[dhColombia, 13 de septiembre de 2017] Abogados defensores de derechos humanos, German Romero y Jorge Molano, han solicitado en el día de hoy a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, de inicio a la investigación en contra de los Generales en servicio activo EMIRO JOSE BARRIOS y JORGE ENRIQUE NAVARRETE JADETH, así como de los Generales en retiro MARIO MONTOYA URIBE y JUSTO ELISEO PEÑA, por su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por personal adscrito al Comando del Ejército, Tercera División y Octava Brigada del Ejército Nacional, en razón de los asesinatos sistemáticos de civiles, que posteriormente fueron presentados como muertos en combate, para la cual fueron remitidas las pruebas de su participación en dichos hechos.
En la comunicación a la Fiscal Bensouda, se resalta como los procesos en contra de los mandos del Ejército Nacional que determinaron estos crímenes, han sido paralizados desde la llegada a la Fiscalía General de la Nación de Néstor Humberto Martínez Neira, adicionalmente en los que deliberadamente se ha restringido el acceso a la información de las víctimas y se han adoptado medidas que impiden analizar el contexto de los hechos y la sistematicidad de los crímenes. Así mismo, se han adoptado medidas para garantizar la permanencia y promoción en los cargos y la continuidad en el ejercicio del mando, con grave riesgo para la sociedad de repetición de estos actos.
Los abogados Molano y Romero han indicado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que los procesos adelantados en contra de estos oficiales se han adelantado con el “propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal”, en los que adicionalmente es claro que estos procedimientos se han adelantado de una manera “incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia”, situación que se ha agravado desde el mes de septiembre de 2016.
A pesar de los múltiples testimonios y prueba documental, que evidencia y establece la política de promover ejecuciones extrajudiciales, así como de las acciones desarrolladas desde los mandos para destruir las pruebas existentes, mediante la omisión en el deber de investigar y someter estos actos criminales a juicio, la Fiscalía General de la Nación ha dejado de instruir “en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales” de las víctimas estos procesos.
Por tal motivo, han sido remitidos los expedientes penales que se adelantan en contra de los mismos, para efectos de la evaluación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.