Víctimas de familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia exigen participación efectiva en la JEP

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En desarrollo de la audiencia pública realizada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP – bajo la dirección del magistrado Gustavo Salazar se recibió la versión voluntaria del General (r) Iván Ramírez Quintero dentro del caso 006 por los crímenes cometidos contra integrantes del partido Unión Patriótica. La representación de los familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, – desaparecido forzadamente durante la retoma del Palacio de Justicia desde noviembre de 1985 – expuso lo siguiente.

Que el día 11 de agosto de 2022, el Despacho del Magistrado Salazar realizó dos comunicaciones, en la primera instó a las tres representaciones judiciales de las víctimas de los hechos del Palacio de Justicia para nombrar un solo vocero. Es relevante indicar que en comunicaciones previas se les había informado a las partes que dentro del caso 006 habría el mismo número de representantes de víctimas que defensores presentados por el compareciente. De igual manera que, en virtud de la decisión de la Sección de Apelaciones de la – JEP -, se rechazaría el sometimiento del General (r) Iván Ramírez Quintero en relación a los hechos de Palacio de Justicia, y que la participación de las víctimas se mantendría, pero sin la posibilidad de hacer preguntas.

De igual manera, el jueves 11 de agosto gracias a un medio masivo de comunicación, los representantes de víctimas obtuvimos copia del auto 1195 de 2022 expedido por la Sección de Apelaciones de la JEP, en la que se decidió; NO ACEPTAR EL SOMETIMIENTO en la – JEP – del General (r) Iván Ramírez Quintero por los presuntos delitos cometidos con ocasión de la retoma militar del Palacio de Justicia, acaecida el 6 y 7 de noviembre de 1985, en particular el proceso penal por desaparición forzada agravada…Esa decisión implica el retorno inmediato del caso a la justicia penal ordinaria para que continúe con el trámite célere y prioritario de los procesos adelantados en contra de RAMÍREZ QUINTERO. Lo anterior sin perjuicio de que pueda ser convocado con posterioridad por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad como máximo responsable, en el evento en que esa Sala priorice un macrocaso por los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia

Gracias a los recursos presentados por la familia Rodríguez Cabrera y sus representantes judiciales, se pudo evidenciar que; Jesús Armando Arias Cabrales, Iván Ramírez Quintero, Oscar William Vásquez, Bernardo Garzón Garzón y Gustavo Arévalo Moreno, condenados unos y procesados otros por los crímenes cometidos en la retoma del Palacio de Justicia, han incumplido sus obligaciones con este sistema de justicia, evidenciando como la – JEP – ha quebrantado su obligación de vigilancia y cumplimiento de los beneficios otorgados permitiendo que pasen años sin que se materialice aporte alguno a la verdad, dejando por el piso una lucha de 36 años emprendida por las víctimas para alcanzar justicia como estas lo han manifestado en diversas oportunidades, siendo contundentes en que la participación pasiva de las víctimas como lo pretende la – JEP -, es la negación de la centralidad tantas veces expresada por este mecanismo, entorpeciendo la participación efectiva y los derechos que ella conlleva.

Es de recalcar que la diligencia inició con preguntas expresas y directas sobre la relación o conocimiento del General (r) Iván Ramírez Quintero de acciones de inteligencia militar orientadas a la persecución de civiles mediante actividades de inteligencia ilegal, la actuación conjunta del Ejército Nacional con organizaciones ligadas al narcotráfico y el paramilitarismo, relato que las víctimas de los desaparecidos del Palacio de Justicia ya han escuchado desde hace 17 años, cuando fue vinculado el ex comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia – COICI del Ejército Nacional. Finalmente, la representación de las víctimas solicitó retirarse de la diligencia dejando por sentada la preocupación por la práctica que ha asumido la Sección de Apelaciones de la – JEP – al priorizar que las decisiones sobre el caso del Palacio de Justicia sean objeto comunicados de prensa y boom mediático, sin antes notificar a las víctimas e interesados, situación corroborada por el Ministerio Público y la defensa técnica del General (r) Iván Ramírez Quintero.

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