Las prácticas de una multinacional italiana en Huila, Colombia, ejemplifican cómo se utiliza cada vez más la criminalización de los activistas para acabar con la disidencia y la participación democrática real. English
“La estrategia de Emgesa es parar la resistencia, porque ahora todo el departamento (del Huila) se está levantando en contra de todas la represas, en contra del fracking” .
Miller Dussán
Miller Dussán es un carismático y muy respetado académico y líder comunitario colombiano. Sin embargo, el 6 de febrero de 2017, este dirigente de 67 años de edad y padre de dos hijos, debe presentarse ante un tribunal para enfrentarse a uno de los dos procesos legales, que sumados podrían derivar en su encarcelamiento por 12 años. Los supuestos crímenes por los que se acusa a Miller provienen de la defensa comprometida del principal cauce de agua en Colombia ubicado en su región natal, el departamento de Huila, y de los medios de subsistencia de aquellos que dependen de este cauce. Su acusador, EMGESA, es la filial local de la gigante multinacional de energía italiana, ENEL.
EMGESA es la empresa operadora del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, al que Dussán, junto con las comunidades locales del departamento del Huila, han resistido incansablemente durante casi una década. Es claro para aquellos que luchan que los procesos judiciales son una poderosa arma que la corporación está utilizando para tratar de romper esta resistencia.
Ahora, en lugar de dedicar su energía y recursos a la organización comunitaria, Dussán pasa la mayor parte de su tiempo defendiendo su nombre y reputación en los medios de comunicación públicos y en los tribunales de Colombia.
La historia de la represa de El Quimbo y lo que le está sucediendo a Dussán es una historia cada vez más común en toda América Latina y en otros lugares, en donde las corporaciones y los gobiernos reprimen la disidencia criminalizando la protesta social. Esto es otro ejemplo de cómo el poder corporativo intenta sobreponerse al poder de la gente, utilizando la criminalización como una táctica – de entre muchas otras – para acabar con la disidencia y la participación democrática real de la población.
La represa de El Quimbo – una breve historia.
Inicialmente los planes para la represa hidroeléctrica de El Quimbo se vinieron abajo en 1997, debido a una serie de preocupaciones ambientales, económicas y técnicas. Se consideró que los impactos de represar el caudal del río Magdalena, la vía navegable más importante de Colombia, eran demasiado altos, pues los estudios indicaban que se desplazarían y destruirían los medios de subsistencia de los agricultores y pescadores de la zona, poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la región. Sin embargo, diez años más tarde, como si se tratara de una película de zombies, el proyecto de la represa de El Quimbo fue resucitado y viabilizado forzosamente por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. No obstante, han sido tan numerosas y evidentes las excepciones que se han concedido a favor de EMGESA, que hasta ahora todavía sigue en duda la legalidad de la mega-represa.
Para el año 2012, los graves impactos previstos de la construcción de la represa se estaban convirtiendo en realidad. Fue tanto así que una coalición de residentes y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de algunos organismos gubernamentales, declaró una crisis humanitaria en el Huila. Casi 1.500 personas habían sido desalojadas para dar paso a la represa, muchas por la fuerza y sin recurrir a compensación. El proyecto ha destruido miles de hectáreas de las tierras más ricas para la agricultura de la región y ha llevado a las familias a una situación de vulnerabilidad económica e inseguridad alimentaria.
En términos ambientales, el daño es sencillamente devastador. El proyecto no solo inunda parte de una Reserva Amazónica, sino también significa un desastre climático. El incumplimiento por parte de Emgesa de las regulaciones para retirar la biomasa del interior del embalse lo ha convertido en una bomba de tiempo de metano debido a la descomposición de la vegetación que quedó bajo el agua. El metano, como gas de efecto invernadero (GEI), es 86 veces más potente que el dióxido de carbono en el corto plazo.
Siguiendo un clásico comportamiento corporativo, el programa de radio y el periódico difundidos localmente por EMGESA, pintan un cuadro muy diferente de El Quimbo, prometiendo grandes mejoras en el bienestar de la población a través de la provisión de energía a la red nacional. Sin embargo, no se tiene que indagar mucho en los hechos para entender que el propósito del proyecto nunca fue servir a la población. Colombia ya genera más energía de la que consume, y la visión de «desarrollo» del Presidente Santos depende de la expansión del extractivismo. En lugar de conectar a más familias a la red, la energía de El Quimbo está destinada a satisfacer las demandas energéticas tanto del mercado de exportación como de nuevos proyectos de minería y fracking (explotación de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica) en el país. Aunque los grandes proyectos hidroeléctricos a menudo se venden como energía limpia y verde, esto es peligrosamente engañoso cuando sus verdaderos beneficiarios son multinacionales extractivistas como Drummond, Pacific Rubiales y Anglogold Ashanti.
