En una carta remitida este miércoles a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, los abogados defensores de derechos humanos, Germán Romero y Jorge Molano, piden que inicien investigaciones penales contra los generales activos del Ejército, Emiro José Barrios y Jorge Enrique Navarrete, por sus supuestos vínculos en casos de ejecuciones extrajudiciales. (Lea: “Le hemos pedido al fiscal información muy precisa y no la hemos recibido”: fiscal de la CPI)
Los juristas también solicitan al tribunal internacional que haga lo mismo con los generales en retiro Mario Montoya Uribe y Justo Eliseo Peña, por su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales realizadas por el Comando, la Tercera División y Octava Brigada del Ejército Nacional, «en razón de los asesinatos sistemáticos de civiles, que posteriormente fueron presentados como muertos en combate».
En la comunicación a la fiscal Bensouda, se resalta, por ejemplo, los expedientes en contra de los altos mandos de la unidad castrense que determinaron estos crímenes.Las investigaciones, según los abogados, “han sido paralizados desde la llegada a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, en donde deliberadamente se ha restringido el acceso a la información de las víctimas y se han adoptado medidas que impiden analizar el contexto de los hechos y la sistematicidad de los crímenes”.
Asimismo, dicen que los procesos judiciales en contra de los militares se han adelantado con el propósito de “sustraer al acusado su responsabilidad penal”, a la vez que se han adelantado supuestas acciones ajenas a las de responder ante la justicia. Situación que, según los abogados, se ha agravado desde el mes de septiembre de 2016. (En contexto: 29 generales y coroneles, en la mira de la CPI por ejecuciones extrajudiciales)
En ese sentido, los juristas manifestaron que remitieron a la CPI los respectivos expedientes penales que se adelantan en contra militares activos y retirados, con el propósito de que el tribunal internacional evalué dichas pruebas. “Mediante la omisión en el deber de investigar y someter estos actos criminales a juicio, la Fiscalía ha dejado de instruir, en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales de las víctimas, estos procesos”, expresaron.