Por: Nicolás Achury González y Mónica Rivera Rueda | El Espectador
Los proyectiles que recuperaron de los cadáveres de cuatro víctimas fueron disparados con armas de la fuerza pública. Además, tras revisar el arsenal que usó la Policía esa noche, se verificó que faltaban 300 municiones en Suba y 70 en Usaquén.
Lo que ocurrió en la noche del 9 de septiembre de 2020 no tiene precedente en la historia reciente de Bogotá. El estallido social, que se desencadenó por el abuso policial que se cometió un día antes contra Javier Ordóñez, no solo dejó CAI vandalizados y cerca de 300 heridos (75 fueron por arma de fuego), sino un trágico saldo de diez personas asesinadas en la capital y tres más en Soacha.
A un año de los hechos, el caso de Javier Ordóñez quedó en la justicia ordinaria y tras aceptar cargos, el policía Juan Camilo Lloreda (uno de los dos uniformados implicados en el asesinato) fue condenado a veinte años de prisión. No obstante, en el resto de los casos los procesos no han avanzado tan rápido y tan solo en cuatro se han imputado cargos a uniformados, que podrían estar relacionados con dichos crímenes.
Las pruebas centrales son los informes de balística que realizaron peritos de la Fiscalía con las balas que se pudieron recuperar. Con esto, se estableció que los disparos fueron realizados con las armas de dotación de tres uniformados que se encontraban en Verbenal (Usaquén), Aures y Rincón (Suba).
Entre estos está el caso de Germán Puentes, quien recibió un disparo en el tórax. Su familia señala que no tenía nada que ver con las manifestaciones y, en cambio, se dirigía del trabajo a su casa cuando se encontró de frente a los uniformados que dispararon para dispersar a los manifestantes. El señalado es el patrullero Andrés Eduardo Díaz, de 21 años, quien esa noche habría usado 21 cartuchos del armamento que le asignaron.
Otro de los casos es el de Angie Paola Baquero, quien recibió un disparo en el abdomen. Según su pareja, Cindy Contreras, ellas salieron a comprar comida y se encontraron con una turba y policías, en el CAI de Aures, que disparaban desde los árboles. Tras la investigación, se determinó que la bala que encontraron en el cuerpo de la víctima salió del arma de dotación del patrullero Jorge Andrés Lasso, de 31 años, quien solicitó que su caso lo asuma la Justicia Penal Militar.
Por último, están los asesinatos de Jaider Fonseca, de 17 años, y Andrés Felipe Rodríguez, de 23, quienes resultaron heridos de muerte en la misma balacera que se presentó casi a las 8:00 p.m. en Verbenal. Como lo reconstruyó La Silla Vacía, los videos demuestran que mientras dos uniformados accionaron extintores, al menos otros tres policías dispararon contra los manifestantes.
En ese mismo momento cayeron los dos jóvenes. “Se tiene que el patrullero John Antonio Gutiérrez, presuntamente, accionó su arma de dotación oficial e impactó cuatro veces a Jaider Fonseca, cuerpo del que recuperaron dos proyectiles, con la posibilidad de ser cotejados, y a Andrés Rodríguez, cuerpo del que se recuperó un proyectil. En ambos casos coinciden con el arma del patrullero Gutiérrez”, indica María Alejandra Garzón, integrante de la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos DH Colombia, quien lleva los dos procesos.
Aunque en los cuatro casos ya se realizó la imputación de cargos, no se han iniciado los juicios formalmente, ya que dos de los uniformados solicitaron que los procesos continuaran en la Justicia Penal Militar. Así mismo, los abogados señalan que es importante que se vincule a la cadena de mando, ante la teoría de que lo que pasó en la noche del 9S se trató de una acción coordinada. “En todas las localidades de Bogotá el patrón fue que la Policía llegaba sin identificación, ocultaba su número de individualización y accionó de manera directa las armas de fuego en contra de la multitud. Fue sistemático y generalizado en Bogotá: trece jóvenes asesinados con un mismo modus operandi. Fue una masacre”, agrega Garzón.
Por su parte, la abogada Jéniffer Rodríguez, quien lleva el caso de Baquero, resalta que al lento accionar de la justicia se suman actos en los que evidenciaría una posible obstrucción de las investigaciones. “Al verificar los informes del armerillo de esa noche, que los policías presentaron ante la estación de Suba, se ve cómo indican: ‘Gasté munición en mi defensa’ y presentan casi que la misma carta copiada, solo cambiaban el nombre y el número de proyectiles, pero muchos decían: ‘Extravié 21 proyectiles… extravié un proveedor con 15 proyectiles’. Al sumar todas estas novedades de gastos de munición, nosotros concluimos que, en total, hubo más de 300 detonaciones esa noche solo en Suba”.
En el resto de los casos se teme que haya impunidad. Además de que no se han establecidos vínculos de cuáles pudieron haber sido los responsables, las abogadas indican que desde la Fiscalía tampoco se han reconstruido los hechos, como ya lo han hecho algunos medios y las únicas pruebas que en este momento sostienen las investigaciones son las de balística en cuatro de los diez casos que ocurrieron en Bogotá, en los que pudieron recuperar las balas. Además, “aquellas familias en donde en sus casos la Fiscalía logró determinar la coincidencia del proyectil con el arma de fuego han recibido amenazas y hostigamientos”, asegura Garzón.
A la espera del avance en los procesos, los uniformados implicados continúan en libertad, debido a que la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento. Solo uno de ellos tiene medidas preventivas, consistente en la prohibición de acompañar manifestaciones, lo que, según las abogadas, no se ha verificado. Por lo pronto, las familias preparan actos conmemorativos para este 9 de septiembre, en el que, además el Distrito hará una ceremonia y la entrega de uno de los informes de lo ocurrido, mientras que en las calles se prevén actividades en los lugares donde hubo víctimas fatales.
Fuente: El Espectador