El 27 de febrero de 1998, integrantes de la conocida y tenebrosa banda de sicarios La Terraza irrumpieron en la oficina de quien en ese momento era el defensor de derechos humanos más conocido en Antioquia: Jesús María Valle. Le dispararon y lo mataron. Nueve meses atrás, sicarios de La Terraza habían hecho lo mismo en la casa de los investigadores sociales Mario Calderón y Elsa Alvarado, en Bogotá. Dos meses después del asesinato de Valle, repetirían la acción en la oficina del reconocido defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, también en Bogotá. En todos los casos, los crímenes fueron ordenados por la casa Castaño y participaron algunos militares.
El caso de Valle, como el de Umaña o el de la pareja Calderón Alvarado, ha avanzado al mismo ritmo: lento y silencioso. Sin resultados. Sin personas condenadas que hayan confesado cuál era el verdadero propósito detrás del crimen y sin una Fiscalía capaz de descifrarlo por su cuenta en los 20 años que ha tenido para lograrlo. Se sabe que los paramilitares orquestaron los asesinatos porque exjefes de las Auc como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, lo han admitido. Se sabe que hubo militares involucrados también porque gente como Don Berna lo ha revelado. Más allá de eso no hay nada.
(En contexto: Mario y Elsa, un crimen sin castigo)
Con una diferencia: mientras los expedientes de los Calderón Alvarado y del abogado Umaña ya fueron declarados de lesa humanidad, el de Jesús María Valle prescribe este martes 27 de febrero, día en que se cumplirán dos décadas del homicidio. Es decir, se vence el tiempo para investigar quiénes y por qué determinaron que Valle debía morir. El Espectador preguntó en la Fiscalía si había algún avance al respecto, pero no hubo respuesta. Su familia, sin embargo, no se resigna a que se cierre la puerta a la posibilidad de que la justicia, algún día, le cuente la verdad que encierra este doloroso episodio de sus vidas.
Por eso, el pasado 22 de febrero, Mauricio Herrera Valle radicó en la Dirección de Fiscalías de Derechos Humanos una solicitud para que el asesinato de su tío sea declarado de lesa humanidad, teniendo en cuenta precisamente que así se ha procedido con los de Calderón, Alvarado, Umaña y también con Jaime Garzón, el último de esta estela de crímenes cometidos con el mismo modus operandi: sicarios contratados desde Medellín, los Castaño dando la orden, militares tras bambalinas azuzando. Y teniendo en cuenta también que, por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Colombia debe “tomar todas las medidas para continuar realizando una investigación imparcial y exhaustiva”.
(Lea también: Estas son las claves del Tribunal de Medellín para ordenar investigar a Álvaro Uribe
Herrera Valle recordó que, en los casos de Umaña, Garzón y los Calderón Alvarado, todos fueron considerados “objetivos militares de la fuerza pública con ocasión de su labor”. En la resolución de declaratoria de lesa humanidad de Garzón, por ejemplo, se lee que tanto él como los demás, incluido Jesús María Valle, fueron etiquetados como “enemigos internos”. La Fiscalía documentó que la idea del “enemigo interno” quedó plasmada en los manuales de las Fuerzas Militares en los años 60, es decir, en plena Guerra Fría, y que se sostenía en la siguiente tesis: “Todo individuo descontento, amargado, inconforme (…) es un guerrillero en potencia”.
Y Valle, sin duda, era un inconforme. Su vida se le fue denunciando desmanes, injusticias, connivencias ilegales entre miembros del Estado y actores armados. No en vano fue él quien principalmente reportó la participación de integrantes del Ejército en las masacres de La Granja y El Aro, zona rural de Ituango, cometidas entre 1996 y 1997 por los paramilitares. Un hecho que fue comprobado por la Corte Interamericana, la cual condenó en 2006 al Estado colombiano por violar los derechos a la propiedad privada, a la protección de la honra y la dignidad, entre otros. Reprochó no solo las muertes violentas, sino también los desplazamientos masivos que vinieron con las masacres.
