Resulta curioso, por decir lo menos, que luego de tres décadas de silencio y negligencia institucional, de persecución a los familiares de los desaparecidos, de negación de responsabilidades por parte de las Fuerzas Militares y del mismo Estado colombiano, y del fallo condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (proferido en diciembre del 2014, por la desaparición de 11 personas y la retención ilegal y tortura de otros cuatro civiles durante la retoma del Palacio de Justicia, en el que se exige buscar y ubicar a las personas desaparecidas y pedir perdón públicamente por lo ocurrido), empiecen a aparecer los desaparecidos de modo poco ortodoxo.
El Instituto de Medicina Legal confirmó que el cuerpo de Héctor Jaime Beltrán, joven empleado de cafetería, fue encontrado en la ciudad de Barranquilla en la tumba del magistrado auxiliar Julio César Andrade, cuyos restos fueron exhumados 15 meses atrás, de acuerdo con la intención de la Fiscalía de “exhumar los restos de las casi 100 víctimas del holocausto para cotejar sus identidades con pruebas de ADN y compararlas con las de los familiares de los desaparecidos. ¿Pero después de tantos años sin respuestas ni voluntad política cuáles son esos elementos que afirman generan sospecha y que llevan a la Fiscalía a emprender esta labor titánica desde hace más de dos años?
Con Beltrán ya son cinco los desaparecidos encontrados luego de la incesante búsqueda liderada por sus familiares, incluyendo a Ana Rosa Castiblanco, una empleada de cafetería que al parecer estuvo enterrada como N.N. en un cementerio de Bogotá durante 13 años y fue identificada en el 2001. Los otros cuatro fueron encontrados, después del fallo del tribunal internacional. En octubre de 2015 se identificaron los restos de Lucy Amparo Oviedo, visitante ocasional de palacio, en el cementerio del sur de Bogotá, los de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portela, empleadas de la cafetería, en cementerios privados. Dos de ellas estaban en los ataúdes de la magistrada auxiliar Libia Rincón y María Isabel Ferrer, quienes también murieron.
En su fallo, la Corte IDH señala que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma o de ser colaboradores del grupo guerrillero M-19. También reconoce que estas personas eran separadas del resto de rehenes y conducidas a instalaciones militares, donde en algunos casos fueron torturadas y desaparecidas”. Y probó que “bajo la dirección de funcionarios militares, las autoridades alteraron gravemente la escena del crimen y además cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres”.
El Estado colombiano presentó una defensa encabezada por el abogado Rafael Nieto Loaiza, que indignó a los mismos magistrados del alto tribunal de justicia, y declaró al Estado responsable internacionalmente «por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de los sucesos conocidos como la toma y la retoma del Palacio de Justicia» y por faltar a su deber de garantizar el derecho a la vida. Igualmente condenó a la Policía y al Ejército Nacional por el “manejo irregular” que se presentó con los rehenes que eran trasladados a la Casa del Florero.
Las autoridades de ese entonces negaron -y siguen negando- la sistemática práctica de torturas, asesinato y desaparición forzada. Incluso, han reiterado que los supuestos desaparecidos perecieron durante el incendio que consumió casi por completo las instalaciones del Palacio de Justicia. Sin embargo, las evidencias los contradicen. En el caso de Cristina del Pilar Guarín, el reporte forense indica que, pese a que la causa precisa de la muerte no fue determinada, “la joven recibió cuatro disparos, tenía trauma dorsal y abdominal y sus estructuras óseas fueron “expuestas a altas temperaturas” después de muerta, lo que refutaría la versión de que murió a causa del incendio. El documento es rotundo cuando afirma que fue víctima de homicidio. ¿Por qué el trozo hallado de su falda escocesa no estaba quemada y su vertebra lo estaba por dentro pero no por fuera?
Si a alguien conviene que hoy aparezcan los desaparecidos del Palacio de Justicia es a los militares. No sólo pondrían, una vez más, en entredicho la verdad histórica sobre la desaparición de civiles y guerrilleros, bajo el argumento de que en ese momento de tanta confusión institucional se incurrieron en algunos errores de procedimiento, como lo sostuvo en su momento la defensa del coronel Sánchez Rubiano al asegurar que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia, sino personas sepultadas sin identificación o entregadas equivocadamente porque “el manejo de los cadáveres fue muy malo, deficiente”, pero nunca se incurrió en las conductas criminales por las cuales la misma Corte IDH condenó al Estado colombiano.
