VerdadAbierta.com accedió a documentos que prueban la destrucción de evidencia de varios casos de posibles ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el municipio de Segovia. Por estos crímenes investigan al coronel Nelson Velásquez Parrado, quien podría llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Fiscalía pide de 30 a 40 años de cárcel para el coronel Nelson Velásquez Parrado por las 17 posibles ejecuciones extrajudiciales que se realizaron bajo su mando en Segovia, Antioquia, en 2007. Foto: archivo Semana.
Quemadas. Así quedaron las pruebas documentales de tres homicidios que el Ejército reportó como muertes en combate en el nordeste antioqueño, pero que para la Fiscalía y la defensa son ejecuciones extrajudiciales. Incluso, la destrucción se hizo dentro del mismo batallón investigado por esos crímenes.
La historia comenzó en 2007 cuando el coronel Nelson Velásquez Parrado era el comandante del Batallón Especial Energético y Vial No. 8 en Segovia, Antioquia. Como parte de su estrategia para combatir la guerrilla y el narcotráfico, autorizó la Misión Táctica Joel el 1 de julio de ese año.
Al día siguiente, la Misión rindió los primeros resultados. Los soldados del pelotón Contrera 1, comandados por el subteniente John Silva Avendaño, llegaron con tres revólveres y la noticia de que habían dado de baja a tres personas que hasta ese momento no estaban identificadas y de quienes solo se sabía que habían muerto en la vereda Saltillo, corregimiento de Machuca, en Segovia.
Así siguió el resto del año, con dos o tres muertes en cada supuesto combate que registraba el Ejército. Unas veces eran presentados como “terroristas” del Eln o las Farc; otras, como miembros de bandas criminales que servían al narcotráfico; y en algunos casos, las víctimas tenían al parecer tenían antecedentes de rebelión. Los resultados fueron tan efectivos que en más de una ocasión los superiores felicitaron a los militares que ejecutaron las órdenes del coronel Velásquez.
Pero algo no terminaba de encajar en las historias, especialmente para los familiares de las víctimas. En la necropsia de los tres primeros muertos en combate, se identificó a Cristian Rolando Jaramillo Zuluaga, Camilo Ricardo Azuero Suárez y Carlos Javier Vásquez.
La hermana de Cristian, Natalia Astrid Jaramillo Zuluaga, aseguró a la Fiscalía que la última vez que supo algo de su hermano era un indigente que vivía en el centro de Medellín vendiendo dulces en los buses y admitió que cuando lo veía se mantenía “trabado” por el consumo de bazuco, pegante y marihuana.
Camilo Ricardo también era adicto a las drogas. Su mamá, Teresa Suárez, le dijo al Ente Investigador que ella misma envió a su hijo a la fundación Descubrir, en Copacabana el 9 de febrero de 2006 para que lo trataran. Él no vivía en Antioquia, pero llegó allí después de pasar por varios centros de rehabilitación.
Teresa solo pudo visitarlo tres veces porque en mayo de ese mismo año escapó en un viaje a Medellín al que lo envió la misma fundación, sin la autorización de los familiares. Ella se desplazó desde Bogotá para buscarlo y en vista de que no encontraron ni rastros de él, en 2011 lo registraron como desaparecido.
La primera pista de su paradero llegó en 2015, cuando un abogado la llamó para decirle que su hijo no había desaparecido, sino que lo habían matado, que “era víctima de un falso positivo” en Segovia. Su mamá no entendía nada de lo que sucedía pues para ella “él no tenía ningún motivo para viajar a ese municipio”, le dijo a la Fiscalía.
Finalmente, en noviembre de 2016 esta familia recibió los restos del cuerpo de Camilo Ricardo como parte de una investigación que adelantaba en Medellín la Fiscalía 57 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Su caso y los otros dos de la Misión Táctica Joel hacen parte de las 17 personas reportadas como muertos en combate durante 2007 por las que investigan actualmente al coronel Velásquez. Y es precisamente parte de esas pruebas las que fueron destruidas.
Cadena de notificaciones
“Evidencia embalada y rotulada […] con las tres bajas en el sector de Manipa y El Cristo – Machuca”. Estas palabras están en el acta de destrucción de pruebas que se realizó el 7 de diciembre de 2015. El documento tiene las firmas del fiscal de Segovia de entonces, Luis Fernando Rojas, quien autorizó el procedimiento; de la personera Luisa Fernanda Rivera; y de los miembros de la Sijin de la Policía Adán Alexander Penagos y Esteban Hernández.
