Pobladores de este corregimiento del Urabá antioqueño denuncian que desde que salieron las Farc del territorio, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se mueven por parajes y veredas reclutando jóvenes, obligando a sembrar hoja de coca a los campesinos y amenazando y desplazando a quienes se atreven a denunciarlos.
Los líderes de este corregimiento esperan que el Gobierno nacional logre una salida negociada al conflicto con todos los actores armados, en especial con los grupos de autodefensas que hacen presencia en la región de Urabá. Foto: Yenifer Aristizábal.Los habitantes del corregimiento San José de Apartadó, en Apartadó, pensaron que tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, que mantuvo una activa presencia en aquella región durante décadas, iban a llegar los buenos tiempos. Pero no ha sido así. Líderes campesinos denuncian que ahora las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) se mueven a sus anchas por las 32 veredas que conforman el corregimiento, generando zozobra y miedo entre las comunidades campesinas.
Razones tienen para sentirse así. Casi desde el mismo momento en que los frentes 5 y 58 de las Farc se desplazaron hacia las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) para hacer dejación de sus armas, aumentaron las denuncias de los pobladores sobre la presencia, cada vez más notoria, de los ‘gaitanistas’ en el corregimiento; que ya no hay vereda por la que no circulen, incluso, vistiendo camuflado y portando armas largas, que están reclutando jóvenes mediante ofrecimientos de dinero y lujos escasos en aquella remota región como celulares de alta gama.
“Les ofrecen plata para que se conviertan en ‘puntos’ y así, estén informando sobre el avance de las autoridades y los movimientos de los líderes campesinos. Los accesos a las 32 veredas están llenos de puntos”, declara Jesús Castaño, integrante de la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó (Acasa).
En este corregimiento, como en todo Urabá en general, se popularizó la palabra ‘punto’. Con ella se designa a los hombres que apostados sobre los principales caminos de la región y armados de celulares, informan permanentemente a la cúpula ‘gaitanista’ las entradas y salidas de pobladores, forasteros, mercancía, militares, autoridades civiles y de Policía.
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Una estrategia que no solo ha generado la sensación de un control absoluto, sino que además se ha convertido altamente efectiva. En San José de Apartadó, por ejemplo, son decenas los líderes campesinos que prefieren no salir de sus veredas, ni realizar actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos, para evitar convertirse en blanco de los ‘gaitanistas’.
Aunque hay labriegos que ya abandonaron el corregimiento. En enero de este año, dos reconocidos dirigentes campesinos de la vereda La Esperanza optaron por el éxodo forzado ante las presiones de los armados. Sus casos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales, aunque, al interior de San José de Apartadó, los pobladores sienten que no pasará nada con ello. “Todos los líderes están amenazados. Les dicen que no digan nada, que no sean ‘sapos’. Y la gente, con la desconfianza que tiene ante la justicia, prefiere no denunciar e irse calladita del corregimiento”, añade Castaño.
De acuerdo con este líder campesino, los ‘gaitanistas’ se encuentran asentados en veredas como Mulatos Medios, Mulatos Cabecera, La Resbalosa, La Esperanza, La Hoz, Rodoxalli, Sabaleta y Las Flores, donde, además, hay presencia de cultivos ilícitos.
“A la gente prácticamente la están obligando a sembrar coca. A los que se oponen los están amenazando. Ya sucedió: un campesino se negó y le dijeron que o vendía la tierra o se iba de la región”, agrega el dirigente quien pide una acción más contundente por parte de todas las autoridades: “hay pruebas fotográficas, están las casas de las veredas pintadas con ‘AGC: llegamos para quedarnos’, no sé qué más pruebas quieren”.
Mantener la alerta
El corregimiento de San José de Apartadó cuenta con 32 veredas; para llegar al centro del corregimiento se debe transitar aproximadamente 30 minutos por la vía que comunica con el casco urbano de Apartadó. Los pobladores piden su pavimentación para así mejorar la salida de sus cosechas y el acceso a mejores servicios de salud. Foto: Yenifer Aristizábal.En reunión llevada a cabo el pasado 22 de febrero en la sede de la Alcaldía de Apartadó, las entidades que conforman la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT), entre las que sobresalen el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y el Programa Presidencial de Promoción, Respeto y Garantía a los Derechos Humanos, evaluaron nuevamente los riesgos consignados en el Informe de Riesgo No. 012-14.A.I de junio de 2014, elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
En aquel Informe, el SAT de la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre el alto riesgo de vulneraciones a los derechos humanos en que se encontraban las comunidades del área urbana de Turbo, Carepa y Apartadó, así como los campesinos de los corregimientos San José de Apartadó, El Reposo y Churidó de Apartadó; los corregimientos Nueva Antioquia, Blanquicet, Alto Mulatos, Bocas del Atrato, Lomas Aisladas, Macondo, Nuevo Oriente de Turbo; y el corregimiento Piedras Blancas de Carepa.
Desde aquel entonces, la Agencia del Ministerio Público comenzó a alertar sobre las presiones, intimidaciones y asesinatos cometidos contra líderes campesinos, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras, así como el control territorial que venían ejerciendo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en la región. Han transcurrido poco más de dos años y la situación no parece mejorar. Por el contrario, tiende a empeorar.
La decisión de mantener la alerta para los municipios de Apartadó, Turbo y Carepa, adoptada el 22 de febrero pasado por las entidades que conforman el CIAT, da cuenta de la compleja situación que vive toda la región del Urabá antioqueño en materia de seguridad. A ello se suma la alerta emitida recientemente por la Defensoría del Pueblo donde advierte el peligro en que se encuentran 337 organizaciones sociales en 265 municipios del país. Entre ellos se encuentran las juntas de acción comunal y asociaciones campesinas de Apartadó, Urabá antioqueño.
Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales
Por cuenta de este riesgo latente, que recae también sobre la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó, el Proceso Social de la Mesa Territorial de Garantías para Defensores de Derechos Humanos en Antioquia, que acompaña a la Asociación en mención, solicitó una sesión extraordinaria de la subcomisión de seguridad y garantías, creada a la luz del Acuerdo de Paz. “Urabá está dentro de las regiones priorizadas por la subcomisión, pero después de su presentación en Cauca, no se ha vuelto a saber nada de ella, si están sesionando o qué”, dice Joan Arango, vocero del Proceso Social.
Asimismo, ante las reiteradas denuncias de las comunidades campesinas sobre la connivencia –y falta de voluntad- de algunos soldados adscritos a la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Urabá antioqueño, para perseguir y combatir a los ‘gaitanistas’, García añade que “urge una reestructuración a fondo de esa guarnición militar. Y no solo. Que en efecto haya un desmonte real del paramilitarismo porque somos del concepto de que no se trata de grupos criminales ni crimen organizado: Urabá está en presencia de un rebrote del paramilitarismo y las autoridades están haciendo caso omiso de esta situación”.