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La burla de la fuerza pública al sistema de justicia y a las víctimas del estallido social.
La Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – dhColombia – junto con el abogado defensor de derechos humanos Jorge Molano, y familiares de Cristian David, manifestamos nuestra preocupación y rechazo por esta serie de declaraciones por parte de la Policía Nacional, involucrada en graves violaciones a los derechos humanos que lo único que hacen es revictimizar a la familia, perpetuar la impunidad y el aparato criminal al interior de la fuerza pública.
Nuevamente aplazada audiencia de solicitud de pruebas por masacre en Cali.
El aplazamiento de la diligencia judicial se efectuó, de nuevo, como resultado de maniobras dilatorias por parte de la defensa de los miembros de la Policía Nacional, quienes afirmaron no contar con todos los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, sujetos a descubrimiento, específicamente dos archivos que se pusieron a disposición por parte de la Fiscalía, pero al estar en formato Blu Ray, no fueron recaudados por los abogados.
36 años de lucha para exhumar la verdad
El 5 de febrero de 1987, integrantes del Batallón García Rovira del Ejército Nacional, irrumpieron violentamente en la vereda Piedra Azul del municipio Cerrito, departamento de Santander, arribaron a la tienda de propiedad de la familia de Irma Vera Peña y su esposo Delfin Torres, donde retuvieron de manera ilegal a 18 campesinos los cuales fueron sometidos a torturas, vejámenes, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Crímenes de la fuerza pública bajo el beneficio de la justicia colombiana.
Es claro que la ejecución extrajudicial de Cristian David, cometida por el patrullero del ESMAD Gonzalo Moreno Gordillo, fue efectuada intencionalmente por parte del patrullero que aprovechó de las circunstancias de indefensión en que este se encontraba el joven y la corta distancia, para así, con total alevosía, disparar el gas lacrimógeno en dirección al cuerpo, teniendo como único propósito el de asesinarlo.
Desplazamiento masivo de las comunidades de Barranconcito, Las Brisas y San Agustín en el departamento del Chocó.
De acuerdo al comunicado, son por lo menos 357 nuevas personas las que se han desplazado las cuales se suman a las 1500 que ya lo habían hecho en los últimos meses.
Juicio oral contra ex patrullero de la policía nacional por masacre del 9 septiembre de 2020
“en todo caso nunca sería proporcional la letalidad o el daño que produce una piedra con el accionar de un arma de fuego” y en ese sentido, determina que finalmente, quien tiene la competencia para conocer y adelantar el proceso penal de la investigación por los homicidios de Jaider y Andrés es la jurisdicción ordinaria.
Desplazamiento forzado masivo y confinamiento en comunidades negras de Nóvita y Sipí
En comunicado público dado a conocer el día de hoy 26 de mayo, las comunidades negras de Nóvita y Sipí que hacen parte del Consejo Comunitario General del San Juan –ACADESAN – denuncian que, como consecuencia de la situación de confrontación armada, que se vive en la región, las comunidades negras de Cajón, Torrá, y Santa Bárbara (municipio de Nóvita), así como de Charco Largo, Barrancón, y Charco Hondo en el municipio de Sipí, se encuentran en situación de confinamiento y desplazamiento forzado.
Comunicado de los familiares de víctimas de Palacio de Justicia a la JEP
La decisión de no presentarnos a esta audiencia se genera después de vernos sometidos, nuevamente, a la ignominia de agentes estatales, violadores de derechos humanos, que hoy, después de casi 38 años, insisten en desaparecer asiduamente a nuestros familiares ya desaparecidos y asesinados a sangre fría, desaparecer sus memorias, su dignidad y nuestra lucha por encontrar una verdad que hemos construido a pedazos, suplicando continuamente a las entidades judiciales el no mantener en la impunidad estos hechos cruentos y aberrantes.