Las pruebas eran específicamente un disco compacto con fotografías del operativo comandado por el subteniente Silva y ordenado por el coronel Velásquez que dejó tres civiles muertos, registrados “como muertos en combate”.
Esa es tan solo una de las seis actas de destrucción que se realizaron el mismo día dentro del Batallón Energético y Vial No. 8. Las otras corresponden a cinco tipos de narcóticos, tres discos compactos, dos páginas “con escrituras de extorsión”, fotografías, una carpeta roja, un reloj, un llavero de cuero, tiquetes de buses, un bolso azul, dos cuchillos y cartuchos. Todos elementos de más casos de ejecuciones extrajudiciales bajo investigación.
Estas evidencias permanecieron guardadas en el almacén de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Segovia durante nueve años hasta que el fiscal del municipio ordenó destruirlas el 24 de noviembre de 2015.
Lo curioso es que esta destrucción fue solicitada por la Policía Judicial y, una vez realizada, la misma Fiscalía de Segovia notificó a la IV Brigada del Ejército en Medellín sobre lo que sucedió con la evidencia, “con el fin de que (las actas) sean repartidas al despacho correspondiente y sean anexadas, ya que en diferentes fechas fueron enviadas a la Justicia Penal Militar”, dice el oficio que envió el Ente Investigador el 25 de enero de 2016.
En efecto, la IV Brigada envió las mismas seis actas de destrucción de evidencia al Juzgado 8 de Brigada en Medellín, luego estas llegaron al Juzgado 14 de Brigada en Puerto Berrío y, posteriormente, al Juzgado 128 de Segovia, que queda dentro del mismo batallón militar investigado. Estos tres juzgados pertenecen a la Justicia Penal Militar.
Ahí es precisamente donde empieza la primera de las irregularidades pues, como explica Germán Romero, abogado de una de las víctimas de los casos investigados, se supone que la Fiscalía solo debería hablar con los militares acerca de destrucción de pruebas cuando se trate de armas de fuego. “Eso siempre está bajo control de las brigadas, pero el resto no. La Fiscalía de Segovia no tiene por qué decirle algo a la IV Brigada”, señaló.
Además, queda la duda de por qué la Fiscalía de ese municipio notificó sobre la destrucción de las pruebas a la IV Brigada que queda en Medellín si el juzgado militar estaba ahí mismo en Segovia y en cualquier caso el superior jerárquico del Ejército en esa zona es la Brigada XIV y no la IV.
Por otra parte, muchas de las fechas de los oficios no concuerdan. Pese a que la destrucción fue el 7 de diciembre de 2015, hay un oficio con fecha del 13 de agosto de 2015 en el que la IV Brigada notifica al Juzgado 8 de Brigada en Medellín sobre lo que pasó con las pruebas, cuando en teoría todavía existían.
“Me permito remitir por competencia, al señor coronel juez Octavo de Brigada, el oficio […] proveniente de la Unidad Seccional de Fiscalía de Segovia – Antioquia, donde remiten las actas de destrucción de elementos” de seis casos, dice el radicado que envió el coronel Heiver Norberto Dueñas, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la IV Brigada, el 13 de agosto de 2015, es decir cuatro meses antes de la fecha oficial de destrucción de evidencia.
Tras tener estas actas en su poder, el Juzgado 8 de Brigada de Medellín las reenvío a la justicia penal militar en Puerto Berrío, pero la fecha del oficio es del 8 de febrero de 2015, anterior a la destrucción de pruebas y a cuando supuestamente las recibieron por parte de la IV Brigada.
“Respetuosamente me permito remitir por competencia oficio […] suscritos por el Jefe de Estado Mayor de la Cuarta Brigada donde remiten las actas de destrucción de elementos (de los mismos seis casos), procedentes de la Fiscalía Seccional de Segovia – Antioquia”, puntualiza el documento firmado por la secretaria del Juzgado Octavo, Bibiana Salgado, y enviado al Juez 14 de Brigada de Puerto Berrío.
Luego, de Puerto Berrío reenviaron las actas de destrucción de pruebas de los seis casos al Juzgado Militar 128 de Segovia, con fecha del 2 de marzo de 2016. Es decir que, de todos los oficios, es el único que sí tiene una fecha posterior a cuando se quemaron las evidencias.
Curiosamente es el mismo Juzgado 128 del Batallón Energético y Vial No. 8 el que le envía las actas de destrucción de pruebas al Fiscal 57 en Medellín, Luis Fernando Zapata, y se las remitió cuando ya este funcionario había recolectado toda la información de los juzgados penales militares para investigar al coronel Velásquez por su presunta responsabilidad como comandante durante las operaciones de 2007, donde se habrían podido presentar ejecuciones extrajudiciales.