Resistencia local
Los marcos nacionales diseñados para defender los derechos humanos, incluyendo la propia Constitución de Colombia, han fallado de manera sistemática a la hora de proteger a los que viven bajo la sombra de la mega-represa. Los acuerdos internacionales, como los ratificados por Colombia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas, tampoco sirvieron de nada frente a los intereses privados de ENEL. Dado el fracaso de las salvaguardas nacionales e internacionales, las comunidades locales no tuvieron más remedio que ejercer sus derechos democráticos mediante la organización local. La Asociación de los Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo (ASOQUIMBO) es una organización creada en 2009 y formada por campesinos, pescadores, académicos, trabajadores y familias locales. De acuerdo a Elsa Ardilla, ex presidenta de la asociación, las comunidades no tuvieron más remedio que actuar cuando se puso en evidencia de que los procesos de «consulta» eran una mera formalidad, y que no estaban diseñados realmente para tener en cuenta la opinión de la población local. Ardilla, al igual que Dussán, enfrenta cargos criminales impulsados por EMGESA.
Durante los últimos tres años, ASOQUIMBO ha combinado tácticas de acción directa, como movilizaciones públicas y huelgas regionales, además de otras iniciativas con enfoques más institucionales, incluyendo una intervención en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de esta oposición, la represa de El Quimbo comenzó a inundar las tierras agrícolas más ricas de la región en junio de 2015, y comenzó a generar su lucrativa producción de energía en noviembre de 2015, con un atraso de un año y medio y 256 millones de dólares por encima del presupuesto original.
Aunque ASOQUIMBO no ha logrado bloquear la construcción de la represa, ha tenido éxito en la movilización de amplios sectores sociales contra nuevos proyectos extractivos en la región. Este esfuerzo ha logrado numerosos éxitos, incluyendo la elección de un candidato opositor a la construcción de nuevas represas como nuevo gobernador del Departamento de Huila en las elecciones regionales de finales de 2015. También se ha creado una Mesa sobre Ambiente, Agua y Territorio, con el fin de replantear la política minero energética en favor de la región, que no afecte medio ambiente.
Miller Dussán ha estado a la vanguardia de este esfuerzo. Ha sido portavoz, presidente y uno de los impulsores de ASOQUIMBO desde su creación en 2009. Pero este éxito en la organización local le está costando un alto precio. Junto a Elsa Ardilla, Miller Dussán enfrenta cargos que pueden llevarlo a prisión durante 4 años. Según Dussán, estos cargos se remontan a una movilización llevada adelante en enero de 2012, y que fue organizada por una amplia gama de sectores sociales de la región afectada -no sólo ASOQUIMBO- para protestar por los daños causados en un puente local por parte de EMGESA.
Dussán también se enfrenta a un segundo proceso, supuestamente por ser autor intelectual de promover invasiones de tierras en localidades de EMGESA, un cargo que lleva una sentencia de hasta de 8 años. Según la defensa de Dussán, estos cargos se remiten a las ocupaciones de las propias tierras por parte de comunidades campesinas en 2013, como parte de una protesta en contra del desplazamiento forzado y con el fin de exigir una justa compensación de la corporación.
Esta posibilidad de ser condenado – sumando los dos procesos – a una pena de hasta doce años de prisión, significan una dura amenaza en contra Miller Dussán y por consiguiente en contra de ASOQUIMBO.
Criminalización de la protesta social como estrategia corporativa
La persecución de EMGESA a Dussán por medio de los tribunales está provocando en él y en su familia altos niveles de estrés y preocupación personal. Sin embargo, el líder de la resistencia tiene claro de que esto va mucho más allá de él. “La estrategia de EMGESA es parar la resistencia, porque ahora se está levantando todo el departamento (del Huila) en contra de todas la represas, en contra del fracking”, afirma.
En efecto, cada vez más personas en toda la región están relacionando cada uno de los megaproyectos individuales con el modelo extractivista general del que forman parte. Además de las protestas territoriales en contra de la represa de El Quimbo, se han producido varias movilizaciones regionales y jornadas de acción en contra de otros proyectos extractivos, como la minería y el fracking, siendo una de las más grandes una reciente movilización llevada adelante el 2016, y que contó con la participación de más de 8000 personas en Pitalito Garzón y Neiva, Huila.
