Por: Amnistía Internacional
Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo agresiones, amenazas y hostigamiento a causa de su labor; quienes defendían la tierra, el territorio y el medioambiente corrían especial peligro. Persistían los asesinatos y amenazas contra excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Continuaron los ataques contra los medios de comunicación y su personal, lo que amenazaba la libertad de expresión. Se denunció el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de autoridades del Estado. Líderes y lideresas y defensores y defensoras indígenas fueron objeto de agresiones y asesinatos y, en zonas del país donde aún había grupos armados de oposición en activo, las comunidades indígenas y afrodescendientes sufrieron desplazamiento forzado y, en algunos casos, afrontaron crisis humanitarias. El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición reconoció que se habían cometido actos de violencia reproductiva durante los decenios que había durado el conflicto armado (1964-2016). Varios exmilitares, civiles y excomandantes de las FARC-EP fueron acusados formalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto. Se despenalizó el aborto. Continuaron las agresiones contra las personas LGBTI. Persistía la violencia de género, y las personas sobrevivientes seguían teniendo dificultades para acceder a justicia, verdad y reparación. Las refugiadas venezolanas sufrían violencia y discriminación basadas en la nacionalidad y el género.