El pasado 23 de octubre, en la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de la Policía se radicó una carta de cuatro páginas. La comunicación iba firmada por Wilman Silva y Ereniet Aranguren, los padres de Jhonny Silva, un estudiante de la Universidad del Valle que murió en 2005, con 21 años, en medio de una protesta que el Esmad trató de disipar ingresando al campus universitario. Pero algunos policías, desobedeciendo sus propios manuales, entraron armados y Jhonny Silva murió tras recibir un disparo por la espalda. Lo que sus padres buscan ahora es que el coronel Gabriel Bonilla, quien en esa época comandó el operativo para terminar con la manifestación, sea retirado de su cargo como comandante nacional del Esmad.
“Es inadmisible que en el marco de un Estado Social y de Derecho, que tiene como base y principio la dignidad humana, se proteja y promueva en cargos públicos a personas que con sus actos han permitido, tolerado o promovido una ‘grave falla en el servicio’ en la Policía Nacional”, se lee en la carta de los indignados padres, que agregaron: “El teniente coronel Gabriel Bonilla González fue el encargado de dirigir las unidades que ocasionaron la muerte del joven Jhonny Silva Aranguren (…) es claro que su ejercicio del mando se dio de una manera abiertamente irregular del ejercicio de la fuerza policial, dado que, según se acreditó, miembros del Esmad dispararon de forma intencional y deliberada en contra de la humanidad de los manifestantes”, se lee en el documento.
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El motivo que los impulsó a radicar esa petición ante el propio presidente Juan Manuel Santos fue la condena a la Nación que emitió el Consejo de Estado el 12 de junio de este año. En esa sentencia, el alto tribunal no sólo consideró que el despliegue de fuerza del Esmad el 22 de septiembre de 2005 –día en que estudiantes de la Univalle protestaban contra el TLC con Estados Unidos que negociaba el presidente Álvaro Uribe– fue “excesivo, injusto y, por lo mismo, antijurídico”, porque el Esmad no mostró cómo los estudiantes representaban tal riesgo que debía recurrir a la violencia letal –que además le está prohibida–. El Consejo de Estado señaló, asimismo, que “no hubo una investigación penal seria e imparcial en relación con las circunstancias y responsables de la muerte del joven Jhonny Silva Aranguren”.
“La Sala registra con preocupación que la justicia ordinaria hubiera precluido la investigación contra los miembros del Esmad por el homicidio del joven Jhonny Silva Aranguren, dado que las circunstancias que antecedieron a su muerte no fueron esclarecidas en lo absoluto”, resaltó el Consejo de Estado, “pese a que bien pudieron haber configurado una ejecución sumaria o arbitraria, lo que implicaría una grave violación a los derechos humanos, que de no ser investigada y juzgada por el Estado, podrá ser eventualmente objeto de conocimiento de la justicia internacional”. Con respecto a esto último, el caso fue admitido en abril del año pasado para estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Para el Consejo de Estado, la Fiscalía descartó, “sin profundizar en el análisis”, múltiples testimonios de estudiantes que habían detallado cómo un agente del Esmad disparó contra Jhonny Silva Aranguren, quien, al ver que el Esmad había irrumpido en el campus, hizo lo mismo que sus compañeros: correr por su vida. Pero este estudiante de quinto semestre de química, a diferencia de sus compañeros, no podía correr. “Él tenía un problema de motricidad –recuerda su padre, Wilman Silva–. Sus piecitos se iban hacia los lados”. El dictamen de balística del CTI determinó que a Jhonny Silva lo mató alguien que se encontraba acostado o arrodillado, “en posición de combate”, con proyectil “compatible con las armas de dotación de la Policía Nacional”.
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Jhonny Silva Aranguren le debía a la guerra la dificultad que pasaba con sus piernas. Cuando tenía un año y su hermana Jenny tenía dos, vivían con sus padres en la Bota Caucana, en un corregimiento de Santa Rosa llamado San Juan de Villalobos. Wilman Silva, topógrafo de profesión, estaba allí para hacer el trazado de una carretera marginal a la selva. Un día, el Ejército y el frente 13 de las Farc se encontraron, se enfrentaron, dos guerrilleros murieron. Todo pasó ante los ojos de los pequeños que, desde entonces, cuenta su padre, quedaron traumatizados: afectó su habilidad motora –en el caso de Jhonny– y su habla –en el caso de Jenny–. Los llevaron hasta al psiquiatra, pero los traumas nunca se fueron del todo. Tal vez Jhonny habría tenido otra suerte ese 22 de septiembre de 2005 de haber podido correr.
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Desde el inicio, la Fiscalía señaló que el hoy director nacional del Esmad, el coronel Gabriel Bonilla González –en esa época era subcomandante de este organismo–, ejercía en ese momento la “posición de garante”. Es decir, que en su calidad de superior de los agentes del Esmad que habían ido a parar la protesta en la Univalle, era el encargado de supervisar que los policías actuaran conforme a la ley. Pero ese día, ya lo comprobó la justicia, los agentes del Esmad no fueron requisados antes de entrar a la Univalle. En septiembre de 2007, dos años después del crimen, la Fiscalía 41 especializada de Derechos Humanos abrió formalmente investigación contra el oficial Bonilla. En 2009, la Procuraduría pidió que Bonilla fuera llamado a juicio.
Así sucedió en enero de 2010. Bonilla González fue acusado por homicidio culposo, prevaricato por omisión y por lesiones personales culposas, en relación con el estudiante Germán Perdomo Abello, quien también salió gravemente herido ese 22 de septiembre. En mayo de 2010, sin embargo, la propia Fiscalía reversó su decisión y archivó la acusación contra Bonilla por homicidio culposo. Quedaron sólo los cargos por lesiones personales, pero el 9 de octubre de 2015, cuando Bonilla ya había sido nombrado director nacional del Esmad, el Juzgado 23 Penal Municipal decretó “la prescripción de la acción penal”. Es decir, se venció el tiempo de la justicia para determinar la responsabilidad de Bonilla con respecto a las lesiones que sufrió Germán Perdomo Abello.
Desde el Cauca, donde comanda la respuesta del Esmad ante la minga indígena que comenzó hace una semana, el coronel Bonilla le dijo a El Espectador que, en su caso, la justicia ya se pronunció y él resultó eximido. “Con respecto a la solicitud en particular, será facultativo del señor presidente y el señor director general (general Jorge Nieto) la decisión que tomen al respecto, que asumo será en derecho”. El oficial agregó que está tranquilo frente a este caso. “Los cuerpos de policía deben tener armas que generen el menor daño posible cuando se tienen que enfrentar estos desórdenes. Por eso la Policía adquiere armas no letales avaladas por la ONU”, le dijo sobre este tema Bonilla a este diario hace dos años.
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“Como regla general, una investigación penal debe realizarse con celeridad para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa”, indicó la Comisión Interamericana cuando admitió el caso de Jhonny Silva Aranguren.