Imputación de cargos a patrulleros que asesinaron a cuatro personas en la masacre perpetrada por la policía el 9 de septiembre y obligación de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de la línea de mando

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Por: dhColombia

Bogotá, 4 de enero de 2021 – Ante el asesinato cometido por la policía del ciudadano Javier Ordoñez,  el 9 de septiembre de 2020, cientos de personas salieron a las calles  y se  manifestaron frente a los CAI, en contra del abuso y la brutalidad policial.  La Policía Metropolitana de Bogotá, en un acto de barbarie arremetió contra los allí presentes, respondió con disparos, ejecutando una masacre en contra de 13 jóvenes, dejando más de 100 heridos por impacto de arma de fuego, y muchos otros lesionados a golpes y torturados en inmediaciones de los CAI.

La Fiscalía General de la Nación anunció el día de hoy, la realización de audiencia de imputación de cargos para el día 18 de enero de 2021, en contra de tres policías involucrados en la muerte de Jaider Fonseca Castillo, Andrés Ramírez, Angie Paola Baquero y German Puentes Valero.

Dichas imputaciones, son un avance importante y se dan como consecuencia del recaudo de elementos materiales probatorios y evidencia física, entre ellos los dictámenes periciales de balística, que concluyen que los proyectiles encontrados en el cuerpo de las víctimas, coinciden con armas de dotación oficial de la Policía Nacional.

Es fundamental que la Fiscalía General de la Nación, centre sus esfuerzos en la investigación de la línea de mando que estuvo detrás de esta masacre, no son manzanas podridas, como lo ha querido dejar ver el gobierno,  este crimen se cometió de manera planeada, sistemática y generalizada, que se materializó en la ejecución extrajudicial de estos jóvenes y los intentos de homicidio perpetrado en contra de los sobrevivientes a esta masacre, quienes se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta y a la manifestación pública.

Solicitamos que la Fiscalía General de la Nación tenga un diálogo constante y directo con los familiares de las víctimas y sus abogados/as, pues pasados 4 meses y luego de diversos intentos para establecer comunicación con los/as fiscales, a las víctimas y sus representantes no se les ha permitido  acceso directo al expediente de la investigación,  tampoco conocen el marco fáctico y probatorio que será el sustento para la imputación de cargos de los policías, una muestra de ello es que se tiene conocimiento de la diligencia de imputación una vez la Fiscalía realiza el comunicado público en su página oficial, sin que antes existiera una comunicación directa y expresa hacia los familiares o sus abogados/as, situación que afecta la participación y el acceso efectivo a la administración de justicia.    

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