El abogado de Dussán, Germán Romero, también considera que la criminalización de la protesta social es una estrategia diseñada deliberante para acallar la resistencia. De acuerdo a Romero “En Colombia existe una práctica recurrente de las empresas […] que se asocian directamente con grupos de abogados poderosos y con sectores de poder tanto político como económico […] que buscan afectar directamente el trabajo de liderazgo social de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos. Tratan de romper las organizaciones […] fundamentalmente es una estrategia de terror, de miedo y de represión , y en Colombia las empresas han ido cada vez más lejos, cuando se sienten acorraladas y presionadas por parte de los liderazgos sociales y de defensa de los derechos humanos.”
El alcance del efecto paralizante sobre la protesta social tiene matices particulares en el contexto de Colombia, un país con una de las tasas de desplazamiento interno y asesinatos de defensores medioambientales más altas del mundo. Los riesgos para los líderes sociales prominentes van mucho más allá de los ataques a su reputación pública, o incluso a su libertad. Elevar el perfil público de estos líderes, y asociarlos con la criminalidad y la delincuencia, también implica riesgos a su seguridad. Según el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, 57 líderes sociales fueron asesinados entre enero y noviembre de 2016 en Colombia. Esa es una tasa de más de un asesinato por semana. Muchas de las víctimas eran líderes sociales que defendían sus territorios de los proyectos extractivos.
Dussán ha planteado estas cuestiones en una entrevista. «Todo esto tiene consecuencias aquí en Colombia para la seguridad personal. La gente empieza a decir que eres un criminal. Si alguien decidiera matarme, la gente diría que lo mataron porque era un criminal”, afirma.
A pesar de los peligros, la sociedad civil en el departamento de Huila ha tomado una posición firme en apoyo a Dussán. Instituciones que van desde el consejo del Municipio de Neiva hasta la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU-HUILA) de la Universidad del Sur de Colombia se han manifestado públicamente en su defensa, pidiendo que se detengan los “cargos injustos e irregulares que se están imputando en contra de él por la multinacional EMGESA”.
Justicia verdadera: Responsabilizar a las empresas transnacionales
Aunque las luchas en defensa del territorio y el clima se dan dentro de las comunidades, éstas están lejos de ser «locales». La lucha de ASOQUIMBO en Colombia, la del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al que pertenecía Berta Cáceres, y muchas otras, representan el frente de la resistencia hacia una incursión internacional que busca saquear los recursos en América Latina y el Sur Global. Los actores corporativos que dirigen este asalto están causando daños irreparables en las culturas, ecosistemas y en el clima. Los beneficios de estas incursiones -los minerales, los cultivos, la apropiación de la tierra y el agua, los combustibles fósiles- sirven para financiar los estilos de vida y de consumo suntuosos de una minoría enriquecida en el mundo, que contrastan con el de las personas que resisten a dichos asaltos.
El 6 de febrero, Miller Dussán y Elsa Ardilla volverán al banquillo para enfrentarse a los cargos de ENEL-EMGESA. Su libertad y seguridad personal están en juego como resultado de estos intentos por reprimir su trabajo en defensa de sus comunidades.
El caso de Dussán ilustra claramente el desequilibrio de poder en las luchas por la tierra y la justicia ambiental. También nos muestran dos importantes roles que la solidaridad internacional puede asumir.
La primera es profundizar nuestra comprensión colectiva de la persecución judicial y la criminalización de la protesta como una de las muchas estrategias corporativas que están siendo utilizadas para socavar la resistencia de las comunidades. En las propias palabras de Dussán «si me meten en prisión, otros van a dejar de salir a protestar».
La segunda es llevar las luchas de las comunidades locales a los lugares en donde se encuentra el poder de quienes más se benefician. La distancia y el anonimato son factores que permiten a corporaciones como ENEL disociarse de estos casos y mostrarse como corporaciones responsables en sus países de origen. En ese sentido, un papel esencial que debe jugar la solidaridad internacional es el de cerrar esa brecha y eliminar el anonimato de las corporaciones.
Para empezar, los nombres de aquellas personas que están siendo perseguidas mediante procesos judiciales en tribunales y cuya sangre está siendo derramada por la incesante búsqueda de materias primas baratas por parte de las multinacionales, tienen que ser confrontados públicamente a los directores corporativos, como Francesco Starace de ENEL.
Artículo traducido del inglés al español por Aldo Orellana López.
Fuente: https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/philippa-de-boissi-re-thomas-mc-donagh/persecuci-n-y-represi-n-de-defensores-ambie