, como lo expuso el ex magistrado Iván González, “la Secretaría Ejecutiva no integre el órgano de gobierno, sino que cumpla la función de secretaría técnica”.