No se puede precisar con total certeza cómo estos hallazgos podrán aportar a la verdad judicial y a los procesos en lenta marcha, pues hasta la fecha la Fiscalía ha llamado a indagatoria a 14 militares, sin que se haya logrado determinar la verdad plena sobre lo ocurrido. El coronel Luis Carlos Sadovnik ‘Arcano 5’, el segundo al mando de la Brigada XIII del Ejército en ese entonces, fue quien dijo durante el operativo: “Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio”, una orden cifrada para desaparecer civiles, pero falleció antes de ser llamado a declarar en el 2009.
El coronel Alfonso Plazas Vega («Coraje 6”), fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 30 años de prisión como “autor mediato” en la desaparición de Irma Franco y Carlos Rodríguez, quienes, según pruebas documentales salieron con vida del palacio de Justicia, pero en diciembre de 2015 fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia. El general Jesús Armando Arias Cabrales («Arcano 6”), responsable de plan de estrategia militar llamado el Plan Tricolor, fue condenado por omisión, y aunque la procuraduría se opuso a su condena, esta fue ratificada en el 2014 por la Corte Suprema de Justicia. El coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano (‘Arcano 2’), jefe del B-2, aunque fue condenado a 40 años de cárcel en el 2016 por la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández, sigue en libertad en espera de que su caso llegue a casación en la Corte Suprema y su condena quede en firme.
En 2014 tres generales, Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracica, fueron llamados a indagatoria por el asesinato del magistrado del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, quien salió con vida de Palacio y según la Comisión de la Verdad murió por un tiro de gracia de un arma calibre 9 milímetros y su cadáver fue lavado antes de ser ubicado, pero el caso no prosperó y la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago terminó siendo retirada de su cargo. El ex presidente Belisario Betancur, jefe máximo de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Rafael Samudio Molina, quien ordenó el traslado de tropas desde otras ciudades para el operativo de retoma, no han respondido ni responderán nunca ante la justicia por sus responsabilidades en los hechos.
El general (r) Iván Ramírez, el coronel (r) Fernando Blanco Gómez y el sargento (r) Gustavo Arévalo Moreno, investigados por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de la guerrillera Irma Franco Pineda y varios civiles, así como del secuestro y tortura de los estudiantes de la Universidad Externado de Colombia Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, y de Orlando Quijano, funcionario de la Corte Suprema de Justicia, fueron absueltos en 2011 por orden de la juez 51 penal del circuito de Bogotá.
El Estado, pese a los avances de los últimos años, debe muchas explicaciones no sólo frente a los hechos ocurridos durante y después de la toma y retoma, también sobre los protocolos de búsqueda y los resultados de las recientes exhumaciones. Hoy se reconoce como verdad histórica algunos hechos ya demostrados. Se sabe que fue una toma anunciada, que hubo retenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas, que se cometieron varias irregularidades en el operativo de retoma, se impartieron órdenes militares para cometer delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad, se empleó excesivo material bélico contra la sede de la justicia atestada de civiles, se incendió el Palacio de manera intencional y se impidió la oportuna acción del cuerpo de bomberos, y, siguiendo órdenes de altos mandos, algunos militares lavaron el Palacio de Justicia para borrar evidencias claves.
También se sabe que varios civiles fueron conducidos a la Casa del Florero tal y como se observa en registro fílmico de la época y cómo lo reiteró el suboficial Yesid Cardona (desaparecido en extrañas circunstancias antes de ampliar su declaración); las familias de los desaparecidos fueron perseguidas y amenazadas por su corajuda búsqueda de respuestas y de sus seres queridos, y dos abogados que llevaban los procesos fueron asesinados: Eduardo Umaña Mendoza y el ex juez Tarsicio Roldán, representante de los magistrados y también apoderado de los familiares de las víctimas de la masacre de Segovia. Ahora la Fiscalía y Medicina Legal tendrán que explicar cómo están seleccionado las tumbas de cuyos restos sospechan y si los restos encontrados reposan allí desde hace varios años o si fueron acomodados recientemente por los militares.
Una prueba que confirma que los militares si saben qué ocurrió con los desaparecidos es el sargento Bernardo Garzón Garzón. Cuando fue miembro de inteligencia militar logró infiltrar al M-19 antes de la toma y aunque negó ante la Fiscalía su participación en la retoma militar del Palacio y se retractó de sus declaraciones dadas hace más de 20 años, cuando señaló que el general Iván Ramírez y otros oficiales fueron los responsables de las desapariciones de civiles, se convirtió, según reveló Semana, en el testigo clave que permitió hallar los restos de tres de las desaparecidas.[1] El suboficial estuvo detenido 31 meses en el Cantón Militar Nápoles, de Cali, pero recuperó su libertad en el 2016 por vencimiento de términos, típica estratagema de dilación de los abogados defensores.
