Ginebra-Paris-Bogotá, 19 de julio de 2017 – La tasa de homicidios más baja en Colombia en 40 años en el contexto del proceso de paz contrasta con un clima de constantes amenazas y un fuerte aumento en las cifras de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. La permanencia de estructuras paramilitares, la impunidad y las limitaciones de la respuesta institucional entre las principales razones de esta realidad, denunció hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) al finalizar su misión en el país.
La actividad de las personas defensoras de derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en Colombia. El número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2016 oscila entre 59 y 134 según la fuente[1]. Más allá de la diferencia entre cifras, escandalosas en ambos extremos, es importante resaltar que las distintas instituciones nacionales del Estado, organismos internacionales y de la sociedad civil colombiana que recogen estas estadísticas coinciden en señalar un importante incremento en el número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en comparación con años previos. Además, según la información recogida por la misión las personas defensoras que ejercen liderazgo a nivel local, particularmente aquellas que defienden derechos relacionados con la tierra y el medio ambiente en zonas rurales, constituyen el grupo más vulnerable en un escenario de constantes amenazas.
El Observatorio ha identificado cuatro causas estructurales que explican la situación actual.
En primer lugar, la principal fuente de agresiones contra personas defensoras se da en el contexto de la permanencia de estructuras paramilitares en el país, identificadas como el principal victimario. La misión ha podido documentar varios casos de colusión y/o connivencia entre funcionarios del Estado y grupos paramilitares en distintas partes del país como Norte de Santander o Antioquia en un contexto en el que las autoridades siguen negando la existencia de este fenómeno.
“En palabras de un defensor colombiano: -No puede combatirse lo que no existe-. Por ello, el gobierno debería reconocer públicamente la permanencia de estructuras paramilitares en Colombia y hacer frente a este fenómeno mediante la aplicación efectiva y decidida de las medidas incluidas a tal efecto en el acuerdo de paz”, declaró Miguel Martín Zumalacárregui, Director de la oficina en Bruselas de la OMCT y delegado de la misión del Observatorio en Colombia.
En segundo lugar, según los hallazgos del Observatorio, las autoridades públicas tienden a mostrar un mayor reconocimiento a la legitimidad de la labor de las personas defensoras. Sin embargo, todavía se mantienen señalamientos y ejemplos de estigmatización contra personas defensoras. Por ejemplo en el Sur de Bolívar, Bucaramanga y Barrancabermeja, donde en un caso, una de las cinco personas defensoras de derechos humanos detenidas, fue vinculada por la fiscal con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por su papel de liderazgo en la organización de marchas.
La criminalización en casos de protesta social sigue siendo preocupante. La misión ha recibido diversas informaciones sobre el empleo de un enfoque represivo para el manejo de las protestas pacíficas en Colombia, incluyendo numerosos ejemplos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Se tuvo conocimiento de varios casos que incluyen a personas defensoras en el departamento del Cauca y en el marco del paro cívico en la ciudad de Buenaventura.
En tercer lugar, el Observatorio ha podido constatar la persistencia de elevados niveles de impunidad que refuerzan la vulnerabilidad de todas la personas defensoras de derechos humanos en el país. Según la información recibida, solo habría sentencia condenatoria en cinco casos de asesinatos de personas defensoras a lo largo del último año. Además, en mayo de 2017 se produjo la primera condena en la historia de Colombia por amenazas a una persona defensora de derechos humanos en la que un escolta fue condenado por las amenazas a su persona protegida pero no se investigaron posibles autores intelectuales.
“Nos preocupa particularmente la poca prioridad que reciben los casos de amenazas por parte de la fiscalía. Además, hay una tendencia en todas las investigaciones de ataques contra personas defensoras a que, en los pocos casos en los que la investigación lleva a una condena, no se indaga sobre los autores intelectuales, limitándose a los autores materiales”, afirmó Vincent Vallies, Experto internacional y delegado de la misión.
Finalmente, en cuarto lugar, el Observatorio ha podido constatar que a pesar del amplio entramado institucional dedicado a la protección de defensores y defensoras en Colombia la respuesta institucional sigue siendo débil por los siguientes motivos: la insuficiencia de medidas que hagan frente a las causas estructurales que les ponen en riesgo, la falta de implementación a nivel local de las directrices y planes nacionales, así como las escasas garantías para ejercer su trabajo de defensa de derechos, como medidas con enfoque diferencial según la edad, la etnia, el género y su nivel socio económico.
Contexto:
El Observatorio celebró una misión internacional de investigación en distintos puntos de Colombia (Bogotá, Norte de Santander, Antioquia y Valle del Cauca) entre el 11 y el 19 de julio de 2017. La delegación estuvo compuesta por Vincent Vallies (experto internacional de nacionalidad francesa) y Miguel Martín Zumalacárregui (Director de la oficina en Bruselas de la OMCT y Consejero de Derechos Humanos para el Observatorio en la OMCT, de nacionalidad española), y fue acompañada por Jahel Quiroga (Directora de la Corporación Reiniciar y miembro del Consejo Ejecutivo de la OMCT), y Ana María Rodríguez (Representante ante Naciones Unidas de la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ).
El Observatorio publicará en los próximos meses un informe con los hallazgos y recomendaciones específicas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, en el que se incluirán las conclusiones sobre este tema. Además, como parte de una estrategia de reforzamiento del trabajo sobre Colombia por parte del Observatorio, en los próximos meses se publicará también un informe documentando varios casos de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la defensa de los derechos a la tierra y al medio ambiente en el contexto de megaproyectos.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para obtener más información, por favor contacten con:
- OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui / Delphine Reculeau: (+41) 22 809 49 39
- FIDH: Samuel Hanryon / Audrey Couprie: (+ 33) 1 43 55 25 18
Para más información y para entrevistas con los integrantes de la misión en Bogotá:
- Silvia Ojeda (Comunicaciones CCJ): lasilviojeda@coljuristas.org / Cel: +57 322 943 3896
[1] La cifra de 59 es de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Programa Somos Defensores ha empleado la cifra de 80. La cifra de 135 corresponde a datos de la Defensoría del Pueblo.
Fuente: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2017/07/d24455/