La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional a pagar 700 millones de pesos como indemnización a la familia de un joven estudiante de ingeniería química de la Universidad del Valle, en Cali, quien falleció durante una protesta que se presentó en inmediaciones de la institución educativa, en septiembre de 2005.
La Corporación Judicial reveló que los hechos ocurrieron cuando se presentaron enfrentamientos entre los estudiantes y personal del escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional -ESMAD-, quienes ingresaron al lugar y se dirigieron hacia donde los jóvenes tenían instalado un campamento.
Allí procedieron a agredir y a detener a varias personas, lo que provocó que muchos universitarios salieran corriendo perseguidos por miembros del ESMAD, instante en el cual se escucharon disparos y cayó herido el estudiante de ingeniería que fue trasladado a la Fundación Valle del Lili, a donde llegó sin signos vitales.
El alto tribunal indicó que aunque la actuación del ESMAD estuvo precedida de un fin legítimo como era evitar que los estudiantes bloquearan la vía pública, desconoció en el operativo los principios de precaución y proporcionalidad para evitar que se ocasionaran daños a los manifestantes.
“Solo el hecho de hacer parte de una protesta ciudadana no representa la trasgresión al ordenamiento jurídico, puesto que los habitantes tienen derecho a expresar su disenso frente a las medidas que adopten las autoridades estatales… Las autoridades policivas deben estar preparada para mantener el orden pero siempre respetando los derechos más caros a la persona humana, entre ellos el de su dignidad y el espacio de libertad que requiere la protesta misma”, indica la sentencia.
La Sala manifestó su preocupación por el hecho de que la Justicia Ordinaria hubiera precluído la investigación contra los miembros del ESMAD, ya que las circunstancias que antecedieron la muerte del joven no fueron esclarecidas, pudiendo configurarse una ejecución arbitraria, lo cual implicaría una grave violación a los Derechos Humanos que, al no ser juzgadas, podrían ser objeto de conocimiento de la justicia internacional.
“Los daños provenientes de estas conductas reprochables deben ser conocidos, juzgados y reparados por la jurisdicción ordinaria, antes de someter a las víctimas del conflicto armado a la fatigosa carga de reclamar una condena en los tribunales internacionales, amén de que dicha circunstancia deja mal librada a la administración de justicia colombiana y la muestra ante la comunidad internacional como una instancia carente de eficacia e idoneidad y de legitimidad social”, puntualiza la sentencia.
En el fallo se exhorta a la Fiscalía General de la Nación para que estudie la posibilidad reabrir la investigación penal que decidió absolver a los miembros del ESMAD responsables de la muerte del referido estudiante.
Además, se ordenó implementar un curso en protección de derechos humanos a todas las unidades del ESMAD en el país.
PAOLA SANTOFIMIO