¿Fue a cambio de información que se garantizó la negligencia de la justicia? ¿Qué ha revelado en sus declaraciones? ¿Dónde están los restos de Rincón, Ferrer y Andrade y de los demás desaparecidos? Un año antes de la condena de la Corte Interamericana, el CTI de la Fiscalía declaró que ya no sabía dónde más buscar a los desaparecidos del Palacio de Justicia; que los restos exhumados en fosas comunes del Cementerio del Sur de Bogotá ya habían sido analizados “sin más coincidencias que la de Ana Rosa Castiblanco, René Francisco Acuña, un transeúnte registrado como Ricardo Mora y el ex guerrillero Fabio Becerra Correa”.
Sin embargo, luego del fallo internacional si supieron dónde buscar y así fueron identificados los restos del magistrado Luis Emiro Sandoval, María Lida Mondol de Palacios, auxiliar del magistrado Manuel Gaona Cruz, la magistrada Blanca Inés Ramírez, los guerrilleros del M-19 William Almonacid, Mónica Molina Beltrán y Carmen Cristina Garzón Reyes y de la funcionaria Ruth Zuluaga. Pero frente a este último hallazgo surgen las mismas dudas que frente a los desaparecidos encontrados: ¿Su cuerpo fue trasladado luego de haber muerto bajo tortura?
En 1989 el sargento Ricardo Gámez Mazuera envío su testimonio a la Procuraduría General con copia a otras entidades, y entre otras alarmantes denuncias afirmó que: “La señora Ruth Mariela Zuluaga de Correa, secretaria del magistrado Carlos Medellín, fue sacada del Palacio y llevada con quemaduras graves al Hospital Simón Bolívar, donde fue atendida por el Doctor Cristóbal Sastoque Melani, jefe del Pabellón de Quemados de dicho hospital”. Sin embargo, “algunos informes de inteligencia dieron cuenta de que «habían sacado una guerrillera y la tenían en el Hospital Simón Bolívar». Fue enviado, entonces, un sargento de nombre Juan (apellido posiblemente Rodríguez)…con 3 soldados del S-2, para sacarla del hospital y llevarla a la Escuela de Caballería”.
¿Cuántos desaparecidos son finalmente?, ¿Cómo terminaron los restos de personas desaparecidas y supuestamente buscadas por casi 32 años en otras tumbas?, ¿Qué protocolo se ha seguido para su identificación? ¿Hace cuánto fueron llevados los restos de los desaparecidos a las fosas que hoy son objeto de revisión? ¿Están los militares removiendo los restos o hace varios años decidieron depositarlos en otras tumbas y en fosas comunes? ¿Cuándo la justicia revelara toda la verdad sobre los autores materiales e intelectuales de los secuestros, torturas y, en algunos casos, asesinato y desaparición forzada de ciudadanos y ciudadanas a manos de la fuerza pública?
Si está en marcha un plan para seguir vulnerando los derechos de las víctimas a verdad y justicia, lo cual tendrá que ser investigado por las autoridades, es evidente que la cúpula castrense siempre ha sabido dónde están los restos de las personas desaparecidas y que los perpetradores de estas graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho de Gentes cometidas antes durante y después del operativo de retoma siguen vivos y tienen el suficiente poder para llevar a cabo un plan como éste, pero ¿desde hace cuánto lo ejecutan?. Ahora, si la versión sobre el uso de ácido de batería para desaparecer algunos restos es verídica, varios de los desaparecidos nunca serán encontrados.
Si en el caso de Héctor Jaime Beltrán, se demuestra que fue asesinado, que es lo más seguro, ¿quién lo asesinó? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quiénes participaron y ordenaron este y otros crímenes?, ¿bajo qué circunstancias fue su cuerpo desaparecido y depositado en otra tumba? Los militares siguen negando los hechos. Como escribió hace algunos días, Gabriel Andrade, hijo del magistrado ahora desaparecido, “la aparición de los desaparecidos y la desaparición de los muertos” mortifican, pero no sólo a él y a su familia, sino a todo un país que aún espera conocer toda la verdad, por más burda y dolorosa que sea.