(Le puede interesar: En La Granja los jóvenes siembran semillas de paz)
El fallo de la Corte Interamericana fue fundamental para que el caso de Jesús María Valle despegara, aunque fuera un poco. Por esa vía fue que la Corte Suprema de Justicia, en 2011, invalidó la absolución de dos ganaderos investigados por el crimen de Valle: los hermanos Francisco Antonio y Jaime Alberto Angulo Osorio. Precisamente, hace unas semanas se conoció el fallo del Tribunal Superior de Medellín contra ellos en el cual se confirmó la condena impuesta por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, que los declaró a ambos coautores del homicidio de Valle.
Según el fallo del Tribunal de Medellín, “los hermanos Angulo no solo financiaron la organización Autodefensas de Ituango –confirmando así la responsabilidad paramilitar en el homicidio del defensor de derechos humanos–, sino que también tenían la dirección y el mando del grupo apostado en este municipio. Su participación, además, y a diferencia de otros financiadores de los grupos, se hizo notar (…) Valle, quien también era oriundo de esa localidad, que veía cómo sus vecinos y amigos eran desplazados y asesinados, denunció pública y directamente lo que estaba haciendo esa organización, de la cual eran parte los Angulo”.
Ese fallo, además, fue sal en una vieja herida: habla de la posibilidad de que Álvaro Uribe y gente cercana a él en su período como gobernador de Antioquia (1995-1997) hayan sido responsables del crimen de Jesús María Valle. Por eso el Tribunal ordenó –una vez más– que se indagara al respecto sobre el expresidente Uribe; los oficiales Germán Morantes, Emiro Barrios, Aurora Bonilla, Cristian Arias y Everardo Bolaños; y el agente de Policía Carlos Emilio Gañán. A este fallo se sumó un segundo pronunciamiento judicial de toda la trascendencia: la orden de la Corte Suprema de Justicia de averiguar qué pasó con las denuncias que presentó Jesús María Valle contra Uribe por las masacres de Ituango.
(Lea también: Los 5 grandes crímenes que ordenó la casa Castaño)
Al pedir que declaren el caso de lesa humanidad, el sobrino del defensor, Mauricio Herrera Valle, recordó que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se reunió en marzo de 1999, “registró el homicidio de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza en el ámbito de una agresión generalizada y persistente a los defensores de derechos humanos. Tal organismo dictaminó lo siguiente: ‘Durante 1998, la situación de los defensores continuó siendo muy preocupante (…) La muerte de estos dos abogados, renombrados nacional e internacionalmente, creó un clima de amenaza generalizada entre los defensores de derechos humanos”.
Para la familia de Valle, es claro que su muerte se ejecutó como parte “de un plan de carácter sistemático y generalizado en contra de defensores de derechos humanos, tal como se comprueba de los homicidios como el de Eduardo Umaña Mendoza, Jaime Garzón, Mario Calderón y Elsa Alvarado (…) existen elementos de juicio disponibles que indican que el móvil del asesinato fue el de acallar las denuncias de Jesús María Valle sobre los crímenes perpetrados en el municipio de Ituango por paramilitares en connivencia con miembros de la Fuerza Pública. [Por eso pedimos] se declare el homicidio perpetrado (a su) humanidad como un delito de lesa humanidad”.
Jesús María Valle murió consciente del país en que le tocó vivir. En 1997, cuando se cumplían 10 años del asesinato del médico Héctor Abad Gómez y de Leonardo Betancur, Valle pronunció estas palabras: “En este recinto puedo decir, a manera de inventario, que yo escuchaba decir que el meridiano de la cultura y la política pasaban por Antioquia. Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia (…) Esa es la situación dramática que presenta hoy Antioquia y es el informe que puedo rendir con honestidad en este recinto sin odios contra nadie, pero sí con una infinita tristeza de cómo se van perdiendo las vidas y golpeando a las personas”.