Coronel a punto de ser General
El pelotón Contrera 1 estaba conformado por 11 militares y el subteniente Jhon Jairo Silva. Foto: archivo Semana.
Después de recibir esa cadena de oficios, el fiscal Zapata le pidió a la Procuraduría y al Consejo Seccional de la Judicatura investigar al fiscal de Segovia por destruir pruebas “que para el momento no eran competencia de la Fiscalía de ese municipio, sino que se encontraban por cuenta de otros despachos judiciales” de la justicia militar o de la justicia ordinaria y que, además, “son primordiales para adelantar investigaciones por graves violaciones de derechos humanos y DIH”.
Y es que la Fiscalía acusa al coronel Velásquez de que por lo menos 17 muertos que presentaron en combate realmente eran civiles que no tenían nada que ver con el conflicto y cuyo único factor común era “tener antecedentes penales, ser drogadictos, habitantes de calle en la ciudad de Medellín, no tener contactos ni vínculos en la zona en la cual fueron muertos”, como se explica en el escrito de acusación que conoció VerdadAbierta.com.
Según ese documento, tres militares del mismo batallón condenados por otros hechos diferentes al de la Misión Táctica Joel, pero también ocurridos en 2007, explicaron que ellos recibieron “personas para darles muerte y presentarlas como bajas en combate”.
Uno de los militares que se encargaba de llevar esos civiles a los sitios donde los iban a matar era Elvin Caro Mesa, quien “directamente señala al señor Nelson Velásquez Parrado, su comandante, como la persona que coordinaba estos hechos, e igualmente quien conseguía las armas para colocarle a las víctimas y simular el combate”, según la investigación de la Fiscalía.
El abogado del coronel Velásquez, José Abad Zuleta, le dijo a VerdadAbierta.com que por ahora no tenían interés en expresarse sobre estos aspectos y que el oficial no quería hablar con ningún medio de comunicación.
Por otro lado, Elvin Caro Mesa fue uno de los primeros militares en beneficiarse este año con la libertad condicional de la Ley de Amnistía e Indulto. (Ver: Así avanza la libertad de militares implicados en polémicos casos)
Él estaba detenido en el Batallón Pedro Nel Ospina, en Bello, Antioquia, tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó a 31 años de cárcel. Fue uno de los responsables de la ejecución extrajudicial de Samir Enrique Díaz Galet en el barrio La Gabriela, de ese mismo municipio, ocurrida el 28 de marzo de 2008.
Antes de quedar en libertad, debió firmar un acta con la que se compromete a acudir a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) una vez esté en marcha, mecanismo de justicia transicional que se acordó en el proceso de paz entre el gobierno nacional y las Farc.
VerdadAbierta.com conoció que otro de los militares que se quiere presentar a la JEP es precisamente el coronel Velásquez, recluido actualmente en la Escuela de Infantería del Cantón Norte en Bogotá. Así quedó consignado en el formato que el oficial firmó con su puño y letra y que le envió del Comando General de las Fuerzas Militares el pasado 1 de marzo.
Al coronel Velásquez lo imputaron desde el 10 de diciembre de 2015 en Medellín y ordenaron detenerlo preventivamente en cárcel. Después de eso, se presentó ante las autoridades. Pero un mes antes de expedirse la orden de captura en su contra, estaba en la lista de los miembros de la Fuerza Pública que serían ascendidos. (Ver listado)
Su paso por el Batallón Especial Energético Vial No. 8 se suma a otros cargos que ha ejercido, entre ellos Director del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, Director de Ingenieros de Combate, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Brigada XXII de Selva, Comandante del Batallón de Combate Terrestre No. 45 y Director del Laboratorio Control de Calidad de Ejército. Esta trayectoria lo acreditaba como nuevo General de la República, a juicio del Comando General de las Fuerzas Militares.
Sin embargo, en medio del ascenso, comenzó la investigación que hoy lo tiene tras las rejas, con una investigación en curso en la Fiscalía 57 de Medellín por su posible coautoría en homicidio en persona protegida y en camino a ser procesado en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Pero la investigación de la destrucción de pruebas apenas comienza y los primeros pasos van en la denuncia por parte del fiscal Zapata al fiscal Rojas de Segovia y también a los miembros de la Sijin que participaron en la quema de la evidencia.
Más allá de saber que se trataban de fotografías de esos casos, sigue siendo un misterio por qué las destruyeron, cómo podían aportar a las investigaciones judiciales y por qué las fechas no concuerdan. La justicia tiene la obligación de aclarar esos procedimientos y procesar a los responsables.